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Febrero 11, 2026

“Graves irregularidades” tras el mega incendio: los más de $1.100 millones que rastreará Fiscalía

Ex-Ante
Los efectos del fuego en el sector El Olivar de Viña del Mar, el 3 de febrero de 2024. (Diego Martin / Agencia Uno)

“La DRAV (Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso) autorizó un pago improcedente (…) por un total de $434.112.000” en demoliciones, dijo uno de los informes de Contraloría que dio origen a la indagación penal. Otro reporte advirtió de pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar.


Lo nuevo. El director de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional Eugenio Campos anunció este miércoles que remitieron a la Fiscalía Regional de Valparaíso los antecedentes de la Contraloría General de la República sobre el presunto mal uso de más de $1.100 millones destinados a dar respuesta al mega incendio que golpeó en febrero de 2024 a esa región.

  • Se trata, en principio, del informe 805 / 2025, que analizó los gastos en demolición de viviendas por parte de la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Este informe objetó pagos indebidos por más de $434 millones, entre otras anomalías.
  • Por tratarse de una investigación desformalizada, la indagación podrá abrirse a los otros cuatro informes de Contraloría sobre la tragedia, que dejó 138 muertos.
  • Estos son los pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar.
  • A esto se sumó el manejo de la crisis por parte de  la Municipalidad de Viña del Mar dirigida por la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), a la que se cuestionó pagos no acreditados asociados a arriendo de vehículos y otros por $431 millones; además de donaciones por $33 millones no ingresadas al presupuesto.
  • Un cuarto reporte objetó el manejo de la contingencia por parte de la delegación presidencial, entonces encabezada por Sofía González (PC), pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones, además de sobreprecios de hasta un 557%.
  • Un quinto informe cuestionó además la respuesta de la municipalidad de Quilpué liderada entonces por Valeria Melipillán (FA), a la que representó irregularidades en ayudas y pagos improcedentes.

Qué dijo la fiscalía. “Hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados en la Dirección Regional de Arquitectura”, dijo Campos en un video.

  • “Aquellos informes remitidos por la Contraloría entonces, dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas, un centenar de viviendas, en los cuales estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los $1.100 millones”.
  • “Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados estos desde la Fiscalía Nacional, y a que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias”.

Por qué importa. Los informes de Contraloría golpearon al oficialismo y apuntaron a una de las prioridades del arquitecto Iván Poduje cuando asuma como ministro de Vivienda el 11 de marzo.

  • “Esto tiene una doble gravedad porque, como sabemos, esta reconstrucción ha sido un desastre”, dijo este martes. “Vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde, y vamos a llegar a las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos”.

Qué dijo Contraloría. “La DRAV (Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso) autorizó un pago improcedente a la empresa (palabra tachada) Excavaciones SpA por un total de $434.112.000, correspondiente a 114 viviendas, cada una valorizada en $3.808.000”, dijo el informe de ese caso.

  • En éstas, dijo el documento, “solo se realizaron labores de ‘desarme de restos de estructuras metálicas’, ‘demolición únicamente de radier’, ‘demolición solo de muro medianero’ y ‘retiro de escombros sin demoliciones asociadas’”.
  • El organismo precisó que observaron que “en lugar de la demolición comprometida, en 8 casos solo se constató el desarme y retiro de restos de estructuras metálicas; en 3 casos la demolición ejecutada se limitó exclusivamente al radier existente; en 5 casos solo se demolieron muros medianeros, y en 98 casos únicamente se realizó el retiro de escombros (AC)”.

El Olivar. El informe de Contraloría sobre El Olivar precisó que “se verificó que, en el marco de la demolición de 209 viviendas en el sector El Olivar, la empresa San Nicolás SpA recibió pagos por un total de $782.939.080 correspondientes a partidas como ‘cierre perimetral’, ‘emparejamiento de superficie’, ‘alzaprimado’, ‘arriostramiento colindante’ e ‘instalación sanitaria’, sin que se acreditara su ejecución conforme a los términos de referencia ni al contrato suscrito”.

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