La mala memoria del diputado Jaime Bassa (FA) y su enfrentamiento con Quiroz

En la Comisión de Medio Ambiente, el diputado del FA rompió el protocolo al calificar de “cuchufleta” el plan económico y preguntarle “qué intereses quiere defender” al ministro de Hacienda. También acusó que la compensación a inversionistas, cuando fuera anulada una resolución ambiental, golpeaba la “certeza jurídica”. En la fallida Convención Constituyente votó a favor de una norma que limitaba la propiedad privada bajo el criterio de la llamada “función ecológica”, que nunca se supo en qué consistía.

Lo nuevo. El diputado del Frente Amplio (FA) y ex convencional Jaime Bassa protagonizó un duro intercambio con el ministro de Hacienda de Jorge Quiroz en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, donde el secretario de estado expuso este jueves sobre el Proyecto de Reconstrucción Nacional.

• El exvicepresidente de la fallida Convención Constitucional apeló a la incerteza jurídica que podría entregar la compensación a los inversionistas cuando fuera anulada una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), omitiendo los vacíos constitucionales que apoyó en la desaparecida Convención, que afectaban no sólo la seguridad de las inversiones, sino de la propiedad privada.
• Ahora, Bassa cuestionó la forma en que el gobierno incorporó materias ambientales al proyecto. Sostuvo que varios de esos cambios se discutían desde hace años en el Congreso, en el marco de la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, por lo que pidió retirar esos artículos para que fueran analizados en la tramitación original.

El tenso intercambio. “Es un seguro a la ilegalidad, me parece que no estamos en un contexto donde podamos arriesgar, no sólo el medioambiente y la salud de las personas, sino que la certeza jurídica”, dijo Bassa de la propuesta.

• “Esto que está haciendo el gobierno es inédito, entonces yo quisiera saber cuál es el lobby que está detrás de esto, y qué intereses están tratando de proteger, porque no están protegiendo al pueblo de Chile, no están protegiendo al medioambiente”.
• “Me parece que las críticas de la Corte Suprema, en términos del sistema recursivo, de las competencias, etcétera, merecen ser atendidas y creo que no son suficientemente atendidas en este proyecto. Nosotros estamos trabajando en indicaciones en ese sentido, esperamos tener la posibilidad de presentarlas, verdad, y que no, por una cuchufleta, terminen fuera de discusión”.
• Al tomar la palabra, el ministro Quiroz planteó: “Las indicaciones que se están proponiendo en la Comisión de Hacienda y que recogen varias observaciones de la Corte Suprema no son una cuchufleta, son una indicación que está ingresando el Ejecutivo”.
• “En ningún caso hay aquí algún principio o norma que diga que nos saltemos algún tipo de proceso o dejemos de consultar a algún organismo pertinente, cuando corresponde”, añadió.
• “Caricaturizar esta iniciativa como que va a permitir el lobby absoluto y desatado, la verdad es que no es así; hemos visto como funciona nuestro sistema ambiental y está probado que los tribunales técnicos, a los que hacía referencia el propio diputado, solamente, al final del día, hay un porcentaje muy menor de esas RCA que son revocadas”.

El vacío jurídico del texto de la Convención. El 30 de marzo de 2022, el pleno de la Convención Constitucional votó en favor de que la propiedad privada estuviera limitada, no sólo por la “función social” de la carta fundamental vigente, sino que por la “función ecológica”.

• “Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica”, decía el inciso aprobado con 110 votos a favor, entre ellos de Bassa; 32 rechazos y seis abstenciones.
• El problema radicó en que el texto, rechazado ampliamente en el plebiscito del 4 de septiembre de ese año, en ninguna parte dijo en qué consistía la función ecológica.
• “Podrías reclamar sobre la construcción de un edificio o sobre la tala de un árbol por parte de la municipalidad”, dijo entonces el ex convencional de la UDI, Pablo Toloza.
• “La redacción es muy difusa, da para interpretación y quien termina interpretando las normas son los Tribunales de Justicia, por lo tanto, acá se va a generar otro efecto de judicialización”, añadió.

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