Lo nuevo. El descenso de Unión Española a la Primera B puso en el ojo del huracán a Jorge Segovia, el empresario madrileño que desde hace más de 15 años mantiene el control del club desde el extranjero.
Una gestión a distancia que incomoda. El domingo, en el Estadio Santa Laura, Unión Española selló su caída a la Primera B tras perder ante O’Higgins.
Quién es. Nacido en Madrid en 1962, Segovia construyó su fortuna en el sector educacional. Es hijo de Felipe Segovia Olmo, fundador de la Institución Educativa SEK, nacida en España y hoy con presencia en 17 países.
De la promesa a la crisis deportiva. Segovia ingresó al fútbol chileno en 2008, comprando por unos $2.500 millones los derechos federativos, el plantel y el logo de Unión Española.
Experiencia con Jadue. En 2010, Segovia fue elegido presidente de la ANFP tras vencer a Harold Mayne-Nicholls, pero su llegada al cargo fue bloqueada por una inhabilidad reglamentaria.
Un club en riesgo económico tras el descenso. El escenario financiero tras el descenso es crítico. Unión perderá cerca de $2.000 millones por ingresos televisivos, y los contratos vigentes fueron firmados bajo condiciones de Primera División.
Publicaciones relacionadas
Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.