Por qué la ley de propiedad intelectual del Plan de Reconstrucción desató una tormenta en la industria de contenidos

El Gobierno incluyó en su proyecto de ley de Reconstrucción Nacional una norma que permitiría usar importantes volúmenes de datos sin pago de licencias, lo que desató críticas de medios y creadores por su impacto en los derechos de autor y el uso de contenidos para Inteligencia Artificial.

Lo nuevo. Una norma incluida en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional abrió un fuerte flanco con la industria de contenidos. Y es que el texto propone permitir el uso masivo de obras protegidas —como textos, imágenes, música y contenido periodístico— sin autorización ni pago de licencias, lo que fue interpretado por medios y creadores como una amenaza directa a sus modelos de negocio.

• La medida se materializa en un nuevo artículo (71T) a la Ley de Propiedad Intelectual, que establece la posibilidad de reproducir, adaptar o comunicar obras “lícitamente publicadas” sin autorización ni pago al titular, siempre que ese uso no constituya una “explotación encubierta”.
• El punto que genera más controversia en la industria de contenidos es que la excepción permitiría utilizar contenidos protegidos para la extracción, clasificación y análisis de grandes volúmenes de datos —incluido el entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial— sin compensación económica.
• Desde el sector advierten que la redacción abre la puerta a un uso masivo de obras sin autorización, en un contexto donde grandes empresas tecnológicas demandan datos para entrenar modelos, pero no participan en su financiamiento.

Las críticas. La propuesta encendió alertas en la industria de contenidos. Tanto la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) como la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) advirtieron que la redacción del artículo, tal y como está, abre la puerta a un uso masivo de obras protegidas sin autorización ni compensación económica.

• El presidente de Anatel y de la Federación de Medios de Comunicación Social, Pablo Vidal, señaló que “esta propuesta permite que contenidos generados por medios de comunicación, ya sea audiovisuales, escritos o radiales, puedan ser utilizados sin autorización ni compensación, lo que afecta directamente la sostenibilidad de los medios”. Añadió que ello impacta la calidad del trabajo periodístico y, en última instancia, a la democracia.
• A estos cuestionamientos se sumó la Asociación Nacional de Prensa (ANP), manifestando que la norma permitiría utilizar contenido periodístico —incluyendo noticias, reportajes e imágenes— para el entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial sin autorización ni pago, debilitando la posición de los medios frente a grandes actores tecnológicos.
• En tanto, la Archi planteó que la excepción implicaría transferir valor desde los medios —especialmente regionales— hacia empresas tecnológicas globales que no invierten en la producción de contenidos, profundizando una asimetría ya existente en el mercado publicitario.
• Asimismo, indicaron que la cláusula de “explotación encubierta” no entrega criterios claros y que, en la práctica, deja a los titulares enfrentados a litigios complejos y costosos frente a actores de escala global .

Qué implica. El profesor de Derecho de la Información de la Universidad Autónoma, Sebastián Zárate, advierte que el alcance de la norma es amplio, ya que cubre los principales derechos patrimoniales del autor —reproducción, adaptación, distribución y comunicación pública—, lo que en la práctica abarca la totalidad de las facultades económicas reconocidas por la legislación.

• Por otro lado, señala que se aplica a cualquier obra “lícitamente publicada” —categoría que incluye libros, artículos académicos, música, fotografía, obras audiovisuales y, de manera muy relevante, contenido periodístico—, por lo que sus efectos alcanzarían a autores y titulares de derechos en sentido amplio, desde la industria editorial y creativa hasta los medios de comunicación.
• Asimismo, recuerda que una versión de esta excepción ya había sido incluida en el proyecto de Inteligencia Artificial del gobierno anterior, aunque en ese caso contemplaba restricciones adicionales. De todas formas, esta fue rechazada.

La postura del Gobierno. Desde el Ministerio de Ciencia señalan que el espíritu de este artículo es actualizar la legislación de propiedad intelectual frente a los desafíos de la Inteligencia Artificial”. Esto, habilitando “el uso de datos a gran escala para investigación, desarrollo e innovación, con límites claros que eviten una explotación encubierta de las obras protegidas”.

• Respecto de por qué decidieron continuar con esta propuesta, que ya se discutió en el pasado, la cartera dice que apunta a “reducir la incertidumbre jurídica en el uso de datos para análisis masivo, condición clave para el desarrollo de IA, la investigación científica y la atracción de inversión tecnológica. En un contexto de avance acelerado de estas tecnologías, no contar con un marco claro implica rezago en capacidades, productividad y competitividad”.
• Al mismo tiempo, reconocieron que se trata de una discusión que “ya generó tensiones legítimas en el país”, especialmente desde industrias creativas, por lo que “el desafío es avanzar en un equilibrio efectivo entre promover la innovación y resguardar los derechos de los creadores, incorporando esos aprendizajes y perfeccionando la propuesta”.
• En la misma línea, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló en Mesa Central que el proyecto abre un espacio para que los distintos actores puedan perfeccionarla durante su tramitación. En ese contexto, planteó que el objetivo de la propuesta es impulsar el desarrollo de ciertos sectores económicos vinculados al uso intensivo de datos.
• Fuentes al interior del Gobierno dicen que se trata de un ajuste legal que permitiría la minería de datos, y que se entiende como una norma habilitante para la instalación de data centers en Chile.
• Fuentes al interior del Gobierno explican que se trata de un ajuste legal orientado a habilitar la minería de datos y, en esa línea, facilitar la instalación de centros de datos en Chile.
• No obstante, reconocen que la norma ha generado dudas en materia de propiedad intelectual, por lo que aseguran que están analizando cómo abordarlas adecuadamente, con el objetivo de dar certezas y asegurar el éxito de la medida.

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