Si la primera reacción del gobierno frente al trabajo en plataformas fue intentar encauzarlo mediante nuevas exigencias, la segunda —más reciente y probablemente más significativa— ha sido ajustar la regulación a las condiciones que impone ese propio mercado. El nuevo reglamento de la denominada “Ley Uber”, ingresado por el gobierno a Contraloría, no constituye solo una corrección administrativa: representa, en los hechos, una definición respecto de cómo enfrentar el trabajo en la economía digital.
El diagnóstico detrás del cambio parece claro: el diseño original imponía exigencias que amenazaban con reducir con fuerza la oferta de conductores, afectar ingresos y tensionar tarifas y disponibilidad del servicio. Frente a ese escenario, el Ejecutivo optó por una salida pragmática: rebajar barreras de entrada, simplificar requisitos y flexibilizar condiciones operativas para evitar efectos adversos sobre empleo y funcionamiento del mercado.
Las modificaciones son relevantes: se amplía la antigüedad permitida de los vehículos —hasta cinco años para incorporarse y quince para operar—, se eliminan exigencias técnicas como la cilindrada, se reducen trámites y se agiliza la incorporación y reemplazo de conductores. No son cambios menores; en la práctica, se redefine el umbral de entrada y se amplía la base potencial de trabajadores disponibles para el sistema.
Sin embargo, el punto central no está en el detalle normativo, sino en lo que revela políticamente. Esta flexibilización no es solo una política de transporte ni una política laboral tradicional. Es, más bien, una política de adaptación frente a un modelo organizacional cuya lógica el Estado no controla plenamente. La regulación deja de intentar moldear a las plataformas y pasa a acomodarse a ellas.
En ese giro subyace una decisión implícita: privilegiar acceso por sobre transformación. Se facilita el ingreso, pero no se modifica la arquitectura del sistema. Se reduce fricción regulatoria, pero no se interviene el núcleo donde realmente se administra el trabajo: el algoritmo. Y allí se concentra la discusión de fondo. El desafío de las plataformas nunca ha sido únicamente quién puede trabajar en ellas, sino bajo qué condiciones —muchas veces invisibles— ese trabajo es asignado, medido y remunerado.
El nuevo reglamento resuelve una tensión inmediata: evitar exclusión masiva y sostener empleo. Pero posterga una discusión más estructural: cómo regular entornos donde la asignación de tareas, la evaluación del desempeño y la distribución de ingresos descansan en modelos computacionales cuyos criterios no siempre son transparentes ni auditables.
Lo que emerge es una regulación asimétrica. Mientras el Estado define quién puede entrar y bajo qué requisitos formales, las plataformas continúan definiendo —mediante sus algoritmos— quién gana más, cuándo trabaja y en qué condiciones reales lo hace. La frontera entre política pública y diseño tecnológico no desaparece, pero se vuelve cada vez más difusa.
En ese contexto, la flexibilización adquiere otro significado. No es solo desregulación ni una señal pro empleo. También puede leerse como el reconocimiento tácito de que el margen de acción estatal está condicionado por la estructura misma del mercado que busca supervisar. La pregunta deja de ser si la norma es más dura o más blanda, y pasa a ser si logra incidir en aquello que efectivamente organiza la experiencia laboral contemporánea.
Porque el riesgo no es únicamente restringir demasiado el acceso. También lo es abrirlo ampliamente hacia un sistema cuyo funcionamiento profundo permanece opaco. Y en esa opacidad, la promesa de autonomía —tan central en el relato de las plataformas — comienza a parecerse menos a una conquista laboral y más a una ilusión cuidadosamente diseñada.
La nueva regulación parece haber asumido una realidad evidente: el trabajo en plataformas no puede prohibirse ni rigidizarse sin costos económicos relevantes. Pero aún queda pendiente una segunda comprensión, más incómoda y decisiva: facilitar la entrada no equivale a gobernar el sistema. La pregunta crucial, al final, no es cuántos pueden participar, sino quién fija las reglas una vez que ya están dentro.
Agentes IA: los nuevos asistentes digitales que ya están entre nosotros. Por Roberto Larenas.https://t.co/unGG0Tggyq
— Ex-Ante (@exantecl) May 2, 2026
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