Descentralizar sin ingenuidad: la corrupción como advertencia. Por Juan Pablo Rodríguez

La pregunta no es si Chile debe descentralizarse, sino cómo hacerlo bien: con libertad responsable, con instituciones fuertes y con un Estado que vuelva a merecer confianza. Los casos de corrupción son una oportunidad para avanzar en esa línea; de lo contrario, serán la excusa perfecta para que los centralistas de siempre busquen seguir decidiendo todo, ahogando a las comunas y a las regiones.

La semana pasada conocimos dos sentencias que marcan un punto de inflexión: 16 años para el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, y 14 para el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, en casos de corrupción. Más allá del detalle jurídico, es relevante el mensaje político e institucional: un “cambio de mano” que transmite que el sistema funciona y que, en un país fatigado de impunidad, no hay “intocables”.

Estos casos nos recuerdan la degradación moral que estamos viviendo como país y que la corrupción es un fenómeno que se ha expandido institucionalmente: desde municipios y gobiernos regionales hasta ministerios, Fuerzas Armadas, policías y tribunales superiores de justicia, atravesando un entramado estatal cada vez más complejo que abre oportunidades para los delincuentes.

La corrupción no es solo un problema moral, sino también un impuesto regresivo que golpea la vida cotidiana. Se expresa en licitaciones arregladas, en servicios que no llegan, en barrios que se quedan sin inversión, en proyectos que se hacen mal, en autoridades que se reeligen injustamente y en una desconfianza que termina por corroer la legitimidad de todo lo demás.

La Encuesta de Opinión Política P!ensa 2025 (presencial, 1650 casos), da cuenta que las personas consideran que la “corrupción en la política” es el segundo problema a solucionar por el gobierno, solo por debajo de delincuencia.

Estas condenas no deben leerse como una “mala semana para dos municipios”, sino como un recordatorio de lo que está en juego: el estándar frente a la corrupción y el tipo de Estado que queremos tener.

Al gobierno entrante se le plantean preguntas exigentes: ¿cuál será su relación con las regiones y las comunas? ¿Las verá como el espacio natural para acercar el Estado a la ciudadanía o como un terreno minado del que conviene desconfiar y recentralizar? El dilema es real, porque casos como estos pueden, justificadamente, despertar reparos frente a la descentralización. Pero la conclusión correcta no es retroceder. Es descentralizar responsablemente y sin ingenuidad.

Si creemos que las decisiones deben tomarse más cerca de las personas, no podemos entregar competencias y recursos como si estuviéramos repartiendo cheques en blanco. Descentralizar no es romantizar “lo local” ni suponer que el solo cambio de nivel garantiza mejores decisiones. Descentralizar bien es construir capacidades, controles, transparencia, profesionalización y coordinación. En otras palabras: un Estado más cercano, pero también un Estado más serio.

Esto obliga a mirar críticamente el foco que ha tenido el proceso en los últimos gobiernos. Mucho se ha hablado del traspaso de competencias a los gobiernos regionales y de su autonomía gradual. Ese camino debe continuar, pero hoy el nudo está en otro lado: en la coordinación de un sistema cada vez más complejo, en el fortalecimiento de la gestión subnacional y, sobre todo, en los municipios, los grandes olvidados de la descentralización chilena.

Los municipios son la primera puerta del Estado para la mayoría: los ciudadanos conocen a sus autoridades y confían en ellas —más que en otras— para resolver problemas concretos. Ahí se juegan permisos, seguridad barrial, fiscalización, áreas verdes, apoyo social y ordenamiento local. Pero siguen operando con un régimen de empleo atrasado, con incentivos débiles para el mérito y con espacios grises que facilitan el amiguismo y, en el peor de los casos, el abuso. Modernizar la municipalidad no es un detalle tecnocrático: es el corazón de cualquier descentralización que pretenda mejorar la vida real.

Además de profesionalizar el empleo municipal, se requiere transparencia por defecto, controles de gestión serios, incentivos correctos desde el nivel central junto con exigencias de rendición de cuentas y, entre otras cosas, políticas con pertinencia territorial.

Desde una mirada filosófico-política, la ciudad tiene una escala y una identidad propia de la que carecen otros entes territoriales; y, en la medida en que fortalezcamos lo público en torno a ella, probablemente se fortalezca también nuestra democracia y nuestro tejido social. Frente a la crisis de confianza, el correcto funcionamiento del espacio que se habita y se quiere puede ser un remedio eficaz.

Finalmente, aparece un punto que suele tratarse como cosmético, pero es estratégico: la diversidad territorial en la composición del gobierno. Para gobernar un país heterogéneo hay que conocerlo de verdad. No por focus groups, sino por experiencia, por trayectoria, por haber visto de cerca problemas muchas veces invisibles para la élite santiaguina.

El sello territorial que ha mostrado Kast (ver, por ejemplo, el anuncio de una reunión empresarial en Arica que hizo en ICARE o sus continuos recorridos por Chile) y lo que ha trascendido de la conformación del gabinete y, en particular, de un próximo comité político con nombres que no vienen —en parte relevante— de las comunas de siempre ni de las universidades de siempre, es una señal esperanzadora. No garantiza nada, pero abre la posibilidad de gobernar con un sentido de realidad que puede ser el sello de la presidencia.

Las condenas a los exalcaldes son una buena noticia por una razón adicional: pueden generar un efecto inhibitorio hacia el futuro. La certeza de sanción cambia conductas. El desafío del gobierno entrante es pasar del castigo a la prevención: modernizar el Estado subnacional, fortalecer municipios, descentralizar con controles robustos y coordinar un entramado que se ha complejizado.

La pregunta no es si Chile debe descentralizarse, sino cómo hacerlo bien: con libertad responsable, con instituciones fuertes y con un Estado que vuelva a merecer confianza. Los casos de corrupción son una oportunidad para avanzar en esa línea; de lo contrario, serán la excusa perfecta para que los centralistas de siempre busquen seguir decidiendo todo, ahogando a las comunas y a las regiones.