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Enero 8, 2026

Simce en riesgo: Gobierno incorpora en ley de reajuste norma que permite poner fin a evaluaciones en colegios

J.P. Sallaberry
Ministro de Educación Nicolás Cataldo y ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El proyecto que ingresó al Congreso el ministro Nicolás Grau incluye una norma que permitiría suspender la aplicación de la prueba con un acto administrativo simple invocando razones financieras o técnicas. El FA y el PC han sido partidarios de eliminar el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) y este año se redujo su presupuesto.


Lo nuevo. El proyecto de reajuste al sector público ingresado la noche del lunes al Congreso, incluye un total de 129 artículos de la más diversa índole desde el “amarre” de los funcionarios a contrata, la ampliación del giro de Correos de Chile y ENAP, hasta facultades para investigar adopciones irregulares, o extender la posibilidad de teletrabajo en los servicios públicos.

  • Pero hay una medida que ha pasado desapercibida y que mantiene en alerta a los expertos en educación. Se trata del artículo 97 del proyecto, el que abre la puerta para suspender la aplicación del del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) mediante un simple acto administrativo.
  • La norma en cuestión señala que se agregará en el artículo 37 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, -que regula el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje- el siguiente inciso final nuevo:
    • “La aplicación de las evaluaciones a que se refiere este artículo estará sujeta a la disponibilidad de recursos contemplados en la Ley de Presupuestos. Para estos efectos, la Agencia de Calidad de la Educación a través de una o más resoluciones exentas, visadas por la Subsecretaría de Educación, determinará la no aplicación de una o más evaluaciones, las que deberán fundarse tanto en lo establecido en este inciso como en razones de carácter técnico”.
  • Es decir, evaluaciones como el Simce quedarían condicionadas al presupuesto disponible aprobado cada año en la Ley de Presupuestos y se podrían suspender mediante un acto administrativo que no requiere pasar por Contraloría. La suspensión del examen también podría argumentarse en razones técnicas y no sólo financieras.

“Genera un amarre”. Para Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar “este artículo busca desarmar el arreglo institucional de aseguramiento de la calidad del país. La ley vigente establece un sistema de contrapesos institucionales entre el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación para establecer el calendario de evaluaciones Simce y sus características”.

  • “Lo que hace este artículo es generar un amarre que le entrega el control del sistema a la autoridad política, que en virtud de eso puede desmantelar el aseguramiento de la calidad. Si no hay recursos para el Simce, entonces que se discuta en la Ley de Presupuestos, donde corresponde aquello”, sostiene.
  • A juicio de Florencia Croxatto, economista de Pivotes, “las mediciones educacionales son claves tanto para orientar correctamente la política pública como para que las familias puedan tomar decisiones informadas. Sin embargo, la Ley de Reajuste incorpora una norma que otorga amplia discrecionalidad a la autoridad para suspender evaluaciones”.
  • “Que esta facultad provenga de un sector político que históricamente ha mostrado reticencias frente a las evaluaciones, genera una preocupación legítima. Hoy seguimos a la espera de una nueva ordenación por parte de la Agencia de Calidad de la Educación, postergada más allá de lo razonable, y este tipo de señales van en la dirección opuesta a la que el sistema educativo necesita: más información, más transparencia y menos incertidumbre”.

Bandera del FA-PC. El gobierno, y en particular el Frente Amplio y el PC, nunca han sido partidarios del Simce como instrumento de medición porque genera un ranking de establecimientos que refleja desigualdades estructurales más que calidad educativa, argumentan.

  • Ya en abril de 2022, al inicio del gobierno el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (FA) propuso suspender el Simce que no se había efectuado los dos años anteriores debido a la pandemia de Covid-19.
  • El ministro argumentó que no era posible comparar los resultados con los años anteriores, pero también dijo “claro que la idea de este gobierno es terminarlo para siempre. Con esto estamos señalando al sistema educativo y al país cuál es nuestra visión respecto de la evaluación y la no pertinencia de seguir manteniendo este tipo de mediciones estandarizadas”. Según declaraba Ávila “el Simce no sirve y genera incentivos perversos”.
  • La postura generó amplio debate y finalmente el gobierno se vio obligado a ceder a las críticas y realizar la medición. Los resultados de 2022 reflejaron una caída histórica de 10 puntos en matemáticas entre los alumnos de cuarto básico. En 2024 los mismos alumnos fueron medidos ya en sexto básico y la caída en matemática se mantuvo.

Recorte presupuesto. En la última discusión presupuestaria, según informes del centro de estudios Acción Educar, se reducen en 25,5% todos los recursos destinados a la reactivación educativa y se reducen los recursos para el Simce en 1,4%. Sin fondos suficientes podría suspenderse la prueba, según la normativa propuesta.

  • Creado en 1968, el Simce buscaba ser una evaluación externa al sistema educativo chileno, entregando información relevante a colegios, apoderados y autoridades y aportar al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. En 2012 pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación.
  • Además de pruebas por asignaturas en los cursos evaluados, a través de algunos cuestionarios obtiene información sobre docentes, estudiantes, padres y apoderados.
  • En octubre de 2025, se generó una polémica porque varios colegios de la Región Metropolitana no recibieron examinadores para tomar la prueba, lo que obligó a suspender y reprogramar el examen para los estudiantes de 8° básico afectados. La Agencia de Calidad de la Educación responsabilizó a la empresa contratada (INFER) por incumplimiento del servicio y anunció que podría aplicar multas y sanciones.
  • El bochorno por la suspensión parcial del Simce, y las críticas al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), fueron un tema de debate político en plena campaña electoral.

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