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2019: ¿para verdades, el tiempo? Por Sergio Muñoz Riveros

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Incendio del edificio de Enel durante el estallido social de 2019. Foto: Agencia UNO.

En 2019, nos enfrentamos a un golpismo de última generación, con máscara de rebeldía social, y que combinó el vandalismo en gran escala y las trapacerías parlamentarias. Que mucha gente haya salido a las calles sin malas intenciones y reclamando por diversas causas, no anula el sello antisocial y antidemocrático de lo ocurrido.


Un sondeo efectuado por El Mercurio y Black&White en torno a los hechos de octubre de 2019 ha permitido constatar un nítido cambio de la percepción ciudadana sobre lo ocurrido entonces. El 39,8% de los consultados consideró que fue “un movimiento manipulado políticamente desde el inicio”; el 24,5%, que fue “una manifestación social genuina”; el 24,1%, que “tuvo aspectos genuinos y luego fue manipulado políticamente”; y el 11,5%, que fue “un hecho de violencia injustificable”.

Al cabo de 6 años, da la impresión de que ciertos sentimientos se van abriendo paso sin el temor a la coacción que condicionó el comportamiento de mucha gente en aquellos días, cuando se levantó una agresiva animosidad hacia quienes expresaban dudas respecto de que las bombas incendiarias fueran el camino hacia la dignidad.

Vimos entonces las diversas conductas que emergen en situaciones de crisis, por ejemplo, la inhibición y la autocensura, las respuestas políticamente correctas para no despertar sospechas en los frenéticos, el discurso impostado en favor de la igualdad, la simulación rupturista, la aceptación del relato televisivo que absolvía anticipadamente a los grupos de choque de la Primera Línea y condenaba a los efectivos de Carabineros.

El cambio de percepción del 18/O no es consecuencia de ningún esfuerzo institucional para aportar mayores antecedentes o nuevos elementos de juicio. Desde luego, ningún partido político ha hecho esfuerzo alguno en tal sentido, ni ha mostrado interés porque el Estado investigue a fondo el origen de lo ocurrido.

En el caso de los partidos que gobernaban con el presidente Piñera, fue notoria en estos años la actitud de no darle muchas vueltas al asunto, quizás porque sus dirigentes no se sienten particularmente orgullosos respecto de cómo actuaron en los días en que su propio gobierno se tambaleaba.

En cuanto a los partidos que estaban en la oposición y que hoy gobiernan junto a Boric, hay que decir que mostraron hasta qué grado pueden llegar las miserias alentadas por el oportunismo político. Ni el PS, ni el Frente Amplio, ni el PPD, ni los radicales, ni la DC pueden lucir su conducta de entonces ni como mínima expresión de republicanismo. El PC es, obviamente, un capítulo aparte.

Se ha recordado que el 19 de octubre, pocas horas después del ataque al Metro y los primeros saqueos, el jefe del PC, el entonces diputado Guillermo Teillier, se refirió así a Piñera: “Si él está renunciando a gobernar (…) y se escuda tras los militares, si no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora”. ¿A qué plan respondía tal declaración? ¿Qué sabían los dirigentes comunistas que no sabía el resto de los chilenos?

Algo se puede deducir del fuego graneado en las redes de parte de los diputados del PC en contra de Carabineros, en un empeño coordinado por inhabilitarlos ante la sociedad. A ello, se agregó la campaña dirigida a mostrar ante el mundo que había surgido en Chile un nuevo dictador, contra el cual se justificaban “todas las formas de lucha”. Basta leer los editoriales de la prensa comunista en aquel período para entender que la cúpula del PC había decidido jugar todas o casi todas las cartas guardadas desde los tiempos de Pinochet.

Como se sabe, el PC no firmó el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 por la paz y la nueva Constitución. Estaba claramente en otra. El 19 de noviembre, los diputados Carmen Hertz y Daniel Núñez, junto a otros 9 diputados, presentaron la primera acusación constitucional contra Piñera, la que estuvo a punto de ser aprobada.

En 2019, nos enfrentamos a un golpismo de última generación, con máscara de rebeldía social, y que combinó el vandalismo en gran escala y las trapacerías parlamentarias. Que mucha gente haya salido a las calles sin malas intenciones y reclamando por diversas causas, no anula el sello antisocial y antidemocrático de lo ocurrido. Llegará el momento en que se acumularán las pruebas acerca de la oscura coalición que actuó entonces, y del decisivo papel jugado por la narcodictadura venezolana en nuestras desgracias.

¿Qué hemos aprendido? Que las libertades pueden ser usadas para socavar el pacto de civilización que es la democracia. Que se paga muy caro la indulgencia hacia quienes promueven la noción malévola de que el fin justifica los medios. Que es una manifestación de cinismo proclamar que se defienden los DD.HH. y, al mismo tiempo, propiciar el hundimiento del orden legal que constituye su soporte.  Que no sirve mirar hacia otro lado cuando están en juego los principios que hacen posible la vida en libertad. En fin, que cuando la democracia está en peligro, la obligación es resistir.

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