Megaincendio: Correos señalan que subsecretaría de Monsalve recomendó a cuestionada empresa San Nicolás

“La Delegación señala que las empresas fueron además recomendadas por la UGRE de la Subsecretaría del Interior, lo que se materializó mediante correos electrónicos, los cuales se acompañan como respaldo”, señala el informe de Contraloría. La repartición, entonces bajo el mando de Manuel Monsalve, visó las millonarias contrataciones sin licitación, tras el megaincendio de 2024.

La elección de la empresa. Una de las preguntas abiertas en el caso de las millonarias contrataciones vía trato directo que realizó la Delegación Presidencial Regional Valparaíso, tras el Megaincendio de 2024, es por qué se eligió a San Nicolás SpA, sociedad a la que se transfirió $6.725.655.566.

• Contraloría comprobó que la empresa creada en 2021 -cuyo propietario es un jóven de 20 años- no contaba con maquinarias ni personal, por lo que subcontrató de manera irregular todos los servicios, y con un sobreprecio de hasta 557,89% en algunos casos. Además, no se acreditó debidamente los servicios prestados y en la dirección que declaraba la sociedad, funcionaba un centro de estética.
• La Delegación de Valparaíso respondió a Contraloría que se designó a dicha empresa porque “fue la primera en atender las consultas de la Delegación, tanto en cuanto a su capacidad para abordar la envergadura del trabajo como al tiempo de respuesta requerida. Finalmente, indicó que dicha empresa era conocida por el nivel central, dado que había prestado servicios en otras emergencias previas, como las ocurridas en la Región del Biobío”.
• De hecho, el primer contrato con el Estado que registra San Nicolás fue con la Delegación Presidencial del Biobío, que era liderada por Daniela Dresdner (FA) y que le otorgó un trato directo por $205 millones. La veintena de contratos con esa delegación suma $528 millones. También hay contratos con la delegación de O’Higgins que encabeza Fabio López (PPD) por más de $400 millones.

“Fueron recomendadas”. En sus descargos, la Delegación de Valparaíso bajo el mando de Sofía González (actual diputada electa del PC), señaló sobre la contratación de San Nicolás así como de Minera y Constructora Río Grande, que “la Delegación reitera que ambas empresas figuran como hábiles en el sistema Mercado Público (…) Asimismo, destaca que ambas empresas han sido contratadas previamente por otras Delegaciones Presidenciales Regionales para atender situaciones de emergencia, con resultados satisfactorios”.

• La delegación deslindó responsabilidades en el gobierno central: “En ese contexto, la Delegación señala que las empresas fueron además recomendadas por la UGRE de la Subsecretaría del Interior, lo que se materializó mediante correos electrónicos, los cuales se acompañan como respaldo”, indica el informe.
• La UGRE es Unidad de Gestión Riesgo y Emergencia, perteneciente a la Subsecretaría de Interior, que entonces lideraba Manuel Monsalve (ex PS), quien dejó su cargo el 17 de octubre de 2024 y hoy está formalizado en una investigación por abuso sexual y violación contra una funcionaria de la subsecretaría.

Rol de la Subsecretaría. De los informes emitidos por Contraloría donde se cuestionan las contrataciones tras los megaincendios se desprende que la Subsecretaría del Interior que coordinaba a las delegaciones presidenciales visó la entrega de recursos.

• Sobre los contratos con la delegación el informe indica que “cabe señalar que, si bien la Delegación fue responsable de gestionar y concretar los procesos de compra y emitir las resoluciones que autorizaron las contrataciones, estas debían contar con la aprobación previa del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred y de la Subsecretaría del Interior, en forma previa a su materialización”.
• “Enseguida, respecto al proceso de pago, este comienza con la revisión inicial por parte de las unidades técnicas responsables de cada contrato, seguida por la Delegación Senapred y finalmente, por la Subsecretaría del Interior, a través de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias, UGRE. Una vez obtenidas todas las visaciones correspondientes, la Subsecretaría transfiere los recursos a la Delegación”.
• Por ejemplo, el 5 de septiembre de 2024 se registra un pago a San Nicolás SpA por $465 millones.
• Ante los retrasos en los pagos de la Delegación de Valparaíso a San Nicolás, que reclamó la empresa, el 13 de noviembre de 2024 el entonces subsecretario del Interior, Luis Cordero (hoy ministro de Seguridad) ordenó abrir un sumario interno para determinar responsabilidades administrativas en la demora.

Fiscalizador. Contraloría cuestionó por qué la certificación de que los servicios de la empresa estaba a cargo únicamente del funcionario de Vialidad, Freddy Collao.

• Ante esto la Delegación respondió que conforme a un oficio de 2022 de la Subsecretaría del Interior, y a los convenios suscritos con la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso (que encabezaba Yanino Riquelme, militante PC y actual delegado presidencial), “la certificación emitida por la Dirección de Vialidad constituye respaldo suficiente para acreditar la prestación efectiva de los servicios”, señalaron.
• Yanino Riquelme fue quien, posteriormente recomendó la empresa a la dirección de Arquitectura del MOP.

Traspasos al MOP. Los documentos agregan que la subsecretaría del Interior aprobó el 7 de marzo de 2024, una transferencia de $18.939.339.450 a la Dirección Nacional de Arquitectura, con el objeto de contratar los trabajos de demolición de Viviendas y retiro de escombros en el sector El Olivar de Viña del Mar.

• “Sobre el particular, cabe señalar que efectivamente la entonces Directora Regional de Arquitectura de Valparaíso elaboró una minuta informativa de solicitud de recursas, que fue remitida a la Subsecretaría del Interior junto con la solicitud de fondos para la ejecución de los trabajos de demolición
• Luego el 15 de marzo de 2024, la dirección suscribió un convenio con San Nicolás SpA, para esos trabajos. El monto total del contrato ascendió a $6.795.138.000, lo que equivale a $7.306.600 por vivienda, notoriamente superior a otras ofertas recibidas.
• El contrato debió suspenderse en plena ejecución porque la empresa no entregó boleta de garantía, pero de todas formas se autorizó un pago de $1.527.079.400,  por las viviendas demolidas a la fecha. La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga pagos por $782.939.080, en que no está acreditada la ejecución.

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