Plan penitenciario. Entre las 72 iniciativas designadas como prioritarias por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ocho son proyectos del segmento carcelario que suman inversiones por US$ 4.189 millones.
20.000 nuevas plazas. La cartera también está impulsando junto al Ministerio de Justicia un programa para desarrollar nuevos recintos penitenciarios vía concesiones. Fuentes consultadas detallaron que ambos ministerios están trabajando en escoger dónde se van a construir nuevas cárceles y, también, seleccionar cuáles establecimientos se ampliarán.
Fronteras. Durante sus primeros días de administración, el Ejecutivo dio a conocer la estrategia “Escudo Fronterizo“, el cual apunta a combatir el crimen organizado y frenar la migración irregular mediante la construcción de zanjas.
Visita del ministro. El pasado sábado, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se trasladó a la localidad de Colchane para supervisar los avances del mejoramiento del complejo fronterizo de la zona y la expansión de la zanja fronteriza.
Infraestructura de PDI y Carabineros. Otro eje en materia de infraestructura de seguridad son el fortalecimiento de 18 instalaciones de Carabineros y siete de Policía de Investigaciones (PDI).
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.