Conflicto de interés: La extraña explicación de encargada del presupuesto del gobierno de la RM cuestionada por Contraloría

Mayuri Reyes, histórica asesora de Claudio Orrego cuestionada por un potencial conflicto de interés, testificó ante el Tricel por sus nexos con José Solís, propietario de la consultora Ajem, a la que el Gore adjudicó dos contratos por más de $109 millones. La funcionaria comparte una sociedad con Solís, cuyo domicilio es un departamento de su esposo.

Qué hay de nuevo. Este martes, la ministra del Tribunal Calificador de Elecciones, Adelita Ravanales, tomó declaración a la exjefa de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional Metropolitano, Mayuri Reyes, en el marco de la reclamación opositora que busca la destitución del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

• Reyes, contadora auditora de 56 años, fue una estrecha colaboradora de Orrego, con quien trabajó desde 2005, cuando él era alcalde de Peñalolén. Fue desvinculada de su cargo el pasado 16 de junio.

Conflicto de interés. Su nombre salió a la luz luego de que consejeros regionales de Chile Vamos acusaran un conflicto de interés por la adjudicación de dos contratos de consultorías por trato directo en noviembre de 2023 —por $44.772.000— y abril de 2024 —por $64.530.180— a la empresa Ajem Asesores y Consultores Limitada, de propiedad del contador José Solís Venegas.

• En 2021, Reyes y Solís participaron en la constitución de la sociedad Comercializadora Madera y Cuero y Más Spa, donde el contador figura como administrador con amplios poderes. La firma registra como domicilio un departamento de propiedad de Miguel Ángel Navarro, esposo de la exfuncionaria de Orrego.

La lupa de Contraloría. Se trata de una de las adjudicaciones objetadas por Contraloría en un informe publicado en junio pasado. Según el organismo, Ajem no tenía idoneidad ni acreditó formación académica ni experiencia necesaria, y su equipo de trabajo no contaba con habilidades en análisis de proyectos o presupuestos públicos.

• Entre los trabajadores había un traductor bilingüe excajero en OK Market; un técnico en gastronomía, con experiencia en Supervisión de Despacho para Gasco; un contador sin experiencia en auditoría de presupuestos públicos; y un trabajador con licencia media técnico profesional y experiencia en administración en una tabaquería.

Crisis de rendiciones. El acta de la declaración sostiene que la contadora señaló que en 2023 había “un gran cúmulo” de programas financiados por el Gobierno Regional entre 2012 y 2021 que “no habían sido rendidos administrativamente ni cerrados contablemente”. En ese contexto se creó un Departamento de Normalización, alojado en su división.

• “Debido a la escasez de personal para afrontar esta gran envergadura de programas se propone la contratación de un servicio especializado”.

Trato directo. “Este trato directo no fue ‘directo’, sino fue una forma de contratación contemplada en la Ley de Compras bajo el nombre de ‘Servicios Especializados’ en que se carga una oferta a través del portal de Chile Compra, hay empresas que uno invita o pueden participar interesados. La forma de contratación es vía trato directo”.

“Trabajaron juntos”. “Se invitó a la Consultora Ajem porque al dueño de esta empresa la testigo lo conocía anteriormente y sabía que había trabajado en rendiciones. Lo conocía desde un trabajo anterior, porque fue contador independiente al igual que la testigo en algún periodo, por lo que trabajaron juntos”.

• “La invitación se hizo por teléfono, la testigo le planteó que existía este proyecto, le explicó el trabajo y le señaló que podía presentar una oferta. Sólo se invitó a esta empresa. Esta decisión se adoptó en conjunto con el Departamento de Normalización. No llegó ninguna otra oferta, ni se contactó a nadie más”.
• “La testigo declara que no le comentó al gobernador, ni él le preguntó”.

Labor de Ajem. “Les correspondía revisar una cartera específica. Tomar un expediente y ver si ese proyecto tenía o no rendiciones. Si tenía rendiciones, revisar si correspondía y ver si era posible cerrar el proyecto y enviarlo al departamento de contabilidad. Si no contaba con rendiciones, se enviaban los documentos para insistir en la regularización”.

• “Ocho personas trabajaban en la revisión e iban completando una matriz que se creó con distintas columnas en que se iba colocando toda la información. Ajem aportaba el personal para la revisión y seguían las directrices del departamento de normalización”.

La expertise. “El dueño conocía sobre revisiones de proyectos financiados con recursos públicos, capacitaba a los prestadores de este servicio y empezaron de inmediato con la revisión”.

• “El Gobierno Regional capacitó a este personal externo para seguir las directrices del Gobierno Regional. La testigo no recuerda las carreras específicas de quienes trabajaron en el proceso y entiende que el personal que se contrató desde Ajem tenía experiencia previa”.

Relación con Solís. “Propuso a esta empresa según lo que conocía a su dueño. Cuando se determinó hacer este servicio especializado, al ser un tema delicado, testigo indica que conocía a alguien que había trabajado en este tema. Declara que sólo conocía la expertise del señor Solís y que la revisión de la habilidad de la empresa corresponde a un proceso de revisión posterior en que no participó”.

• “La ministra pregunta si el señor Solís ya tenía la empresa cuando la testigo trabajó con él. La testigo indica que sí y señala que no trabajaron conjuntamente, sino que el señor Solís se quedó cuando la testigo renunció a un trabajo anterior. Indica que lo conoció en actividades previas en el Colegio de Contadores a nivel social”.

Rol de Orrego. “Al gobernador no se le dijo nada sobre la contratación, porque el Gobernador sólo autoriza proyectos mayores a 1.000 UTM (sobre los $64,7 millones). Bajo eso, es una facultad delegada al Jefe de Administración y Finanzas. Ninguno de los contratos en forma individual era mayor a 1.000 UTM, pero los dos juntos superaban ese monto”.

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