-¿El quiebre entre el gobierno entrante y el saliente a propósito del cable chino fue la antesala de las fricciones que vendrán en este nuevo ciclo político?
-No sé si fue un quiebre, fue un enfrentamiento en un tema importante que también tuvo complejidades en el manejo comunicacional y político. En Chile nos pasa que al estar al fin del mundo a veces olvidamos el contexto mundial. Y con todo lo que está ocurriendo no sé si están los tiempos para andar peleándonos tanto sin preocuparnos de lo que pasa afuera. Como se vio con el tema del cable chino, hay una tensión geopolítica que hay que abordar con una visión de país, no puede haber dos miradas acerca de temas fundamentales para Chile.
-Desde esa mirada, ¿es posible que el Partido Socialista esté abierto a una colaboración con el nuevo gobierno?
-A priori uno no puede decir colaboración, porque los parlamentarios tenemos que estudiar los proyectos en su mérito y no por colaborarle al gobierno, sino por preocuparnos de si es bueno para la gente. Y hay temas desde nuestro sector bien fundamentales y donde el nuevo gobierno tampoco ayuda. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el proyecto de conmutación de las penas, que es un proyecto para Punta Peuco, para decirlo como es. Y es un proyecto que, para un gobierno de emergencia que viene a enfrentar la inseguridad, también hay que poner en perspectiva, porque potencialmente podría liberar a 12.000 personas que han cometido delitos gravísimos.
-¿Estas tensiones favorecen que las izquierdas puedan actuar en bloque como oposición en este nuevo gobierno?
-Creo que la unidad se construye sobre razones, no solo en contra de, sino en base a un proyecto de país común para ofrecer a la ciudadanía. Cuatro años pasan muy rápido y nosotros tenemos que volver a ser una alternativa, pero sobre la base de acuerdos importantes entre todos los sectores que quieran adherir. La unidad es una página en construcción.
-¿No ha habido entonces mayor coordinación o relación después de estos episodios?
-En lo táctico sí, en el día a día, porque obviamente en un proyecto de esa naturaleza vamos a estar todos en contra. Pero cuando son otro tipo de temas, creo que tenemos que ir conversando cuáles son las formas de trabajar. Pero no veo el mismo dramatismo respecto a la derecha, que va a ser gobierno y sí me parece mucho más complejo que haya partidos de su sector que van a ser oposición. El Partido Libertario, tal vez, va a ser la piedra en el zapato para este gobierno, mucho más de que lo que vamos a ser nosotros como izquierda.
-Se acusó de amarres al gobierno saliente por personas que quedaron como funcionarios de planta, difíciles de remover. ¿Se necesitan cambios a las reglas de empleo público?
-Todos hablan de la modernización del Estado, pero nadie la hace. Estamos llenos de comisiones y es, como decía Arturo Alessandri, “cuando no quieres solucionar un problema, forma una comisión”. Vengo llegando de España donde me entrevisté con el ministro de Transformación Digital del PSOE que implementó un programa de modernización del Estado. ¿Por qué no podemos tomar esos ejemplos? En el empleo público creo que el sistema de ADP fue una buena intención, pero que no sirve. Se gasta un montón de plata en una consultora externa y al final termina la misma gente que podrías haber nombrado por otra vía. Hay cargos que son políticos y otros de naturaleza técnica y eso hay que determinarlo con claridad y evitar estos problemas.
-¿Qué genera esa muralla que no logramos llegar a puerto en esta materia?
-Yo lo he hablado con la ANEF y también tienen propuestas de modernización del Estado. Están abiertos a eso. Entonces si estamos todos de acuerdo, cómo no somos capaces sentarnos a la mesa y darle curso. Los funcionarios tienen que tener sanciones cuando no trabajan, pero también respeto con sus condiciones laborales, no pueden estar sujetos a los vaivenes de la política. Pero también hay una categoría de funcionario político y está bien que así sea.
-¿Se demoniza demasiado la confianza política?
-Lo que pasa es que ganan los políticos, pero después son todos técnicos. Y a final de los gobiernos la gente se empieza a volver técnica. Pero aquí el gobierno que gana obviamente tiene que llegar con su funcionarios.
-Ahora, hay consensos en materia de cambios al empleo público, pero también diferencias.
-Por eso digo hay que diferenciar. Un ministro tiene que llegar con su gabinete, con un equipo de confianza. Y las jefaturas de división obedecen a ciertos lineamientos políticos, pero de ahí para abajo lo que pasó en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, son cargos que coinciden con el término por el llamado de los plazos. No es que se esté nombrando ahora para dejarlo amarrado. Son personas que fueron a concurso. Creo que hoy también tratamos de meter todos al mismo saco y buscar el escándalo del día y así no se progresa.
-Como senadora y presidenta del Partido Socialista ¿va a estar disponible a empujar una reforma de este tipo en el gobierno de José Antonio Kast?
-Hay que ver cuáles son las condiciones y cómo se van a tratar los derechos de las personas, porque tampoco se trata de que el funcionario público quede desprotegido. Hoy el Estado es el peor empleador, tenemos una cantidad de empleados a honorarios que no tienen ningún tipo de derecho. Si queremos darle garantía de eficiencia a la gente, el Estado tiene que ser un empleador que cumpla con los derechos para los trabajadores. Por lo tanto, va a depender de qué trate esa reforma.
-Cuál es su visión respecto a la agenda para agilizar permisos que ha planteado el nuevo gobierno?
-Tenemos que como país buscar una conciliación entre el crecimiento, el desarrollo y la protección del medio ambiente, no puede haber incompatibilidades. Y, por lo tanto, el sistema regulatorio tiene que existir y tiene que haber una forma de abordar esto con permisos más eficientes, con menores tiempo, porque la certeza jurídica es importante. El problema es que hoy el proceso de evaluación es tan largo que a veces dura diez años. Y no es bajar el estándar, es acortar los tiempos, porque el inversionista, si puede cumplir el estándar y tiene certezas, va a invertir.
-¿Y usted cree que la reforma del Gobierno del presidente Boric cumplía ese criterio?
-Creo que se avanzó bastante, pero obviamente que quedan hartas cosas por hacer. Tenemos los tribunales ambientales, el Comité de Ministros. Pero tampoco creo que haya que caer en la desregulación, como he escuchado no solo en Chile, sino que en otros países de los cuales el presidente es cercano. Aquí no podemos quedar en tierra de nadie, porque toda esta normativa se implementó porque hubo casos graves de contaminación. Los glaciares hay que protegerlos, no porque sea conservacionista per sé, sino porque evidentemente tenemos un problema con el cambio climático que está impactando a todo el mundo.
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