Casa de Allende: Lo que implica la decisión de Fiscalía de no perseverar en la investigación

La Fiscalía de Coquimbo decidió no perseverar con la investigación a la fallida compraventa de la casa de Allende, argumentando falta de antecedentes. La medida implica que la indagatoria puede reabrirse en caso de hallar nuevas pruebas. Entre las anomalías investigadas por los persecutores estaba el presunto tráfico de influencias atribuido a la destituida senadora Isabel Allende.

Por qué importa. Este lunes, la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por el fiscal Patricio Cooper, anunció al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la investigación por los presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

• “Reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, a la fecha no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”, argumentó el ente persecutor.
• La medida implica que la indagatoria, que comenzó de oficio el 8 de enero y se complementó al día siguiente con la denuncia del abogado Raimundo Palamara —ligado a Republicanos—, se cierra y queda archivada debido a la falta de pruebas.
• Sin embargo, puede reabrirse en cualquier momento en caso de que aparezcan nuevos antecedentes.
• Durante la investigación —informó la Fiscalía— se tomó declaración a 10 imputados, entre los que están la exsenadora Isabel Allende y el Presidente Gabriel Boric, además de 42 testimonios en calidad de testigos a funcionarios de la Presidencia, del Ministerios de Cultura, Segpres y Contraloría.

Anomalía constitucional. A fines de diciembre de 2024, el Gobierno —a través del Ministerio de Bienes Nacionales— compró la residencia del exmandatario ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, por UF 24.291, es decir, $933 millones. En ese momento, la casa era propiedad de la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y de Isabel Allende.

• La operación infringía la Constitución, que en su artículo 37 prescribe que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
• El 4 de abril, el Tribunal Constitucional decidió cesar a Allende de su cargo como senadora argumentando que la firma de la compraventa infringió la prohibición de los parlamentarios de celebrar contratos con el Estado, aunque no constituye un delito penal por sí mismo.
• Diversos testimonios en el expediente dan cuenta de que se alertó a Presidencia de las inhabilidades constitucionales.
• Sin embargo, el 11 de junio, Boric respondió a la comisión investigadora de la Cámara respecto de que “no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa”.

Tráfico de influencias. El 7 de enero, la PDI interceptó una conversación entre el exjefe del Segundo Piso de Boric, Miguel Crispi, y su madre, Claudia Serrano, exministra de Bachelet, en el marco del caso ProCultura. Según La Tercera, Serrano fue crítica a la manera en que el Gobierno gestionó la fallida operación.

• “¿Ella (Isabel Allende) lo pidió?”, preguntó. Crispi le respondió: “O sea llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”.
• Además, afirmó que la familia Allende es “totalmente incompetente”.
• Al día siguiente, el fiscal Cooper —a cargo entonces del caso ProCultura— recibió el diálogo e inició una indagatoria contra Allende por tráfico de influencias.
• En el expediente del caso también figuran presiones desde el círculo de la destituida senadora socialista a funcionarios de Contraloría. Entre ellos, se revisaron chats entre el jefe de gabinete de Allende en el Senado y el exjefe de gabinete de la contralora Dorothy Pérez, Alejandro Riquelme.
• “Es prioritario lo que habíamos conversado”, escribió el colaborador de Allende en uno de los diálogos.

Comodato a la fundación. En marzo de 2024, el Servicio de Patrimonio Cultural le encargó el proyecto al abogado José Cortés, quien se reunió con Felipe Vio, representante de la familia Allende, y el arquitecto Genaro Cuadros.

• Vio y Cuadros entregaron al funcionario un proyecto escrito titulado “Guardia Vieja 392 Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens para la adquisición, habilitación y restauración de un museo”. Allí se propone -según señaló Ciper- que, una vez comprada por el Estado, pasara en comodato a manos de la Fundación Salvador Allende.
• Felipe Vio es yerno de Isabel Allende y Cuadros es miembro del directorio de la Fundación Allende, de la cual la ex senadora es una de las creadoras y donde es miembro honorario.
• La presidenta del directorio de la fundación es Marcia Tambutti, la hija de Isabel Allende y pareja de Vio.
• Fuentes cercanas a la familia señalan que fue Tambutti una de las primera que -con motivo de los 50 años del golpe de Estado- comenzó a levantar la idea de vender la casa para crear un museo.
• Aunque la Fundación recibe algunas transferencias de dinero del Estado ha enfrentado por momentos problemas económicos.
• Por ejemplo, según una nota de La Tercera, en 2017 debió traspasar obras de arte para pagar deudas de la casona de calle República donde está su sede.

Visita a Guardia Vieja. José Cortés, en representación del Servicio de Patrimonio Cultural, visitó el 13 de mayo de 2024 la casa de Guardia Vieja, junto al subdirector de Museos del gobierno, Alan Trampe, para tomar fotografías. Allí fue recibido, relata en su testimonio, por Isabel Allende y su hija Marcia Tambutti, además de Genaro Cuadros y Felipe Vio.

• Cortés a través de una minuta advirtió las complejidades políticas y jurídicas de que el Estado le comprara la casa a una entonces ministra y una senadora, pero según declaró, en julio de 2024, Leonardo Moreno (ex asesor del Segundo Piso) lo citó a una reunión en La Moneda para informarle que la compra ya no la haría Servicio sino que el Ministerio de Bienes Nacionales.
• Esto, según interpretó Cortés, porque así resultaba más fácil traspasar posteriormente la administración a una entidad privada.
• Posteriormente, en septiembre de 2024, Vio consiguió que la tasación del inmueble realizada por Bienes Nacionales aumentara de $828 millones a $922 millones.

Fin al proyecto de museo. Leonardo Moreno desde Presidencia gestionó con la Dirección de Presupuestos el traspaso de los fondos asignados al Servicio de Patrimonio a Bienes Nacionales para continuar con la compra.

• Como los fondos eran insuficientes se resolvió congelar la idea del museo.
• La casa se vendía sin sus muebles, objetos imprescindibles para crear un museo en el lugar. En conversaciones con la familia Allende estos habían señalado al gobierno que pasarían los muebles en comodato al Estado.