El Gobierno ha ingresado el proyecto de ley misceláneo que, entre otras, plantea un reajuste para el sector público. Eso de “entre otras”, no es un decir. Es literal.
La iniciativa discurre sobre las más variadas materias. El espacio aquí es limitado, pero permítanme dejarles de muestra algunos botones para que se hagan una idea sobre lo realmente miscelánea que es. “Entre otras”:
Una mirada poco profunda podría concluir que se trata de aprovechar la oportunidad para cerrar varios “pendientes”.
Pero el asunto es mucho más complejo y trascendente.
Resulta que la institucionalidad vigente dispone, nada más y nada menos que en la Constitución, que no se admitirán enmiendas a un proyecto de ley que no digan relación directa con sus ideas matrices. Así, lo que el constituyente ha buscado y busca evitar es precisamente las leyes misceláneas, esto es, aquellas que cubren una diversidad de materias que no tienen correspondencia ni relación entre sí.
¿Por qué esta norma, que en algún momento tuvo rango reglamentario, pasó a formar parte de la Constitución en la reforma constitucional promovida en 1970? Para evitar la falta de unicidad y la mala técnica legislativa que, por muchos años en Chile, dificultó la aplicación, implementación, interpretación y comprensión de las leyes. Además, porque poner coto a las leyes misceláneas limita la acción -y aumenta los costos de transacción- de los grupos de interés que participan en la discusión legislativa (y, en este caso, hay un grupo de interés muy claro, entre otros).
Pero el mayor problema de estas iniciativas misceláneas es que en realidad cercenan la deliberación, esencial a la democracia, al obstaculizar severamente la profundidad del debate, impidiendo una discusión ponderada sobre el mérito de lo presentado, sobre todo cuando el debate implica una serie de materias técnicas.
En buen chileno, sucede aquello de “confundir para reinar” y el parlamento no puede permitirlo, por más que sea una práctica que sucede hace algunos años y a propósito de la discusión de ciertas iniciativas de ley. La repetición de aquello que es indebido no lo transforma en debido.
El proyecto de ley circula así y desde su génesis, por un camino que nuestra Constitución (y el Tribunal Constitucional como guardián de su cumplimiento) ha querido evitar.
¿Qué profundidad y racionalidad puede esperarse del debate democrático ante cuestiones tan complejas y variadas? ¿Qué reflexión racional puede hacerse cuando, además, el principal grupo de interés está llamando a “rodear el Congreso”, poniendo a disposición buses que salen de la ANEF para estos fines? Ninguna.
Así el deber democrático de los representantes, consistente en evaluar, ponderar y deliberar, para modificar, rechazar o aceptar la propuesta, y que la Constitución resguarda, se verá inevitablemente comprometido, y así nuestros intereses como representados.
El proyecto así planteado y las indebidas presiones de las asociaciones no permitirán analizarlo cómo corresponde. A modo ejemplar, y como señalé en una anterior columna en este medio, el llamado “amarre” viene a contravenir la naturaleza transitoria de las contratas, alterando, esencialmente, el estatuto administrativo ¿Será eso debatido?
El financiamiento del reajuste y del conjunto de las otras medidas ha sido puesto en tela de juicio por el Consejo Fiscal Autónomo ¿Qué profundidad se le dará a este severo problema? La posposición del avalúo fiscal de bienes raíces que, a priori, puede ser un alivio ¿No impactará en la revisión de los problemas de fondo que tiene este impuesto? ¿Tendrá lugar esa discusión sustantiva futura si se aprueba esta postergación?
¿Es pertinente que en esta variada ley se pretenda modificar el giro de empresas públicas sin analizar el impacto de aquello? ¿Es razonable que se autorice que evaluaciones tan relevantes, para medir logros del aprendizaje (como el SIMCE), queden sujetas a la disponibilidad de recursos? ¿No se supone que se busca más calidad de la educación y no menos? No aplicar el SIMCE u otras evaluaciones es dejar a ciegas tanto a quienes diseñan las políticas públicas educativas, como a los directivos de los establecimientos -restándoles además autonomía por esta vía- y, muy relevantemente, a los apoderados que, en base a los antecedentes que estos instrumentos entregan, toman distintas decisiones respecto del colegio de sus hijos o menores a su cuidado. Menos información, menos transparencia no es el camino. El sistema educativo en su conjunto se beneficia cuando hay más información y no menos.
El respeto por las ideas matrices tiene un sentido y objetivo. A través de él, se promueve la existencia de una sociedad libre, al limitar los poderes del Estado, como latamente ha desarrollado la doctrina. Minimizar este asunto es un error grave.
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