Los principales organismos de intermediación que por mucho tiempo fueron los partidos políticos hoy están en una profunda crisis de legitimidad y, prácticamente desaparecido su rol de intermediación entre la sociedad y el estado, caminan a la deriva buscando infructuosamente redefinir su rol y utilidad en las sociedades contemporáneas. A nadie se le ocurre hoy, como era usual hasta hace algunas décadas, ir a un partido para que procese sus demandas y las haga llegar al estado, cualquier actor social, por pequeño y marginal que sea, no busca otro intermediario que no sea un medio de comunicación o las redes sociales para amplificar y hacer que sus demandas sean escuchadas.
De ahí que nadie se llama a escándalo -salvo los involucrados- cuando en Chile el presidente electo decide derechamente prescindir de las directivas de partidos políticos para gobernar, conformando su gabinete ministerial con más de dos tercios de figuras independientes que no reconocen militancia en partido político alguno y redobla su apuesta con un equipo de subsecretarios donde más la mitad de sus miembros son independientes cuyo reclutamiento proviene directamente del gabinete presidencial o de los propios ministros.
La crisis de legitimidad y de redefinición de roles que viven los partidos se ve profundizada por la fragmentación política derivada en parte de la misma crisis, pero también de la facilidad para cumplir los requisitos legales para constituir partidos y del modo en que se otorga el financiamiento público sin esperar a que demuestren niveles razonables de adhesión electoral.
La excesiva fragmentación y la creciente dificultad de los partidos para conformar alianzas estables refuerzan el poder de los gobiernos, porque ello ocurre -y malamente- solamente en torno al poder ejecutivo que define políticas públicas y distribuye poder.
Si en 1990 prácticamente no había parlamentarios independientes, hoy día casi un tercio de la Cámara no tiene militancia política en partidos y, en la situación de empate político en el Senado, el puñado de independientes puede jugar un rol determinante. Y más allá de la condición legal de los parlamentarios, la verdad es que incluso buena parte de los militantes de partido se comportan en sus decisiones legislativas y políticas como si fueran independientes.
Las mayorías -también las minorías- parlamentarias surgidas de cada elección son por definición teóricas e iniciales, pues los partidos políticos no pueden garantizar ni la permanencia de los parlamentarios en sus partidos ni el voto de todos sus militantes para lo que decidan. La experiencia de los últimos años es que en la activación de las mayorías o en la construcción de acuerdos para hacer avanzar una ley, las directivas partidarias juegan un rol muy secundario en desmedro de la acción directa -política y clientelar- de los miembros del poder ejecutivo.
Por eso es razonable que Kast y su equipo hayan retrocedido de su intención de repetir el modelo de mayoría independiente también en los delegados presidenciales en las 16 regiones del país. Aquí sí están los militantes de partidos y seguramente estarán también a la hora de distribuir el poder regional.
Porque los ministros y subsecretarios son muy relevantes para las directivas partidarias, pero a los parlamentarios les importa menos la militancia del ministro y del subsecretario que la del gobernador provincial, el Seremi de Salud o el director del Serviu. Un gobierno puede vivir con la insatisfacción de las dirigencias partidarias pero no puede avanzar si no cuenta con mínimos grados de satisfacción con su gestión por parte de diputados y senadores.
Si el foco del primer gabinete del presidente Boric era político-social y toda la atención se centraba en el gabinete político y el esfuerzo por aprobar una nueva constitución política, el foco del primer gabinete del presidente Kast será indiscutiblemente la seguridad y el crecimiento económico, todo su esfuerzo estará orientado a alejar la discusión de la política para enfocarla en la recuperación económica, la seguridad y el control migratorio. De allí la decisión de constituir dos comités para eso, en paralelo a un Comité Político que será mucho menos protagónico de lo que ha sido en el periodo presidencial que termina.
Gobernar con intermediarios debilitados obliga a actuar permanentemente como si se estuviera en campaña. Con autoridades muy presentes en la calle, visibilizando sus acciones, respaldando comunicacionalmente sus iniciativas legislativas, movilizando sus mensajes en las redes sociales, en fin, como si las elecciones estuvieran siempre a la vuelta de la esquina, como si los ciudadanos fueran electores permanentemente. Aunque la gran ventaja de Kast respecto de Boric es justamente que enfrentará la primera medición electoral a 31 meses de iniciado su gobierno, mientras el presidente en ejercicio sometió a plebiscito todo su programa político antes de cumplirse 6 meses de iniciado su mandato.
Gabriel Boric le ganó a Kast en diciembre 2021con 55,9% y por casi un millón de votos, pero sólo 3 semanas después del 11 de marzo ya el rechazo a su gestión había superado a la aprobación en la encuesta Cadem. José Antonio Kast le ganó a Jeannette Jara con 58,2% y por 2 millones de votos, pero su amplia ventaja proviene casi exclusivamente de los nuevos votantes, los que incorporó el voto obligatorio, que votaron contra el gobierno saliente, que definen su preferencia desde sus urgencias, desde donde les aprieta el zapato, no votan desde un marco de referencia ideológico ni desde una posición definida en el eje izquierda-centro-derecha, por lo que se presume se trata de un respaldo lábil, voluble, políticamente imprevisible, condicionado a la satisfacción pronta de sus expectativas.
Aunque Kast, por efecto del voto obligatorio y de su mejor performance, tuvo el respaldo explícito de 2,6 millones de electores más que Boric, está también expuesto a que hoy los ciudadanos le dan a las autoridades lunas de miel cada vez más breves. Todo dependerá de su capacidad para mantenerse concentrado en las prioridades centrales del país y particularmente de los nuevos electores, sin distracciones ni gustitos ideológicos que lo pongan en riesgo.
Tiene todo 2026 y 2027 para satisfacer o frustrar las expectativas ciudadanas de que el país mejore, como dicen las encuestas hoy, en seguridad, control migratorio, crecimiento económico y empleo.
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