El reciente ataque sufrido por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, lamentablemente no es un hecho aislado, sino el síntoma claro del deterioro de la convivencia cívica a nivel global que amenaza nuestras instituciones, la libertad y democracia. La autoridad fue retenida, insultada y agredida físicamente, en un espacio que, por definición, debería ser el refugio del debate y la pluralidad. Este episodio nos obliga a mirar una realidad incómoda: la violencia hace años se está normalizando en los espacios educativos en chile y todo el mundo.
La evidencia comparada es preocupante. Según el reporte de Free Speech Rankings 2026 de FIRE, uno de cada tres estudiantes universitarios considera valido, en ocasiones, el uso de la violencia para detener un discurso dentro del campus. A nivel global, estudios como Free to Think dan cuenta de un aumento sostenido de ataques violentos y censura en comunidades de educación superior.
Por otra parte, el informe del Consejo de Rectores sobre bienestar universitario (2025) reconoce explícitamente que los conflictos de convivencia y la falta de herramientas para el diálogo se han vuelto un desafío estructural para las universidades. Ya no solo se forman profesionales: están siendo obligadas a reconstruir habilidades básicas de convivencia que antes se daban por supuestas.
Por lo tanto, las universidades, concebidas históricamente como espacios seguros para el libre pensamiento y la confrontación de ideas en la búsqueda de la verdad, están cediendo terreno ante la intolerancia y la cultura de la cancelación.
En Chile, este fenómeno tiene raíces recientes y profundas. Resulta imposible no hacer un paralelo con el estallido social de octubre de 2019. Ahí, una parte significativa de la prensa, líderes de opinión y sectores políticos relativizaron la violencia, justificándola bajo el amparo de demandas sociales legítimas.
Se instaló una peligrosa narrativa que validaba la violencia como método de acción política. Hoy, sin embargo, frente a la agresión a la ministra Lincolao, hemos visto mayoritariamente una condena pública y transversal. ¡Ya era hora! Este consenso demuestra, con cierta esperanza, que la sociedad chilena ha comprendido que no existe violencia “buena” o “justificada” en democracia.
Jürgen Habermas. Filósofo alemán en su Teoría de la acción comunicativa decía: la democracia solo es posible cuando nos decantamos por “la fuerza del mejor argumento” en lugar del argumento de la fuerza. Habermas sostenía que los conflictos pueden terminarse a golpes, pero solo se solucionan dialogando. La razón comunicativa exige reconocer al otro como un interlocutor válido, incluso—y especialmente—cuando piensa distinto.
Si permitimos que la cancelación y el amedrentamiento reemplacen al diálogo, comenzamos a transitar un camino sumamente peligroso hacia la pérdida de la democracia. Las universidades son instituciones que datan de siglos, el último bastión de civilidad donde las ideas, siempre, deben chocar sin que las personas se destruyan. Porque una comunidad educativa no se define por la ausencia de conflictos, sino por la forma en que estos se gestionan y canalizan.
Y, en el último tiempo, en Chile, esa capacidad parece estar debilitándose, de forma que nos debe llamar a una reflexión profunda sobre cómo estamos abordando nuestras diferencias.
El desafío que tenemos todos es a cuidar y fortalecer estos espacios de deliberación. La invitación es a reflexionar sobre nuestro rol cívico: no podemos ceder ante la polarización que silencia al disidente. Es momento de reafirmar que la libertad de expresión y el respeto irrestricto por la dignidad del otro son innegociables. Solo a través de la fuerza del mejor argumento podremos asegurar que nuestras universidades sigan siendo faros de luz y no trincheras de intolerancia.
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