Ministro Poduje: gobierno “va a reversar la expropiación de Colonia Dignidad”

El ministro de Vivienda explicó la decisión, en entrevista con La Tercera, señalando que “tenemos una estimación que solamente la parte urbana son $47 mil millones de pesos. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado”. Agrega que no es una decisión ideológica y que “es puro criterio de prioridad social”. En 2024, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que la expropiación se haría de forma administrativa respecto al área vinculada a sitios de memoria.

Situación fiscal. “(Nos encontramos con) lo mismo. Mucho peor, y además con un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre. Esto nunca se nos dijo, nunca se anticipó. Fue un tremendo golpe cuando nos dimos cuenta, porque las cuentas del ministerio son muy complejas, ya que trabaja con presupuestos de proyectos que tienen varios años. En este caso nos traspasaron una deuda que equivale a casi todo un presupuesto completo”.

Proyectos detenidos. “El presupuesto está muy cargado al DS49, a las compras de terrenos que son muy caros. Pero también incluye proyectos que son una locura, por ejemplo, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que vale $ 22 mil millones. Hemos hecho una serie de ajustes, cosas que no vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es priorizar los recursos en función de las necesidades sociales”.

• En cuanto a los proyectos que ya decidieron echar pie atrás, señaló que “ya tenemos cuatro definidos: Colonia Dignidad, el Club Hípico de Punta Arenas, la ciclovía de la Alameda y recuperar parte de lo que se pagó por la expropiación de la Megatoma de San Antonio. Estos equivalen casi al 25% de todo el plan de reconstrucción del Biobío”.
• “Estos son cuatro de muchos. Tenemos una instrucción del ministro Quiroz de hacer recortes. Y tenemos, además, un déficit de arrastre. Entonces, claro, tenemos que lidiar con eso. Y yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego”.

Colonia Dignidad. “Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”.

• “Tenemos una estimación que solamente la parte urbana son $47 mil millones de pesos. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado. Puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar. Y nosotros trabajamos en función de las prioridades sociales de nuestros vecinos. Si nos sobra plata, bueno, podremos hacer estas cosas. Y quizás otros ministerios tienen los recursos para seguir con ese proyecto”.
• “Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”.
• En cuanto a la señal que eso daría al mundo de los derechos humanos, responde que “estamos velando por los derechos humanos de nuestros vecinos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios. Ese es su foco. Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren de violencia intrafamiliar”.
• “El punto es el siguiente: nosotros, con los recursos que tenemos, tenemos que atender las prioridades que tenemos. Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda. La ciclovía de la Alameda la puede financiar el mismo gobernador o el Ministerio de Transportes. Yo tengo que construir colectores, porque las fecas de los vecinos del Campamento Manuel Augusto, que ya va a ser barrio, están contaminando parques que usan los niños. Esa es mi prioridad. Si usted me pregunta si yo prefiero evitar que las fecas caigan sobre parques que hacer una ciclovía…, no tengo dónde perderme. O expropiar el Club Hípico de Punta Arenas para hacer un proyecto faraónico también, que cuesta $22 mil millones”.
• El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, señaló en el programa Estado Nacional de TVN, que la expropiación se “pone en pausa” por razones presupuestarias.

Plan de expropiación. En 2017 bajo el gobierno de Michelle Bachelet -luego que el Consejo de Monumentos Nacionales declarara “monumento histórico” a los inmuebles y terrenos de la Ex Colonia Dignidad- se suscribió en Berlín un Memorándum de Entendimiento bilateral entre Alemania y Chile para establecer una “Comisión Mixta Chileno-Alemana”, para tratar esta materia.

• Además de la creación de un recinto de memoria, se contemplaba el establecimiento de un centro de documentación, cooperación en  causas judiciales y revisión de las sociedades y empresas surgidas al alero de la ex colonia.
• En una entrevista dada a Deutsche Welle en 2024, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que la expropiación se haría de forma administrativa respecto al área vinculada a sitios de memoria. “Los temas de Colonia Dignidad siempre han sido dificultosos”, indicó respecto al proceso.
• Para ello se estaba trabajando con el Ministerio de Vivienda y se contemplaba el pago de indemnizaciones según lo que estipulen las tasaciones.
• Monumentos Nacionales había decretado una zona correspondiente a 182 hectáreas como sitio histórico, cuyos propietarios son Inmobiliaria Bamberg Ltda e Inmobiliaria Bergneustad Ltda. De ese terreno se debía determinar cuáles califican como equipamiento comunitario, para definir las que serían finalmente expropiadas.

Programas de vivienda. Poduje agregó que “no puedo comprometer los programas de vivienda que tenemos. Y solamente se puede reducir el presupuesto por la vía de lo que he comentado, proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o que son extremadamente complejos”.

• “Hay un acuerdo con el ministro Quiroz que no se va a comprometer ninguno de los beneficios sociales de los planes habitacionales, ni tampoco la reconstrucción, que tiene un financiamiento distinto, pero que en Concepción lo estamos financiando con recursos regulares”.

Megatoma de San Antonio. “Nosotros consideramos que se pagó mucha plata ($ 11 mil millones). Y en segundo lugar, vamos a iniciar la investigación para saber quién organizó la toma, quién pagó la topografía, la arquitectura. Esta toma fue diseñada, acá hay profesionales que trabajaron, hubo camiones, logística. ¿Por qué el propietario permitió esto? ¿Por qué no lo paralizó a tiempo? Todo eso tenemos que investigarlo”.

• “Nosotros pensamos que ese terreno, en las condiciones en que está, sin factibilidad sanitaria, de escasa infraestructura, sin urbanización, no puede costar los $11 mil millones que se pagaron. Y estamos muy de acuerdo en que el Consejo de Defensa del Estado busque que se aplique una reducción del pago a $4 mil millones”.
• “Lo mínimo que podemos hacer es que ahí se pongan las familias que estaban antes en la fila en San Antonio.
• “Si esas familias (las que están ahí ahora) están después de la fila, se tienen que ir, obviamente. Esas casas no tienen permiso, son todas ilegales. Tenemos que volver a imponer condiciones básicas de urbanidad, de respeto por la ley”.

Medidas drásticas. “A nosotros no nos eligieron por lindos, al menos en mi caso. A mí el presidente me nominó por mis capacidades, porque tengo un cierto carácter para empujar las cosas que no son fáciles”.

• “La mejor forma de no tensionar el ambiente es tener un despliegue en terreno, que es lo que hemos hecho desde el primer día, incluso ya antes de asumir. Y hablando con los vecinos, diciendo la verdad, por dura que sea”.
• “No solo vamos a mejorar la entrega de viviendas respecto a lo que se hizo en el pasado. Vamos a entregar viviendas en tiempo más corto. Vamos a intervenir barrios que están tomados por el narco hace décadas en Quilicura, en Viña del Mar, en Talca. Y esos efectos se van a ver, no me cabe duda, en la popularidad del presidente y del gobierno”.

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