La coalición del presidente Gabriel Boric sufrió una derrota clara en la elección presidencial hace una semana. En política, perder es parte del juego democrático; lo relevante es cómo se procesa esa pérdida y cómo se administra el tramo final de un gobierno. Lo que ocurre en los días posteriores a una elección no es solo anécdota: puede marcar el tono de la transición, condicionar a la administración entrante y, sobre todo, influir de manera decisiva en el recuerdo que queda de una gestión. En ese contexto, dos episodios recientes ameritan atención no por su espectacularidad, sino por lo que revelan sobre prioridades, señales y estilo.
El primer episodio son las declaraciones de la ministra Antonia Orellana respecto de un eventual retorno de la figura de la Primera Dama en el próximo gobierno. La ministra criticó abiertamente la idea de “revitalizar” ese rol y lo hizo usando argumentos similares a los que al inicio de esta administración se invocaron para eliminar esa figura, reemplazándola por el llamado “Gabinete Irina Karamanos”. La discusión sobre qué rol -si alguno- debe tener la pareja del presidente es legítima. Tiene dimensiones institucionales, de probidad, de género y de modernización del Estado. Pero la pregunta relevante hoy no es solo el fondo: es la oportunidad y la prioridad política de entrar en esa controversia a días de una derrota presidencial.
La gestión pública requiere foco. Cuando un gobierno se acerca a su cierre, ese foco debiera concentrarse en dos objetivos: asegurar continuidad administrativa con sobriedad, y resolver, en la medida de lo posible, los pendientes más significativos. En cambio, abrir frentes simbólicos con el gobierno que aún no asume tiende a percibirse como un ejercicio de trinchera, poco productivo y, a ratos, desconectado de las urgencias ciudadanas. No lo dicen únicamente críticos del oficialismo: figuras del propio Frente Amplio han reconocido que parte del problema político que enfrentó el gobierno fue una distancia entre ciertas discusiones identitarias y las prioridades cotidianas de amplios sectores. Si esa lectura es correcta —y los resultados electorales sugieren que al menos tiene asidero—, insistir en esa clave en el epílogo parece un error táctico y estratégico.
La ministra, además, no habla desde el margen: es parte central del gabinete, y su voz se interpreta como señal de gobierno. Por eso, cuando se instala una polémica respecto de cómo debería organizarse simbólicamente la presidencia futura, inevitablemente surge una segunda pregunta: ¿no hay asuntos más urgentes a los cuales asignar el capital político? El cierre de la administración Boric ha estado tensionado por crisis y controversias que afectan directamente la percepción de gobernabilidad y eficacia, y por promesas legislativas emblemáticas que no lograron consolidarse.
El segundo episodio es la designación de la abogada Patricia Muñoz en la institución que reemplazará a la Corporación de Asistencia Judicial. Aquí es importante separar niveles. Que una persona embarazada sea nombrada para un cargo no debiera ser materia de cuestionamiento; no corresponde instalar un estándar implícito según el cual la maternidad limita el acceso a responsabilidades públicas. El problema no está en la condición personal de la designada, sino en las implicancias institucionales del momento elegido para la designación y en las consecuencias previsibles para una estructura que se encuentra en instalación.
Nombrar autoridades a pocas semanas del cambio de mando siempre tiene una lectura política adicional: puede verse como continuidad administrativa o como “amarre” para el siguiente gobierno, dependiendo del contexto y de la naturaleza del cargo.
En este caso, se trata de una institución nueva, con procedimientos por consolidar, equipos por armar y legitimidad por construir. Si la jefatura entra pronto en un periodo de licencia prolongada, lo más probable es que el órgano enfrente meses de subrogancias y conducción transitoria, justo cuando requiere dirección clara para echar raíces. Eso genera un riesgo operativo evidente: fragmentación interna, lentitud en decisiones, dificultades de coordinación y, en el peor de los casos, instalación defectuosa de un servicio clave para el acceso a la justicia.
En términos políticos, el movimiento puede leerse como una prueba: se deja una situación compleja, sensible y difícil de abordar sin costo reputacional, para observar cómo reacciona el próximo gobierno. Si remueve o cuestiona, se le puede acusar de retroceso o de discriminación; si mantiene y enfrenta los problemas operativos, pagará el costo de una institución que parte con debilidades. Esa es precisamente la clase de dilemas que suelen deteriorar la calidad de la transición.
En conjunto, ambos episodios comparten un patrón: priorizan señales y movimientos de alta carga política en un momento en que el país esperaría una salida ordenada. Toda administración será recordada por logros y errores, pero el tramo final pesa desproporcionadamente. Un gobierno puede administrar bien durante años y perder reputación en semanas si transmite desorden, impaciencia o afán de disputa.
Si Boric y su coalición perseveran en una lógica de controversias evitables y decisiones que tensionan la transición, arriesgan mucho. Primero, erosionar su propio legado, y segundo, fortalecer al adversario: no solo por contraste, sino porque estas señales pueden alimentar la idea de que las derechas ofrecen mayor control, orden y capacidad de ejecución.
La supuesta “ultraderecha” de Kast. Por Kenneth Bunker (@kennethbunker).
https://t.co/OWQZxQxwTS— Ex-Ante (@exantecl) December 20, 2025
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