Ulises, escuchando los consejos de Circe, ordena a sus hombres que lo aten al mástil de su barco para resistir el canto mortal de las sirenas y los instruye a no liberarlo, aunque él se los suplique. Además, les ordena a ellos taparse los oídos con cera.
El amarre de Ulises no es otra cosa que disciplina y auto constricción, las que persigue conseguir a través de sistemas que lo prevengan a él y a sus hombres de caer en las tentaciones especialmente cuando las voluntades se muestren febles, y aquellas aparezcan imposibles de resistir. Se trata del impulso vital versus la fuerza (razón, en realidad) que lo contiene.
El amarre que ha propuesto el Ejecutivo, al mástil del empleo público, es otra cosa.
Aparece como lo opuesto. Aparece como el desborde. Es lo contrario de la mesura de Ulises. ¿Es lo instintivo y la embriaguez ¿del poder? Puede ser. O, tal vez ¿de no querer soltarlo?
Los cantos que ha entonado la CUT y la ANEF aparecen, así, como más fuertes y poderosos que el veredicto de la ciudadanía, que ha mandatado un cambio de rumbo y, con ello, un cambio en los equipos políticos.
También se muestran resonando más fuerte que la voz transversal de los expertos que han urgido por el abandono de estas malas prácticas, que buscan transformar en inamovibles cargos que por su naturaleza no lo son, y han llamado, además, a modernizar el estatuto del empleo público.
Los empleos a contrata forman parte de un régimen originalmente concebido como excepcional y temporal, a diferencia de lo que sucede con los cargos de planta. El que se hayan vuelto la regla general de contratación en el Estado no les quita esa naturaleza original, ni aun cuando hayan proliferado diversas tesis de sobre permanencia, como la de la “confianza legitima”, que hoy, en todo caso y en hora buena, es más exigente que antes, gracias al actuar reciente de la Contraloría y los recientes fallos de los tribunales de justicia.
Tal vez sea por el cambio de gobierno y la esperada racionalización del gasto público que se ha anunciado; o por las mayores exigencias actuales para poder esgrimir la confianza legitima, o por la lupa puesta por el órgano contralor y otros organismos de control, como el Consejo para la Transparencia, en el correcto ejercicio la función pública, que más fuerte han decidido cantar hoy las sirenas para complejizar el término de las contratas, generando un nuevo estándar reforzado de motivación o fundamento para hacerlo.
Lo inaudito es que capitán y tripulación, en vez de disciplina y orden, estarían decidiendo por lo que aparece como visceral e instintivo, por medio de una ley miscelánea que, conforme ha trascendido, de lo menos que tendría, es de reajuste al sector público.
La función publica es valiosa en tanto está construida para servir, desde el Estado, a las personas. Miles de funcionarios públicos así la conciben y realizan su labor con compromiso y dedicación. Me consta. Esos funcionarios no requieren de sirenas y menos que el amarre sea a las tentaciones en vez de al mástil de la mesura y la racionalidad.
Esos funcionarios saben que sucumbir al son de esos cánticos solo perjudicará aún más la confianza de la ciudadanía en la función pública que realizan correctamente día a día. Saben, además, que hay reglas claras en el estatuto y en la ley de bases de la administración del Estado para evitar posibles arbitrariedades y que no es necesario generar reglas especiales, menos en la hora nona que, más que servir a las personas, parecen servir a quienes han venido indebidamente a servirse del Estado.
No es primera vez que ocurre, y por eso es preciso encender las alertas, justamente en aras de proteger el correcto ejercicio de la función en el Estado. Hace más de una década esos cantos también se desplegaron y se escucharon. Esa vez, no obstante, no pidieron cambios legales, sino modificaciones a nivel de las condiciones contractuales pactadas en las contratas. Y varios capitanes al mando de diversos ministerios y tripulantes sucumbieron.
Así fue como en un mes diciembre, tras las elecciones que determinaron un cambio de gobierno y previo a la asunción de ese nuevo mandatario en marzo, al renovarse las contratas se procedió a eliminar de los decretos que las contenían la frase “o mientras fueren necesarios sus servicios”, buscando con ello que todos los contratos renovados -en diciembre del año previo al cambio de mando- permanecieran vigentes al menos hasta diciembre del año siguiente.
El Contralor de la época, dijo sin embargo otra cosa, y echó por tierra los amarres contractuales, reestableciendo el imperio de la ley. Tal vez sea por eso por lo que ahora, busquen que el amarre quede en un texto legal.
La autoridad todavía tiene una oportunidad para revertir aquello que pactó con las sirenas, y la tiene aun cuando haya cerrado el trato de buena gana (no lo sabemos), a menos, claro está, que le tenga sin cuidado que se desnude la pulsión latente que parece advertirse.
Esperemos que ese no sea ese el escenario.
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Johannes Kaiser y el costo de quedarse fuera. Por Juan Pablo Rodríguez.https://t.co/nU7qMp8WHk
— Ex-Ante (@exantecl) December 28, 2025
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