Al momento de diseñarse el gabinete de Kast había dos visiones en tensión. La primera planteaba incorporar a los partidos desde el inicio, darles rol formal, anclarlos institucional y proporcionalmente al proyecto de gobierno de manera que tuvieran incentivos para sostenerlo en el Congreso y procesar las diferencias internas antes de que se volvieran públicas. Esta visión tenía una lógica de reparto de poder que había funcionado durante décadas en la política chilena, y que se inspiraba en este nuevo contexto en experiencias internacionales como la italiana.
La segunda visión apostaba por gobernar con técnicos de confianza, independientes, capaces de ejecutar rápidamente sin la fricción que traen los partidos. La lógica detrás de esa visión era que los equipos técnicos responden directamente al Presidente sin lealtades partidarias cruzadas, ejecutan con más velocidad y sin tener que negociar cada decisión con una mesa directiva. Para un gobierno que ganó prometiendo resultados rápidos y cambios concretos, esa capacidad de ejecución directa tenía atractivo evidente.
Ganó esa segunda visión. El gabinete resultante tuvo más independientes que cuadros partidarios, más tecnócratas que políticos de carrera. Ministros como Quiroz en Hacienda, Pérez Mackenna en Cancillería o Mas en Economía responden a esa lógica. Con todo lo que tiene a favor, el costo del diseño es que la capa política que conecta al Ejecutivo con el poder legislativo queda más delgada de lo que parece necesario, volviendo los costos de mantención más altos.
De hecho, los primeros problemas ya están emergiendo. Esta semana el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, el partido del propio Kast, salió públicamente a cuestionar el funcionamiento del Segundo Piso y a pedir que el ministro del Interior asumiera con plenitud su rol de coordinador político del gobierno. No fue un desliz ni una declaración aislada. Fue la señal de que la tensión entre la lógica técnica del Ejecutivo y la realidad política del Congreso ya está produciendo fricciones visibles desde adentro del propio sector.
A partir de esta evidente tensión, la pregunta es ¿qué tan durable es este diseño de gobierno en un Congreso tan fragmentado?
La historia reciente ofrece un punto de comparación útil. El primer gobierno de Piñera comenzó con un perfil técnico similar. Cuando la política entró de lleno, con la incorporación de los hasta entonces senadores Longueira en Economía, Allamand en Defensa, Chadwick en Segegob y Matthei en Trabajo, el gobierno ganó estabilidad y capacidad de maniobra legislativa. No porque esos ministros fueran mejores gestores que sus antecesores técnicos. Sino porque trajeron bancadas, interlocutores con la oposición y la capacidad de leer la presión política antes de que se convirtiera en crisis.
Boric también transitó ese camino. Comenzó con fichas personales como Izkia Siches en Interior y Giorgio Jackson en Segpres, y bajo presión las reemplazó por figuras más experimentadas como Carolina Tohá y Álvaro Elizalde, capaces de intermediar con el Congreso y contener el daño político. El patrón es claro. Bajo presión, los presidentes terminan recurriendo a la política para estabilizar lo que los técnicos o los independientes no pueden sostener solos.
Pero el patrón tiene una segunda parte que conviene no ignorar. En ninguno de esos casos la estabilización se tradujo en éxito político sostenido ni en dominancia política duradera. Piñera 1 se estabilizó, pero no construyó coalición. De hecho, le terminó entregando la banda al gobierno de izquierda más transformador desde el retorno de la democracia. Boric contuvo la caída, pero nunca recuperó suficiente capital para ganar el proceso constitucional ni para dejar una mayoría gobernante detrás.
La conclusión que se podría sacar de ese patrón es que, a partir de las tensiones actuales, un cambio de gabinete hacia figuras más políticas sería la solución. Pero esa lectura pasa por alto dos consideraciones importantes.
La primera es que todos los gobiernos de coalición tienen tensiones, y ningún cambio de gabinete las resuelve por sí solo. La segunda y más relevante es que el gabinete de Kast fue diseñado con un propósito específico y de corto plazo: empujar la megarreforma. Quiroz en Hacienda y Mas en Economía existen para ejecutar un paquete legislativo complejo con velocidad y sin las negociaciones internas que ralentizarían ese proceso.
Un ministro con partido detrás negocia con su bancada antes de negociar con la oposición. Eso tiene valor en otras etapas del gobierno, pero enlentece la ejecución cuando el objetivo es despachar una reforma en tiempo récord. Lo mismo va para los exsenadores Alvarado y García Ruminot, que están para darle el marco político a los esfuerzos técnicos.
Cambiar ese diseño inicial ahora, antes de que la reforma pase, sería descarrilar el objetivo central del gobierno en su momento más crítico.
Lo que se requiere no es un cambio sino un ajuste en la distribución de roles. Interior tiene el peso institucional y la legitimidad para coordinar la agenda política con el Congreso y los partidos. El Segundo Piso tiene la proximidad al Presidente y el conocimiento del programa para sostener la coherencia técnica de las decisiones. Si cada uno opera en lo que le corresponde, la tensión que mostró esta semana desaparece sin necesidad de tocar una sola cartera.
Una vez que la megarreforma esté despachada, el cálculo cambia. Ahí sí podría tener sentido incorporar figuras con mayor anclaje partidario, que puedan consolidar lo que los técnicos e independientes construyeron y traducirlo en capital político de largo plazo. La experiencia de gobiernos anteriores sugiere que esa incorporación funciona mejor cuando es una decisión anticipada que cuando es una reacción a la presión. Hacerlo de manera planificada, una vez asegurada la reforma, sería políticamente más eficiente.
Lo que muestra esta primera crisis política no es un problema de programa ni de dirección. Es un problema de coordinación, y los problemas de coordinación tienen solución sin necesidad de cambios de fondo. La pregunta que queda abierta no es si el gobierno debe ajustar, sino si tiene la disciplina para hacerlo de manera consistente y no solo como respuesta a la presión inmediata. De esa respuesta depende en buena medida si este gobierno termina ejecutando su programa o administrando el costo de no haberlo resuelto a tiempo.
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