Constitucionalización e intelectualización de la seguridad pública. Por Kenneth Bunker

Si el gobierno hubiera reconocido desde el principio que la seguridad también puede ser un derecho, hoy no estaría atrapado entre decretos y discursos. Pero porque eligió negarla y minimizarla, hoy la debe constitucionalizar e intelectualizar, tratando el problema como una discusión teórica más que como una urgencia ciudadana.

Esta semana, el Presidente Gabriel Boric viajó al norte para anunciar nuevas medidas en la frontera. Lo hizo flanqueado por uniformados, prometiendo endurecer el control migratorio y el combate al crimen organizado. Es, si nada más, curioso.

Cuando llegó a La Moneda, rechazaba la idea de que Chile viviera una crisis de seguridad. Ahora, a meses de dejarla, la seguridad se ha vuelto prioridad. Si en agosto de 2022 decía que quienes hablaban de una escalada delictual estaban seleccionando datos para inventar un relato, en octubre de 2025 propone gobernar por decreto para resolver el problema. La paradoja se cuenta sola: el presidente que negó la crisis quiere resolverla con las herramientas de la misma Constitución que antes criticaba.

La escena tiene algo de tragicómico. En su intento por parecer decidido, Boric termina confirmando lo que negó: que la inseguridad no era una invención, sino una amenaza real. Si ahora necesita recurrir a medidas de excepción, es porque el Estado no logró responder con las herramientas ordinarias. Pero la pregunta es otra: por qué actuar tan tarde. Qué cambió para que descubra la urgencia en el minuto final de su gobierno. Una posibilidad es que el cambio no venga del diagnóstico, sino del miedo a cerrar el ciclo con la sensación de fracaso.

Así, el giro del Presidente refleja una constante en la izquierda chilena: la tendencia a despertar tarde frente a los temas que le incomodan. Durante tres años, la seguridad fue tratada como un asunto ajeno al ideario progresista. Se habló de Constitución, de derechos, de justicia. De casi todo, pero menos seguridad. Se le consideró una preocupación conservadora, un tema “de la derecha”. Pero cuando el sector se dio cuenta que el miedo también mueve votos, el progresismo descubre su valor. Pero no como convicción, sino como defensa.

En este contexto, las palabras de Carolina Tohá en Europa suenan más reveladoras que nunca.

En la School of International Affairs de Sciences Po, la excandidata presidencial del PPD dijo que la izquierda tiene “alergia” a las policías y al orden público. Lo dijo con tono de autocrítica, como quien reconoce una herencia ideológica difícil de superar. Pero lo curioso es que esa frase venga de ella. Porque fue ministra del Interior, responsable directa de la seguridad, del orden público y de las mismas policías a las que ahora atribuye desconfianza. Es decir, no hablaba desde la teoría, sino desde la práctica que dirigió. Y en esa práctica, la supuesta “alergia” se tradujo en improvisación, contradicciones y resultados mediocres.

Decir en Paris, o Londres donde estuvo después, que la izquierda debe reconciliarse con la ley y el orden puede sonar valiente, pero lo sería más si se hubiera dicho cuando estaba en La Moneda.

La escena tiene el mismo patrón que la del Presidente en Colchane. Ambos descubren el valor del orden cuando ya no tienen cómo ejercerlo. Ambos confiesan los errores cuando ya no pueden corregirlos. Y ambos convierten la autocrítica en una forma de supervivencia discursiva porque les conviene. Hablar desde fuera del poder siempre es más cómodo. Se puede sonar lúcido sin la necesidad de rendir cuentas. Pero la realidad es que las consecuencias ya están dibujadas: la gente ya no quiere escuchar más análisis sobre el miedo, y menos de quienes ostentan poder; quiere ver resultados.

El problema no es solo de coherencia personal, sino de identidad política. Durante décadas, la izquierda chilena se definió por desconfiar de la autoridad. Asociar la ley con abuso fue parte de su ADN. Esa desconfianza tenía razones históricas, pero se volvió un obstáculo cuando el país cambió.

Hoy, la demanda por seguridad atraviesa todas las clases y todas las sensibilidades, como oportunamente se sugirió en la minuta de respuesta de Jeannette Jara. Para la gente normal, que no vive de la política, no se trata de derecha o izquierda, sino de vivir en paz. Aun así, el progresismo insiste en intelectualizar la inseguridad, convirtiéndola en materia de seminarios y conferencias internacionales.

Cuando Tohá dice que hacer cumplir la ley no es de derecha, tiene razón. Pero su frase llega tarde, como la del Presidente que descubre la vulnerabilidad de la frontera en sus últimos meses de gobierno. Las dos cosas reflejan una crisis de sentido. La izquierda no sabe si quiere gobernar o explicar. Si quiere ejercer autoridad o seguir justificando su incomodidad con ella. El resultado es la misma política sin convicción que muestra la candidata del sector: medidas urgentes disfrazadas de reflexión y comisiones, que solo pueden reemplazar decisiones y dilatar resultados.

Quizás el fondo del asunto es ese: no se puede reivindicar el orden solo cuando se pierde el control del desorden. Boric y Tohá llegan al mismo punto desde caminos distintos, pero con el mismo desenlace. Reconocen el valor de la autoridad cuando ya no tienen autoridad. Hablan del peligro del miedo cuando ya gobierna el miedo. Y así, la izquierda chilena sigue atrapada en un concurso de autocríticas tardías e insuficientes.

Lo peor es que la historia pudo ser distinta. Si el gobierno hubiera reconocido desde el principio que la seguridad también puede ser un derecho, hoy no estaría atrapado entre decretos y discursos. Pero porque eligió negarla y minimizarla, hoy la debe constitucionalizar e intelectualizar, tratando el problema como una discusión teórica más que como una urgencia ciudadana. Claro, ahora, al final del mandato intenta recuperar algo de coherencia, pero es solo porque la seguridad se volvió la principal preocupación de las personas, influirá en la elección de noviembre y terminará definiendo, para bien o para mal, el legado del Presidente.

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