Dominga: El sorpresivo giro de la Corte de Apelaciones y lo que viene en la Suprema

El proyecto de US$ 2.500 millones de inversión lleva más de 12 años de tramitación -por lo que para muchos, se ha transformado en un caso símbolo de la permisología-. Ahora, la Corte de Apelaciones suspendió los efectos de la resolución de febrero de 2026, que le daba un nuevo revés a la iniciativa. La Corte Suprema tendrá la última palabra.

Lo nuevo. Este lunes, el proyecto Dominga dio un nuevo giro judicial, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta aceptara un recurso de casación contra su propia sentencia del 20 de febrero de 2026.

• El mes pasado la Corte había anulado el dictamen del Primer Tribunal Ambiental, que daba luz verde a la iniciativa al acoger la reclamación de la empresa contra la decisión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto en enero de 2025.
• El nuevo recurso de casación no fue presentado por Andes Iron, sino por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, quienes están a favor de la iniciativa.
• Con esta nueva decisión judicial, la Corte de Apelaciones suspendió los efectos de la mencionada resolución de febrero hasta que la Corte Suprema decida sobre el caso.
• El Tribunal decidió suspender el proceso argumentando:
  • “El cumplimiento de la sentencia (de febrero) acarrearía perjuicios que haría imposible llevar a efecto la que se dicte si se acogen los recursos de casación (…) suspéndase la ejecución de la sentencia en tanto se encuentren pendientes recursos en la Corte Suprema”.
• Según fuentes consultadas, producto de la suspensión el proyecto minero portuario restablece la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
• Andes Iron también tiene vigentes reclamaciones realizadas hace unas semanas en la Corte Suprema y el Primer Tribunal Ambiental por el fallo de febrero.

Dominga. El proyecto lleva más de 12 años de tramitación, por lo que para muchos, se ha transformado en un caso símbolo de permisología y judicialización.

• Contempla una inversión de US$ 2.500 millones y la creación de cerca de 30.000 empleos durante la construcción.
• Además, produciría cerca de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.

Hitos. Lo resuelto por la Corte de Apelaciones este lunes se enmarca en la cadena de hechos judiciales en la que ha estado envuelto el proyecto. En marzo de 2017, la iniciativa vivió su primer revés, luego de que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Coquimbo, la calificara de forma desfavorable.

• Tras esto, recurrieron al Comité de Ministros que, en agosto 2017, confirmó el rechazo del proyecto.
• Tras distintos hechos, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó el primer semestre de 2021 que se debía volver a votar la iniciativa en la Coeva de Coquimbo que aprobó el proyecto por amplia mayoría en agosto de 2021, entregando la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) necesaria.
• Opositores a Dominga presentaron diversos recursos de casación ante la Corte Suprema, el cual resolvió que el caso debía resolverse en el Comité de Ministros.
• En 2023, la instancia ministerial nuevamente rechazó la iniciativa. Andes Iron vuelve a apelar lo resuelto ante el Tribunal Ambiental, el cual en diciembre de 2024 declaró la nulidad de lo resuelto en el comité.
• Además, acusó a algunos secretarios de Estado de transgredir principios de imparcialidad y confianza legítima.
• Luego, el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto en enero de 2025. Posterior a esto, un nuevo fallo del Tribunal Ambiental dejó sin efecto la anulación de la RCA.
• En febrero sufrió un duro revés luego de que la Corte de Apelaciones resolviera anular de oficio todo lo obrado por el Primer Tribunal Ambiental.
• La Corte determinó que el Tribunal Ambiental excedió sus atribuciones al ordenar que se aprobará el proyecto mediante vía administrativa.
• Hasta antes del fallo de la Corte de Apelaciones de febrero de 2026, que le dio el último revés, el proyecto mantenía en el SEA un estatus de aprobado, porque se tomaba en consideración la aprobación ambiental de 2021.