“La solicitud de renuncia no voluntaria a la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, ha sido presentada por algunos sectores como un conflicto de carácter humano.
Sin embargo, el foco de esta decisión no es personal ni de salud, sino estrictamente institucional. Se trata de un cargo de Alta Dirección Pública (ADP), cuya permanencia depende de la confianza de la autoridad política y de la capacidad de garantizar una gestión eficiente, coordinada y alineada con los objetivos del Ministerio.
En este caso, dicha confianza se vio comprometida por antecedentes objetivos y fundados que dan cuenta de deficiencias graves en la conducción del Servicio. En el marco de una auditoría y del proceso de levantamiento de información institucional, se detectaron inconsistencias reiteradas en la entrega de antecedentes, problemas de trazabilidad, retrasos, falta de integridad en la información y desalineación con las instrucciones ministeriales.
Estas situaciones no son menores: afectan directamente la capacidad del Ministerio para ejercer su rol de supervigilancia y tomar decisiones oportunas. A esto se suma un elemento crítico: la situación de la Fundación PRODEMU, cuya gravedad financiera y operativa —según auditoría interna— responde a una acumulación sostenida de deficiencias de gestión, con conocimiento de las autoridades responsables, incluyendo el SernamEG.
El informe es categórico: existe un deterioro estructural, con un déficit proyectado superior a $1.500 millones y pasivos que superan los $8.500 millones, además de irregularidades administrativas, falta de control interno y riesgo real de paralización operativa.
En este contexto, mantener la actual dirección implicaba sostener un escenario de riesgo institucional alto: debilitamiento del control interno, pérdida de confiabilidad de la información y exposición a riesgos financieros, operacionales y reputacionales.
Por lo tanto, la decisión adoptada por la Ministra responde a una obligación: garantizar la continuidad del servicio, resguardar el correcto uso de recursos públicos y asegurar que miles de mujeres sigan recibiendo atención oportuna y eficaz.
Las condiciones personales de salud, siendo completamente respetables, pertenecen al ámbito privado y no forman parte de los criterios de evaluación de desempeño ni de continuidad en un cargo de esta naturaleza.
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