ProCultura: Las consecuencias del fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó desaforar a Claudio Orrego

La resolución unánime de la Corte (24-0) —cuyos argumentos se conocerán en los próximos días— se suma a la decisión del tribunal de alzada respecto de Alberto Larraín, en que cuestionó la calidad de la investigación. Si bien hay otras indagaciones desformalizadas a Gobiernos Regionales de Antofagasta, Valparaíso, el Ñuble, Biobío y Magallanes, si la fiscalía decide formalizar cargos en éstas, será con este fracaso a cuestas.

Lo nuevo. La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que este martes por la mañana rechazó unánimemente desaforar al gobernador Claudio Orrego, marcó una nueva derrota de la fiscalía y dejó virtualmente sepultado el caso ProCultura.

• El tribunal de alzada desestimó los argumentos esgrimidos por el fiscal de Antofagasta Cristián Aguilar para pedir quitar el fuero legal a Orrego y, de este modo, despejar la vía para solicitar medidas cautelares en su contra en una formalización de cargos por fraude al fisco.
• La resolución —comunicada a los intervinientes por el presidente del tribunal Fernando Carreño y que será redactada por la magistrada Sandra Araya—, se sumó a la adoptada el jueves 12 por la misma Corte, que confirmó la decisión del juez Patricio Álvarez de rechazar dejar en prisión preventiva al siquiatra Alberto Larraín, cofundador de ProCultura, acusando debilidades en la investigación.
• La Corte estimó entonces que ni siquiera había méritos para dejar a Larraín y a otros tres imputados con arresto domiciliario, y mantuvo su orden de arraigo nacional.

Los cuestionamientos previos. “Esta Corte comparte lo razonado por el tribunal a quo en cuanto a que los antecedentes invocados por los acusadores no alcanzan a satisfacer el estándar exigible para imponer a los imputados las medidas cautelares solicitadas”, dijo la resolución anterior del tribunal de alzada.

• Ésta planteó, además, que “hay que considerar la extensión temporal de la investigación (más de dos años y medio) y el acceso por parte de los acusadores a fuentes probatorias relevantes, tales como teléfonos celulares y cuentas bancarias de los imputados y de la entidad involucrada, pese a lo cual el soporte probatorio aportado en el debate cautelar mantiene déficits”.

Por qué importa. El rechazo al desafuero de Orrego, sumado a la decisión de la Corte respecto de las medidas cautelares de Larraín, entrega una mal pronóstico a la investigación del traspaso de $1.683.788.000 que el Gobierno Regional (Gore) dirigido por Orrego el 2022 para llevar a cabo el programa de prevención de suicidios Quédate, coinciden conocedores de la indagación.

• Si bien hay otras investigaciones desformalizadas a Gobiernos Regionales de Antofagasta, Valparaíso, el Ñuble, Biobío y Magallanes, si la fiscalía decide formalizar cargos en éstas, será con el fracaso de la arista metropolitana a cuestas.
• Esta causa es sensible para el oficialismo ya que involucra a seis gobernadores oficialistas al momento de firmarse los convenios.
• El futuro del caso ProCultura también es relevante para el Ministerio Público por tratarse de una causa por la que han pasado tres fiscales regionales.
• El primero fue el exfiscal Carlos Palma de Aysén, hoy imputado en el caso Audios. Lo siguió el fiscal de Coquimbo Patricio Cooper, quien fue sacado de la causa luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las escuchas telefónicas a la siquiatra Josefina Huneenus —ex señora de Alberto Larraín—, que incluían diálogos con el Presidente Gabriel Boric. El tercero fue el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro, que lleva actualmente el caso.

Los alegatos. En su alegato de este martes, el fiscal Aguilar planteó que el traspaso de fondos a ProCultura en 2022 había ocurrido por la amistad entre Orrego y Larraín, quien es considerado su ahijado político en la DC y que había antecedentes de esta intención desde agosto de 2021, según mostraron los mensajes del grupo de WhatsApp “Correr el cerco”.

• Argumentó también que esto ocurrió pese al conflicto de interés derivado de que el 8 de junio de 2022 —21 días antes de que el Gore autorizara el traspaso de fondos—, el Consejo Regional había aprobado la propuesta del gobernador Orrego de nombrarlo director de la corporación de desarrollo del Gobierno Regional, que el mismo presidía.
• El traspaso, además, ocurrió en una sola cuota y sin licitación. Del total, la fundación no devolvió $1.015.283.548 que no fueron ejecutados.
• “No estamos atribuyendo culpabilidad al señor Orrego, solo queremos formalizarlo y solicitar medidas cautelares, y nos parece que hemos entregado antecedentes suficientes: entendemos que hay concierto, sí, hay dolo y perjuicio a fondos estatales”, dijo el fiscal.
• El abogado Ciro Colombara, defensor del gobernador, destacó los reveses de la fiscalía en tribunales.
• También, errores cometidos por el Ministerio Público, como la incorrecta identificación en un audio de la representante legal de ProCultura Constanza Gómez, cuando en realidad se trataba de la jefa de estudios Teresa Abusleme, ambas imputadas al igual que Larraín.
• “El desafuero no es un trámite formal, es un antejuicio de probabilidad y requiere de un examen serio de plausibilidad”, dijo Colombara, “nada de lo cual ocurre en este caso”.
• “La fiscalía de Antofagasta desconoce el trabajo del Gobierno Regional, lo plantea como una improvisación para defraudar al fisco; desconoce las normas legales aplicables a las transferencias de fondos; desconoce que se favoreció a más de 15 mil personas y más de 150 instituciones; desconoce que se cauteló el 100% de los recursos públicos mediante las pólizas de garantía y por ende no habrá perjuicio fiscal”, enfatizó.
• Orrego ha descartado haber cometido irregularidades.

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