Lo nuevo. En medio del auge de grandes proyectos de desalinización en Chile -impulsados por la crisis hídrica y la demanda de la minería- ha comenzado a surgir una alternativa distinta, de menor escala y con foco descentralizado.
Cómo funciona. El modelo apunta a reducir el impacto ambiental y de infraestructura asociado a las desaladoras convencionales.
Por qué importa. La irrupción de este tipo de soluciones se da en un contexto donde la desalinización ha pasado a ser una pieza clave de la estrategia hídrica del país, especialmente en minería y zonas con estrés hídrico estructural.
El modelo de negocio. Para facilitar su adopción, la compañía ofrece esquemas de suministro de largo plazo bajo el modelo Water-as-a-Service, que evita inversiones iniciales por parte de los clientes y fija precios en contratos de entre 10 y 20 años.
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.