Los elevados recursos públicos involucrados -que en enero llegaron a $7.009.644.357 desde el inicio de los pagos-, la lenta judicialización -con dos formalizados tras dos años de investigación- y las dudas que persisten sobre las falsas víctimas entremezcladas con las reales, son tres materias que abordará La Moneda tras el 11 de marzo.
Lo nuevo. La Tesorería General de la República depositó el 16 de enero $204.951.320 a los beneficiados con pensiones de gracia del 18-O; una de las medidas adoptadas tras el estallido social de 2019 que, conocedores del caso, adelantan será revisada por el presidente electo José Antonio Kast (Republicanos), tras el cambio de mando del 11 de marzo.
- Con esa última transferencia, los montos pagados por este concepto sumaron $7.009.644.357 desde el inicio del proceso, detalló la Tesorería tras una solicitud por ley de transparencia en que se consultó por los rut de los 418 beneficiados.
- El ascenso a US$8,2 millones de este gasto fiscal —equivalente al precio de cerca de 70 ambulancias— se conoció a un mes del fin del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que otorgó 270 de estas pensiones vitalicias, versus 148 otorgadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.
- El beneficio ha generado controversia por la detección de falsas víctimas entre docenas de casos reales y por las vulnerabilidades del mecanismo de asignación, basado en los testimonios entregados por los denunciantes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
- En 2024 el gobierno revocó 28 beneficios. El 5 de febrero canceló tres pensiones más.
- Esto ha derivado en que parlamentarios —que a partir del 11 de marzo serán parte del oficialismo— estén pidiendo que se revoquen los casos controvertidos o bien que se suprima en su totalidad la entrega del beneficio.
Qué piden los parlamentarios. El diputado y hoy senador electo Andrés Longton (RN), quien ha oficiado al Ministerio del Interior por la materia, dijo en enero que pedirá a Kast “que revoque todas y cada una de las pensiones de gracia mal otorgadas a falsas víctimas del estallido social, que le están costando miles de millones de pesos a todos los chilenos”.
- La diputada electa Javiera Rodríguez (Republicanos) afirmó este viernes que éstas “deberían terminar, sin excepción alguna. Es un beneficio que no tiene trazabilidad, donde supuestas víctimas reciben un pago por haber estado involucradas en situaciones violentas durante el estallido”.
- “Todavía existen carabineros sufriendo por cuantiosos juicios, mientras los manifestantes son declarados a priori inocentes y además reciben un beneficio estatal”.
Los tres flancos abiertos. Los elevados recursos públicos involucrados, la lenta judicialización de los casos y las dudas que persisten sobre las falsas víctimas son tres de las materias que deberá abordar el nuevo gobierno.
- Elevados recursos públicos. Los más de $200 millones que mensualmente destina el estado a pagar pensiones de gracia permiten proyectar que, de no tomarse medidas, el gasto público por este concepto superaría los $9.000 millones a fines de 2026, contando desde el inicio de la entrega del beneficio.
- Lenta judicialización. En enero de 2024, el fiscal nacional Ángel Valencia encargó al fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén la indagación de esta nueva causa. Tras más de dos años, sólo han sido formalizados cargos por fraude de subvenciones en dos casos, pese a que hay dudas respecto de otros.
- Uno de los casos formalizados es el de Francisco Gatica Catalán, quien declaró haber sufrido una lesión ocular por un perdigón de Carabineros en 2019 y que recibió un total de $7.341.227 antes de que el gobierno le revocara el beneficio. Según dijo más tarde a los abogados del INDH, su lesión fue en un accidente de tránsito. Hoy cumple arresto domiciliario nocturno.
- El otro es Robinson Jaramillo Monje, quien aseguró haber sido baleado en el tobillo por militares y a quien alcanzaron a depositarle $6.896.461.
- Jaramilllo quedó inicialmente en prisión preventiva, por tener dos condenas por violencia intrafamiliar y una tercera, a tres años de cárcel y sustituida por libertad vigilada, por abusar sexualmente de una niña en 2009.
- El 17 de diciembre se rebajó su medida cautelar a arresto domiciliario total.
- A estos casos formalizados se sumó el del ex prófugo por estafa Juan Francisco Villalobos Prado, quien sigue sin ser imputado (y además recibe su pensión) pese a que en enero se cumplió un año desde que el INDH dejó de respaldar su calidad de presunta víctima.
- Ese mismo mes, el tribunal cerró la causa por tortura a petición de la fiscalía, dejando su testimonio sin una resolución judicial ni una investigación abierta que lo respaldara.
- Autenticidad de los casos. El mecanismo de entrega de beneficios basado en el testimonio de los denunciantes ante el INDH es otro factor que a la fecha genera dudas sobre cuántos casos falsos hay entremezclados con las víctimas reales.
- A esto se suma que ni el INDH que presentó los casos, ni la comisión presidencial que los analizó, revisó sus antecedentes penales. La explicación que dieron fue que esto no era un requisito legal.
- El informe 419/2023 de la Contraloría General de la República identificó 58 casos con prontuario previo por “estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar”.
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