La AC anunciada para marzo no tiene respaldo suficiente en la oposición y en la UDI admiten que la iniciativa es para mantener tema de los amarres en alto en el debate público. El jueves el presidente de la UDI Guillermo Ramírez conversó con el ministro Grau para conocer las 100 normas que serán anexadas en la Ley Miscelánea que se discutirá en enero.
Acusación sin piso. Con un comunicado enviado el 25 de diciembre a las 10 de la mañana el presidente de la UDI Guillermo Ramírez junto al diputado Jorge Alessandri advirtieron que presentarían una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), en caso de que insista en la normativa que dificulta remover a los funcionarios públicos a contrata.
- “Si no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado”, señalaron.
- Agregaron que iniciarán conversaciones con toda la oposición, incluido el PDG de Franco Parisi (que tendrá una bancada de 14 diputados) para conseguir los votos necesarios.
- Sin embargo, la conveniencia de una eventual AC dividió de inmediato a la oposición respecto a si se cumplen las causales necesarias para una medida de esta naturaleza, así como sus efectos políticos. En cuatro años de gobierno de Gabriel Boric, la oposición no ha logrado aprobar ninguna de las siete acusaciones presentadas contra ministros o exministros, quienes finalmente logran anotarse una victoria en el Congreso.
- Según señaló La Tercera, el diputado republicano, Agustín Romero respondió que “creo que Navidad no es el momento para este tipo de anuncios, que, además, me toma por sorpresa, porque en la última reunión con la UDI, RN y el equipo económico del presidente electo, José Antonio Kast, nunca estuvo sobre la mesa una acusación constitucional”.
- Juan Marcelo Valenzuela, futuro diputado del PDG, afirmó que “las acusaciones constitucionales no pueden seguir utilizándose como herramientas políticas o de presión coyuntural. En los últimos años, se han desnaturalizado y eso le ha generado un daño a la institucionalidad”.
- Joanna Pérez de Demócratas agregó que “si bien esta es una acción desesperada del gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional”.
El diseño de la UDI. Al interior del partido señalan que la amenaza de una acusación constitucional es una herramienta más que tienen para impedir que el gobierno logre la inamovilidad de los funcionarios. Se estima que de los 290 mil funcionarios a contrata en el gobierno central que se verían beneficiados de aprobarse la normativa, 33 mil ingresaron durante la actual administración.
- En la UDI señalan que además de una eventual AC en marzo, también podrían presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, para impugnar que el gobierno intente modificar el estatuto administrativo a través de una simple ley miscelánea.
- También advirtieron que la actitud del gobierno puede poner en riesgo las negociaciones para otros proyectos de Ley como la reforma al financiamiento universitario.
- En cualquier caso, señalan que una de las razones que los impulsó a levantar la idea de una acusación constitucional, fue permitir que el tema de los amarres siga comunicacionalmente en alto en el debate público, ya que los temas suelen perder relevancia entre las fiestas de fin del año donde hay menor atención de la opinión pública.
- Hasta el momento el gobierno se ha mantenido firme en incluir la propuesta dentro de la Ley de Reajuste al sector público. Allí se plantearía nuevos y exigentes requisitos para no renovar la contrata de un funcionarios, y se establecería el principio de “confianza legítima” (el tiempo que debe pasar un funcionario a contrata para exigir los derecho de uno de planta) en dos años y no en los cinco años que ha establecido en fallos la Corte Suprema.
- La idea suscrita en un acuerdo entre Grau y las asociaciones de empleados públicos, no sólo fue calificado de “amarre” y criticado por el entrante gobierno de Kast, sino que dividió al oficialismo. Varios parlamentarios del socialismo democrático ya anunciaron su voto en contra.
- Pero aunque la medida se rechace en el Congreso -el escenario más probable- dejará tensionada la relación entre los funcionarios públicos y el nuevo gobierno.
Diálogo Ramírez-Grau. Este viernes en Teletrece Radio , el presidente de la UDI mantuvo sus críticas a la ley de amarre, aunque sin volver a referirse a la posible acusación constitucional. Ramírez ha llamado al proyecto que impide desvincular una “corrupción institucionalizada”.
- Dijo que el jueves sostuvo una conversación con el ministro Grau, allí abordaron las distintas normas que van a estar incorporadas dentro de la Ley de Reajuste. “Esta norma, igual que la norma de reajuste del sector público, va dentro de una ley miscelánea. Dentro de esa ley miscelánea van a haber otras, alrededor de 100 normas, de cosas que hemos ido acordando durante el tiempo con el gobierno, particularmente en la discusión de la ley de Presupuestos de las más diversas materias”.
- “Yo espero que en esta ley miscelánea podamos incorporar todas aquellas cosas que hemos ido acordando, que no queden en el olvido porque los acuerdos están para cumplirse. Por lo tanto durante la próxima semana el diálogo que vamos a tener con el gobierno tiene mucho más relación con las cosas que nosotros creemos que deben estar en esa ley que con las cosas que no deben estar, porque insisto, las que consideremos que no deben estar siempre las podemos rechazar en el Congreso, pero las que debieran estar muchas veces nosotros no las podemos incorporar porque la Constitución lo impide. Así que esta es una noticia en desarrollo”, señaló.
- Las primeras semanas de enero el Congreso se dedicará a votar una a una las normas incorporadas dentro de la ley miscelánea y tanto Chile Vamos como republicanos esperan incluir sus demandas acordadas con el gobierno.
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