Lo nuevo. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, recibió este lunes a quien fue designado como nuevo director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Domingo Rojas Philippi.
Quién es. Rojas es ingeniero agrónomo y magíster en Dirección Financiera, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, principalmente vinculado al mundo agrícola.
Los desafíos del organismo. Desde el Gobierno subrayan que el principal reto de Rojas será fortalecer el rol del SAG como pilar del modelo agroexportador chileno. “La implementación de este modelo descansa en la fortaleza de nuestro sistema sanitario”, afirmó el ministro Campos, quien recalcó que el nuevo director cuenta con respaldo político para impulsar cambios en el servicio.
Incidencia en proyectos de inversión. Pero el rol del organismo va más allá del modelo de exportaciones y sanitario. El SAG también tiene incidencia directa en la evaluación de proyectos de inversión, a través de autorizaciones y observaciones técnicas que pueden determinar la viabilidad de iniciativas económicas.
Ley de permisología. A estos desafíos se suma la implementación de la denominada Ley de Permisología, que busca agilizar y ordenar los procesos de autorización sectorial para proyectos de inversión.
Publicaciones relacionadas
Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.