Desaladora suspende tramitación ambiental tras diferencias del SEA con el MOP

El Servicio de Evaluación Ambiental suspendió hasta el 31 de agosto de 2026 la tramitación del proyecto impulsado por la Dirección General de Concesiones del MOP, tras considerar excesivo el plazo de suspensión solicitado por el organismo para responder observaciones técnicas del proceso ambiental.

Qué observar. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió suspender el plazo de evaluación del proyecto “Desaladora de Coquimbo” hasta el 31 de agosto de 2026.

• La decisión se produce luego de que la Dirección General de Concesiones (DGC), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), solicitara el pasado 24 de febrero suspender la tramitación ambiental hasta el 15 de enero de 2027, con el fin de contar con más tiempo para responder el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) emitido por los organismos públicos.
• Sin embargo, el SEA estimó que el período solicitado era excesivo. En su resolución señaló que el plazo pedido por la DGC implicaba “un período adicional de suspensión de 311 días totales y 213 días hábiles de tramitación”.
• Por ello, el organismo evaluador decidió otorgar una extensión menor, fijando la nueva fecha límite para el 31 de agosto de 2026.

Las razones de la suspensión. La DGC argumentó que requiere más tiempo para responder las observaciones contenidas en el Icsara presentado a mediados de diciembre de 2025.

• Según el documento ingresado al SEA, el Estado debe realizar una serie de campañas de terreno y estudios complementarios que están sujetos a autorizaciones administrativas o a ventanas temporales específicas.
• Entre ellos se contempla una caracterización arqueológica en dos puntos del área del proyecto, para lo cual deberán tramitar permisos ante el Consejo de Monumentos Nacionales y contar con arqueólogos especializados.
• También se realizará una modelación de ruido submarino y un estudio de calidad del aire.
• “Por primera vez se solicitó una modelación acústica submarina para evaluar posibles impactos en cetáceos, además de un nuevo informe de estimación de emisiones atmosféricas”, indicó la DGC en su presentación.
• A esto se suman análisis adicionales sobre el uso de hierbas medicinales y la interacción espiritual de comunidades indígenas presentes en la zona, así como antecedentes complementarios sobre la posible afectación a la flora, la vegetación y sus hábitats.

Proyecto clave para la región. La iniciativa fue anunciada por el gobierno de Gabriel Boric en enero de 2024 y busca abastecer de agua potable a las comunas de Coquimbo y La Serena.

• Se trata de la primera desaladora licitada bajo el sistema de concesiones de obras públicas. La planta tendrá una capacidad inicial de 800 litros por segundo, ampliable a 1.200 litros por segundo.
• El proyecto considera una inversión estimada de US$ 318 millones y beneficiaría a más de 540 mil personas en las comunas de La Serena, Ovalle y Coquimbo, al aportar una nueva fuente de agua en medio de la crisis hídrica que afecta a la región.
• En su anterior Adenda, ingresada en agosto de 2025, el gobierno estimaba obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en junio de 2026 y comenzar la construcción en agosto de ese mismo año.
• Sin embargo, fuentes ligadas a la industria sostienen que, tras este nuevo ajuste de plazos, la DGC deberá “apretar el acelerador para sacar la RCA a tiempo”.

Una licitación con problemas. El proyecto también enfrentó dificultades en su proceso de licitación, marcado por errores administrativos que terminaron reduciendo el interés de las empresas.

• Aunque más de 40 compañías compraron las bases, finalmente solo dos presentaron ofertas para adjudicarse la iniciativa.
• Según fuentes de la industria, la baja participación reduce la competencia y puede incidir en el precio final de las propuestas. Entre las críticas al proceso se mencionan demoras en responder consultas, cambios de plazos y dudas respecto de las reglas del negocio.
• Pese a ello, en noviembre de 2025 la empresa española Sacyr se adjudicó la licitación del proyecto, cuya construcción podrá comenzar una vez que el estudio ambiental presentado por el Ministerio de Obras Públicas obtenga su RCA.