Tráfico con drones: expediente revela cómo el caso de la cárcel de San Miguel alertó de la amplia red de corrupción en Gendarmería

“Es de conocimiento común de parte de varias funcionarias (os) de esta unidad penal, que un ex funcionario de Gendarmería de Chile (…) estaría internando droga mediante la modalidad de uso de drone”, declaró una teniente segundo destinada a la cárcel de mujeres de San Miguel, dando una de las primeras alertas de un problema extendido en esa institución.

Lo nuevo. Las más de 10 mil páginas del expediente judicial de la operación Apocalipsis -por el que el 30 de diciembre quedaron en prisión preventiva 42 gendarmes a esa fecha, además de 20 civiles- reveló cómo el caso de corrupción en la cárcel de Santiago 1 tuvo un antecedente en la cárcel de mujeres de la capital.

• Esta causa -donde la Fiscalía Metropolitana Occidente analiza actualmente a cuáles de los 62 imputados enviar a juicio y a cuáles ofrecer un procedimiento abreviado que les permitiría pagar la pena con libertad vigilada-, detalló las ofertas de drogas, alcohol, comida chatarra y visitas no autorizadas que tenían los internos en Santiago 1 pagando sobre precio y las extorsiones que recibían para consumir los productos ofrecidos por una red de gendarmes corrompidos.
• La indagación mostró también cómo esta red había traspasado el penal destinado a internos enviados a prisión preventiva tras su formalización de cargos y alcanzado a al menos un gendarme del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), encargado del resguardo de los presos vinculados a bandas de crimen organizado como el Tren de Aragua.
• El caso de la cárcel de mujeres se remonta al 15 de octubre de 2024, cuando en el Centro Penitenciario Femenino (C.P.F.) San Miguel, una teniente segundo de Gendarmería, de entonces 33 años, declaró como testigo en la oficina regional criminal de la institución.
• Su testimonio reveló como un ex gendarme habría enviado drogas a la líder de una banda criminal privada de libertad a través de drones, quien la comercializaba en el módulo 5 del penal. Ese fue el punto de partida del descubrimiento del tráfico de celulares y otros insumos, que luego se vería profundizado en Santiago 1.

La declaración. “Llevo 13 años de servicios en Gendarmería de Chile, de los cuales llevo trabajando nueve en la unidad penal C.P.F. San Miguel”, testificó la teniente segundo.

• El drone. “Es de conocimiento común de parte de varias funcionarias (os) de esta unidad penal, que un ex funcionario de Gendarmería de Chile (…) estaría internando droga mediante la modalidad de uso de drone, a la interna en calidad de imputada Johana Morgado González (…), en prisión preventiva por el segundo Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de tráfico ilícito de drogas”.
• Módulo 5. “En la actualidad se encuentra clasificada en el módulo 05 (…). (La) interna sería la responsable del tráfico interno de droga en el módulo 05 (…). Es reconocida como líder entre sus pares, además es reconocida por ser la líder de la banda delictual ‘Kiki’”.
• Allanamiento. “(El) 14 de octubre de 2024 se realizó un registro y allanamiento rutinario en el módulo 05, procedimiento en el cual se requisaron elementos prohibidos (…). Entre ellos, varios teléfonos celulares, cargadores de teléfonos celulares, cables USB, de los cuales, conforme a información aportada por (una) privada de libertad quien por temor a su propia seguridad física expresa no identificarse y sólo limitarse a señalar que un teléfono celular (…) sería propiedad de la imputada Johana Morgado González, alias ‘Kiki’”.
• Corrupción. “Ese celular mantendría antecedentes de interés de la citada interna en relación al tráfico interno en la unidad penal y (…) relación con funcionarias de trato directo en el mismo módulo 05 en esta unidad penal, acciones que pudieren identificarse con el delito de cohecho”.
• Estos presuntos delitos de cohecho incluyeron que tras recibir “regalos” de parte de “Kiki”, una gendarme concedió una visita no autorizada a la mano derecha de la líder de la banda.

El caso del Repas. El 29 de julio de 2025, una migrante irregular declaró a la fiscalía que pudo ingresar cada viernes a ver a su pareja en Santiago 1, a través de alguien a quien llamaban “jefa de manilla Dani”.

• La carpeta consignó que ‘Dani’ “se encuentra casada con el ciudadano Enzo Robinson Ramos Gutiérrez (…), quien efectivamente es funcionario de Gendarmería de Chile y ostenta el grado de cabo primero, cumpliendo actualmente funciones en el R.E.P.A.S. (Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad”.
• El hijo de ambos también cumplía funciones de ‘manillero’, es decir, de encargado de ingresar elementos prohibidos a Santiago 1. Los tres fueron imputados por la fiscalía.

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