Jueces de tribunales ambientales: La alerta que encendió en la oposición el nuevo “amarre” de Boric

Se trata de cargos estratégicos para el sistema de evaluación y reclamación ambiental, cuya definición adquiere especial relevancia en medio del debate por la judicialización de proyectos y las acusaciones de “amarre” de cara al próximo gobierno.

Lo nuevo. En medio de las críticas al Ejecutivo por impulsar iniciativas y nombramientos calificados por la oposición como intentos de “amarre” de cara al próximo gobierno, Ex-Ante reveló que el Ejecutivo avanzó en la designación de cargos clave en tribunales con un rol central en la judicialización de proyectos de inversión.

• Se trata de puestos que, en algunos casos, llevaban cerca de cinco vacantes y que son especialmente relevantes en un contexto donde los conflictos ambientales y las reclamaciones ciudadanas han ganado peso en la tramitación de grandes iniciativas.
• Los nombramientos —con cercanía al mundo ambientalista— se dan cuando resta solo una semana legislativa para el término del actual período, y en momentos en que el debate por la judicialización de proyectos se ha convertido en uno de los ejes de mayor tensión entre el gobierno saliente y la administración entrante.
• El tema no es menor considerando que el gobierno entrante de José Antonio Kast ha planteado como prioridad atacar la permisología y reducir la judicialización de proyectos, por lo que la composición y orientación de estos tribunales aparece como un primer obstáculo potencial, dada la importancia que tienen en el destino de iniciativas estratégicas.

Qué hay detrás. Desde la oposición, una de las críticas más duras vino del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien apuntó directamente al manejo del proceso por parte del Ejecutivo.

• “El Presidente Boric pudo haber hecho esto hace mucho tiempo. Son vacantes que han estado durante demasiado tiempo”, afirmó.
• A su juicio, aunque el Mandatario está ejerciendo una atribución propia de su cargo, “da la sensación de que si bien está utilizando una atribución que le corresponde dentro de su periodo presidencial, acá hay más un ánimo de llenar espacios con personas que son ideológicamente de izquierda, de copar espacios al interior del Estado, que de cumplir con un deber constitucional”.
• Ramírez también cuestionó el tipo de perfiles seleccionados. “Se hubiese nombrado a personas más neutras, técnicas, académicos de universidades. Pero no hizo eso. Está nombrando a activistas, está nombrando gente para que haga política dentro del Estado durante el gobierno del presidente Kast”, señaló en EmolTV.

Dudas en oficialismo. Las dudas, sin embargo, no se limitan a la oposición. Desde el oficialismo, el senador Pedro Araya (PPD), integrante de la Comisión de Constitución, reconoció falencias en la conducción del proceso.

• “La primera responsabilidad es del Gobierno por no haber hecho mejor gestión política para generar los acuerdos con el Senado, porque no había consenso en ninguno de los dos bloques para las designaciones”, sostuvo.
• Araya agregó que “efectivamente, el Gobierno no tomó el tema y estuvo botado más de un año, pero cuando comenzaron las conversaciones han existido complejidades. De hecho, los nombres que propone el Gobierno no tienen pleno consenso en el Senado”, lo que explica las dificultades que han enfrentado las nominaciones en su tramitación.

Validación desde RN. Desde la Comisión de Constitución del Senado, en tanto, su presidenta Paulina Núñez (RN) validó el avance registrado en los últimos días, cuando se acordó recomendar que los tres nombres propuestos continúen su tramitación en la Sala.

• A través de su cuenta personal de Instagram, la senadora señaló que “recomendamos que estos tres nombres vayan a la Sala del Senado para avanzar en completar los jueces que aún faltan en los Tribunales Ambientales”, agregando que “creo que es una buena presentación de cada uno de ellos”.
• Aunque antes, la parlamentaria dijo: “No hay nada más dañino para la protección del medio ambiente que una judicatura, que los Tribunales Ambientales terminen politizando la discusión, que no fallen con apego a la ley o que directamente terminemos con activistas judiciales medioambientales en estas instancias”.
• Desde el Ejecutivo, en tanto, altas fuentes defienden la decisión y relativizan las críticas.
• Según esa visión, estos cargos históricamente se han definido bajo lógicas de cuoteo político, y en administraciones anteriores habrían estado mayoritariamente alineados con sectores de derecha, por lo que el actual escenario respondería a una dinámica ya conocida.

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