La garantía del gobierno argentino. El 11 de marzo, antes de viajar a Chile a la ceremonia de cambio de mando, se conoció que el Presidente Milei ya había firmado la extradición a Chile de Galvarino Apablaza, el ex número líder del FPMR que se refugió en una residencia al oeste de Buenos Aires en 2003 tras participar en la década de los 90 en el homicidio al entonces senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
La demora. El juez federal Ariel Lijo tenía desde marzo en su escritorio el expediente de extradición de Apablaza, tras un largo proceso judicial. El ex frentista pidió refugio político tras su detención en Argentina hace más de dos décadas y la solicitud quedó años sin resolución en la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), dependiente del ministerio del interior argentino.
Su postulación a Procurador General. En círculos diplomáticos ha circulado profusamente que Lijo apuesta a convertirse en Procurador General de la Nación, luego de su controvertida postulación a la Suprema, hace dos años, que fue rechazada por el Senado.
El apoyo incondicional de Cristina Fernández. A continuación algunos episodios que relevan hasta dónde llegó el respaldo que le otorgaron Kirchner y Fernández al ex líder del FPMR, al que se sumó la Agrupación de las Madres de la Plaza de Mayo y la izquierda argentina, en particular el PC de ese país.
1. Rechazo de extradición
En 2005, bajo el gobierno de Kirchner, el juez Claudio Bonadio decidió no conceder el pedido de extradición a Chile, al entender que en ese país se había afectado el derecho al debido proceso.
2. Dilación en la CONARE
En julio de 2007, la Corte decidió suspender los recursos de apelación interpuestos por Chile hasta que hubiera una decisión firme sobre el pedido de refugio de Apablaza, pero pasados los años no hubo definiciones. Vale decir, la solicitud quedó en un limbo administrativo deliberado con Kirchner en la Casa Rosada.
3. La jugada decisiva de Cristina Fernández
En septiembre de 2010, la Corte Suprema argentina autorizó la extradición de Apablaza. Sin embargo, advirtió que la decisión final le correspondía al Poder Ejecutivo. Unos días después del fallo, el gobierno de Fernández decidió otorgarle a Apablaza el estatus de refugiado.
4. El argumento jurídico utilizado
La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado establece que “ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
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