Polémica en Puertecillo por concesión a pescadores en sector clave del borde costero

La instalación de una caleta pesquera en un tramo estratégico del borde costero abrió un conflicto entre autoridades, pescadores y actores turísticos, en medio de cuestionamientos al proceso y a la baja rentabilidad social del proyecto.

Lo nuevo. A sólo 160 kilómetros de Santiago, Puertecillo se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los principales destinos de surf del país.

• Su extensa playa de arena negra, flanqueada por acantilados y mar abierto, y su reconocido point break en el extremo sur —conocido como “El Rincón”— han convertido a la zona en un polo de atracción para surfistas nacionales y extranjeros.
• Sin embargo, hoy su desarrollo turístico enfrenta una de sus mayores amenazas: la instalación de una caleta pesquera en un sector clave del borde costero.
• Desde distintos actores del mundo turístico, comercial y de la sociedad civil local han advertido que la concesión marítima en trámite podría alterar de manera irreversible el ecosistema, el acceso público y el modelo de desarrollo que ha impulsado el crecimiento de Puertecillo durante los últimos años.

De enclave aislado a destino internacional. Durante décadas, Puertecillo permaneció relativamente aislado debido a su compleja geografía y precarias vías de acceso.

• Recién a partir de los años 80 comenzó a atraer a surfistas que permanecían por meses en la zona, acampando o alojándose en infraestructura básica.
• Con el tiempo, el lugar se transformó en un referente del surf en Chile, sumándose a circuitos como Pichilemu y Topocalma, con una creciente oferta de hospedaje, gastronomía y servicios vinculados al turismo de naturaleza.
• Hoy, el municipio de Litueche ha definido este tipo de turismo como uno de los pilares estratégicos de su desarrollo económico, condicionado al libre acceso y uso del borde costero.

La concesión en disputa. El conflicto se origina en una concesión marítima solicitada por un sindicato de pescadores de la comuna de Navidad para instalar una caleta en territorio de Litueche.

• El proceso ha contado con el respaldo histórico de la senadora Alejandra Sepúlveda, quien ha apoyado las demandas del gremio desde hace más de una década.
• Según antecedentes oficiales, el sindicato agrupa a 27 asociados, concentrados principalmente en tres familias, y en la práctica opera con un número muy reducido de pescadores activos.
• Registros de Sernapesca indican que en 2025 utilizaron la concesión sólo ocho pescadores; en 2024 y 2023, apenas cuatro. Durante todo 2024, la extracción total fue de apenas 90 kilos de productos del mar.
• Pese a ello, la concesión compromete un tramo relevante del borde costero, restringiendo el uso recreativo, turístico y deportivo del sector.

Los cuestionamientos. Hace algunos meses, la Municipalidad de Litueche solicitó a la Contraloría General de la República revisar la legalidad y razonabilidad del acto concesional, argumentando deficiencias procedimentales, ausencia de participación territorial y falta de fundamentación técnica.

• Entre los cuestionamientos planteados figuran la inexistencia de consultas a la comunidad local, la exclusión de la autoridad comunal del proceso y discrepancias en la delimitación del borde costero.
• La Contraloría respondió que no podía pronunciarse mientras no existiera un acto administrativo terminal, derivando la responsabilidad a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
• Desde esa repartición, encabezada por Galo Eidelstein, se instruyó al Gobierno Regional de O’Higgins convocar en un plazo de 30 días hábiles a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC).
• El plazo vence el 10 de marzo de 2026, pero el Gore resolvió citar a la comisión en pleno verano, para este jueves, una decisión considerada inédita por actores locales, dado que tradicionalmente el organismo no sesiona en este período para asegurar quórum y análisis adecuado.

Críticas al proceso. Uno de los principales cuestionamientos apunta a los plazos. Los integrantes del CRUBC han sido notificados recientemente, disponiendo de apenas seis días hábiles para estudiar extensos antecedentes técnicos y jurídicos.

• Desde el entorno municipal y organizaciones locales advierten que una votación sin información suficiente podría constituir una actuación administrativa deficiente, reprochable por falta de diligencia y fundamentación.
• Además, la composición de la comisión —integrada mayoritariamente por autoridades designadas por el actual gobierno— ha generado preocupación por el eventual sesgo político en la decisión.
• La reclamación se resolverá por mayoría simple.
• Durante la sesión de este jueves, el primer punto en tabla será la posibilidad de aplazar la decisión, una opción que cuenta con el respaldo de los consejeros regionales y del propio Gobierno Regional, que consideran injustificado el nivel de apuro en la tramitación y buscarán solicitarla de manera conjunta, ya que el Gore no puede hacerlo de forma unilateral.