Toma de Quilpué: La historia de Valentina Correa, la hija del propietario asesinado por un sicario

Valentina Correa, hija del empresario asesinado en 2020, se ha transformado en vocera de su familia y en una voz importante en el tema de las usurpaciones urbanas. Trabajó en Etiopía en comunidades rurales. Es socióloga y estudió un máster en políticas públicas en Londres. Mañana comienza la demolición de las casas de la toma.

El crimen. Su vida cambió en mayo de 2020, cuando su padre, el ingeniero Alejandro Correa fue asesinado por dos tiros de un sicario colombiano, contratado por Renato López, quien alentó la toma de los terrenos del empresario en Quilpué.

• “La mafia y el crimen organizado que existe tras esta toma es enorme, incluso muchas inmobiliarias no saben lo que ocurre allí y el negocio oscuro que existe con los basurales ilegales. El Estado nos ha fallado, tienen las herramientas para hacer el desalojo, para hacer una demolición, pero no existe la voluntad política, el coraje o el conocimiento técnico y se han pasado la pelota de unos a otros”, dijo Valentina Correa en 2022.
• Ella a veces aparece en los medios, en otros momentos prefiere no ser protagonista. Desde el homicidio escribe un diario, que ha sido una especie de terapia.
• “Un sicario mató a mi padre, pero este texto no es una crónica policial ni una de autoayuda para vivir el duelo. Es un texto sobre cómo la reflexión, la intelectualización u observación de una vivencia traumática, me devolvió la vida, a mí que amo la vida. También tiene que ver con estampar mi experiencia de la muerte de mi papá en otro lugar, más allá de las fotos y de las conversaciones. Terminar el manuscrito es dejarlo partir una vez más, es dejarlo morir y transformarse”, dice el texto.

Juicio por sicariato. Fue directora de la Fundación para la Confianza. De hecho su primer abogado fue Juan Pablo Hermosilla. Luego contrataron a Jeannette Bruna, experta en temas de vivienda y urbanismo. Quienes la conocen dicen que no busca una estatua en honor a su padre ni un parque en los terrenos. Solo que se haga justicia.

• Estudió una maestría en políticas públicas en la LSE. Antes de eso, fue jefa de asuntos internacionales del Gobierno de Santiago (2023-2024).
• Su padre tenía 60 años cuando murió frente a su casa en Concón. Veinticuatro años antes había comprado terrenos en el sector Calichero de Quilpué.
• En 2017, Renato López instaló al lado de ese terreno una empresa de relleno y ocupó dos de las hectáreas de Correa. El empresario junto a su hija Valentina redactó una denuncia que envió el 17 de mayo. Tres días después fue asesinado.
• Valentina Correa primero lideró una batalla judicial por aclarar el sicariato, que generó conmoción porque se trataba de un delito poco común en Chile. En abril de 2022, condenaron a López a 20 años y al sicario colombiano a 28 años.
• “Me ayudó mucho leer la sentencia y ver que en un 99% tiene que ver en cómo yo creo que sucedieron las cosas”, dijo la joven en El País.
• “Y tener esa sintonía, concordar entre lo que tú crees que pasó y lo que la justicia cree que pasó, es cuando se vuelve a unir el pacto social. Este pacto implícito sobre que tú, Estado, me provees la seguridad, que esto te pasó, que esto no te debería haber pasado y que este es el castigo por lo ocurrido. Y eso constituye unas confianzas implícitas que yo no sabía que eran tan necesarias”.
• “Yo hago el símil con los detenidos desaparecidos, y no sé cómo estaría hoy si los asesinos de mi papá estuviesen libres y que si yo no tuviera bien claro qué es lo que pasó, no sabría cómo reinsertarme en esta vorágine social. Probablemente, mi historia sería muy distinta”.

El otro juicio. El conflicto judicial para recuperar los terrenos ha sido tortuoso para la familia. En agosto del año pasado, la corte de apelaciones de Valparaíso ordenó concretar la demolición. Pero pasaron meses y no hubo novedades.

• La familia y la abogada llegaron a un acuerdo de no aparecer en los medios, para no “revictimizar” a sus integrantes.
• Sin embargo, Valentina Correa rompió el silencio con una carta a El Mercurio: “Le recuerdo al Gobierno que en mayo de 2020, un reconocido narcotraficante de la zona mandó a asesinar a mi padre para apropiarse de ese terreno y levantar allí un asentamiento irregular junto a otros negocios ilícitos. Hoy ese criminal cumple una larga condena, pero el terreno sigue ocupado, mientras el Ejecutivo continúa sin cumplir la orden judicial”.
• Criticó que “han pasado cinco años marcados por una cadena interminable de promesas incumplidas por parte de ministros, subsecretarios, gobernadores y consejeros regionales”.
• Finalmente, se ordenó la demolición para esta semana. Hoy algunas familias decidieron irse; se calcula que un 30%.
• Cercanos al caso asegura que los asesores de los pobladores van a insistir en que se queden. Pero la instrucción, conforme a la reunión de coordinación del viernes, es clara:  mañana martes las máquinas pasan desde las seis y media de la mañana para demoler y por lo tanto no debe haber nadie allí.

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