Si la defensa irrestricta de la soberanía hubiese seguido primando sobre cualquier otra consideración, el chavismo habría logrado perpetuarse indefinidamente, como lo ha hecho el castrismo, que pronto cumple 70 años. Hay que reconocer, sin embargo, que el precedente es peligroso y debe ser analizado con rigor.
Un caso paradigmático. La captura, extracción o secuestro de Nicolas Maduro y Cecilia Flores, cabecillas de la dictadura bolivariana, mediante una acción militar perpetrada en territorio venezolano por EEUU, ha desatado un intenso debate sobre la violación flagrante del derecho internacional. En particular, del principio de la inviolabilidad de la soberanía de los estados. Lo que desde un punto de vista jurídico es irrebatible.
- Además, todo el asunto está contaminado por la justificada desconfianza que genera Donald Trump, cuya mentalidad mercantilista y personalidad autoritaria hacen dudar de sus intenciones.
- Venezuela es un caso paradigmático. No estamos frente a un gobierno cuestionado o a una democracia defectuosa, sino ante una dictadura consolidada, con miles de presos políticos, denuncias reiteradas de tortura, persecución sistemática de la oposición, censura, exilio forzado y un hito decisivo: el desconocimiento del resultado de la última elección presidencial.
- No son interpretaciones ideológicas, sino hechos documentados por organismos internacionales y reconocidos por más de sesenta países que no consideran legítimo al régimen de Maduro.
- El chavismo, además, ha hecho de la negociación una herramienta de supervivencia política. Ha pactado con la comunidad internacional una y otra vez fórmulas de transición que jamás ha cumplido. Prometió elecciones libres, respeto a la oposición y garantías mínimas; luego incumplió cada compromiso.
- El acuerdo alcanzado con Estados Unidos durante la administración Biden es ilustrativo: a cambio del levantamiento de sanciones petroleras y la reapertura de operaciones económicas, el régimen se comprometió a no vetar candidaturas y a respetar el resultado electoral. Nada de eso ocurrió. Y, sin embargo, el derecho internacional volvió a quedar atrapado en su propia rigidez.
Paralelo con Cuba. El tema es que hay dos bienes jurídicos que el derecho internacional busca proteger. La soberanía de los países (derecho a la autodeterminación y a la no intervención extranjera); y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por lo que no es tan sencillo censurar una acción, solo porque afecta la soberanía; todo lo contario, se plantea un dilema; ético, político y moral.
- ¿Cuál de estos derechos debe primar cuando hay un conflicto entre ambos, sobre todo, cuando ese conflicto se resuelve, sistemáticamente, en favor de la soberanía y el resultado no es ni la estabilidad ni la paz ni la democracia, sino la dictadura perpetua?
- El caso más emblemático es el de Cuba, una tiranía que pronto cumplirá 70 años. Podría haber sido el caso de Venezuela, hasta hace unos días ya que, a pesar de ser una noticia en desarrollo, y de todas las reservaciones y cuestionamiento que se puedan tener, no cabe la menor duda que la extracción de Maduro remeció los cimientos del chavismo y que el país está más cerca de recuperar su democracia.
- Ya se anunció la liberación de un número importante de presos políticos y autorización para el regreso de varios lideres en el exilio.
- Es un hecho que el sistema internacional está diseñado para proteger la soberanía porque , pues se convierte en el principal escudo de regímenes que violan de manera sistemática los derechos humanos.
- Peor aún, los mecanismos multilaterales encargados de actuar frente a estas situaciones suelen estar paralizados por el veto o la protección de potencias que, por afinidad ideológica o interés geopolítico, amparan a gobiernos autoritarios. El resultado es un círculo vicioso: se condena retóricamente la represión, pero se bloquea cualquier acción efectiva en nombre del respeto a la soberanía.
- Cuando ese criterio se impone de forma absoluta, el efecto práctico es devastador. Los pueblos quedan atrapados en dictaduras sin salida. Cuba es una tiranía blindada por el principio de no intervención y sostenida por aliados internacionales que han vetado sistemáticamente cualquier intento serio de presión multilateral.
- Décadas de violaciones de derechos humanos han sido toleradas en nombre de la soberanía, con un costo humano incalculable.
Precedente es peligroso. Si la defensa irrestricta de la soberanía hubiese seguido primando sobre cualquier otra consideración, el chavismo habría logrado perpetuarse indefinidamente, como lo hizo el castrismo.
- Elecciones simuladas, negociaciones incumplidas y condenas internacionales sin consecuencias habrían sido suficientes para mantener el statu quo. En ese escenario, el derecho internacional no habría protegido a los venezolanos, sino a sus verdugos.
- La captura de Maduro, aun siendo jurídicamente cuestionable, rompe ese equilibrio. No resuelve el dilema normativo, pero lo expone con crudeza. Obliga a preguntarse si el derecho internacional puede seguir funcionando como si la soberanía fuera un valor absoluto, incluso cuando esta se ejerce para anular derechos fundamentales, reprimir a la población y perpetuar regímenes ilegítimos.
- Esto no implica justificar sin matices la violación de normas básicas ni abrir la puerta a una lógica de intervenciones arbitrarias. El precedente es peligroso y debe ser analizado con rigor.
- Pero tampoco es aceptable ignorar que la aplicación rígida del principio de soberanía, en contextos de dictaduras consolidadas, termina produciendo un efecto profundamente injusto: la normalización de la opresión y la resignación de la comunidad internacional frente al sufrimiento de pueblos enteros.
- Ese es el verdadero dilema, que la captura de Maduro obliga a enfrentar. No se trata de elegir entre el derecho y la fuerza, sino de decidir si el derecho internacional seguirá protegiendo Estados aun cuando estos se conviertan en máquinas de opresión, o si será capaz de colocar, por fin, la dignidad humana por encima de la soberanía cuando ambas entran en conflicto.
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