Qué observar. El pasado viernes, Andes Iron, empresa a cargo del proyecto Dominga, sufrió un duro revés luego de que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolviera de manera unánime anular de oficio todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental dictado por el Primer Tribunal Ambiental.
Quién es quién. La resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue firmada por los ministros Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca. El tercer integrante es el ministro Dinko Franulic Cetinic, participó de la audiencia, de la deliberación y de la decisión, pero no firmó el fallo porque estaba con permiso (licencia o día administrativo).
Recurso de amparo a ex esposa de Alberto Larraín. Nacido en Antofagasta y egresado de la Universidad de Chile, el ministro Jaime Rojas asumió como ministro titular del tribunal de alzada. Cuenta con un Magíster en Derecho en la misma casa de estudios.
Licencia o día administrativo. El ministro Dinko Franulic Cetinic -integrante de la Sala- participó de la audiencia, de la deliberación y de la decisión, pero no firmó el fallo porque estaba con permiso (licencia o día administrativo).
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.