Lo nuevo. El viernes pasado, AES Andes ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una solicitud de desistimiento del megaproyecto INNA, iniciativa por US$ 10 mil millones, formalizando así su retiro del sistema ambiental.
No va más. Hace más de dos semanas, la compañía de capitales estadounidenses había anunciado que no seguiría adelante con el proyecto, al decidir concentrar sus esfuerzos en generación renovable y sistemas de almacenamiento, en línea con los lineamientos de su matriz en Estados Unidos.
El conflicto. INNA ha generado debate por el impacto que podría tener en el observatorio Cerro Paranal, uno de los centros astronómicos más importantes del mundo.
Expansión renovable en curso. Desde el lanzamiento de su estrategia Greentegra, AES Andes ha incorporado 2.181 MW de generación renovable y baterías en Chile, lo que le ha permitido alcanzar un 70% de su parque energético basado en fuentes renovables.
Inversión y señal al mercado. La inversión asociada a esta expansión supera los US$ 4.000 millones desde el inicio de Greentegra, posicionando a AES Andes como uno de los principales actores regionales en generación renovable y almacenamiento.
Publicaciones relacionadas
Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.
