La defensa pide que Germán Naranjo Maldini responda a los cargos en libertad, argumentando que el ejecutivo -quien fue despedido de su empresa y está detenido desde el 15 de mayo- lleva más de diez años en tratamiento psiquiátrico intensivo, toma medicamentos controlados y ha sufrido recientemente un gran impacto por el fallecimiento de un hermano.
Argumentos de la defensa de Naranjo. La defensa del ejecutivo Germán Naranjo Maldini, detenido en Brasil por insultos racistas durante un vuelo de Latam, solicitó esta semana al Tribunal Federal la revocación de la prisión preventiva.
- En la solicitud, el abogado Carlos Kauffmann alega que el ejecutivo lleva más de diez años sometiéndose a un tratamiento psiquiátrico intensivo, toma medicamentos controlados y ha sufrido recientemente un gran impacto por la pérdida de un hermano.
- Según el abogado penalista, Naranjo habría mezclado alcohol con medicación durante el viaje. “Esa combinación lo dejó completamente desorientado, sin recuerdo ni claridad de las ofensas proferidas. El caso comienza, incluso, con él intentando abrir la puerta del avión”, afirma Kauffmann, quien también solicitó una evaluación del estado clínico y mental del ejecutivo.
- Naranjo se encuentra detenido en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Guarulhos, en Sao Paulo, desde el 15 de mayo. El centro está destinado exclusivamente a presos preventivos, que esperan juicio. La Justicia Federal aún no se ha pronunciado sobre la solicitud, pero la defensa prevé una pronta respuesta. Kauffmann solicita además que el ejecutivo responda a los cargos en libertad o fuera del sistema penitenciario común.
- “Puede ser una clínica o un centro de tratamiento en Brasil o en Chile. No va a fugarse ni a desaparecer”, afirmó. Al igual como ocurrió durante la vista de prisión preventiva del viernes, el abogado penalista expresó su preocupación por la integridad física de Naranjo Maldini ante la repercusión mediática del caso y la posible hostilidad de otros reclusos, así como por su estado mental y la posibilidad de un nuevo brote.
- En esa ocasión, el juez de guardia argumentó que la garantía de la seguridad física y la custodia diaria de los reclusos dentro del sistema penitenciario son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo, más concretamente de la Secretaría de Administración Penitenciaria (SAP) del Estado.
- En su decisión, el magistrado afirmó que el Poder Judicial no tiene competencia legal para gestionar la rutina interna, la seguridad o la distribución de celdas de una prisión.
- Dado que el juez de la vista de custodia no revocó la prisión preventiva el viernes 15 y delimitó esta separación de competencias, la defensa adoptó la estrategia de presentar una petición específica de revocación de la prisión preventiva centrada estrictamente en los informes médicos y en la salud mental del ejecutivo.
- Kauffmann también adelantó que podría presentar un recurso de hábeas corpus, con los mismos argumentos que la solicitud de libertad.
Petición de disculpas. En una carta dictada a sus abogados, el ejecutivo se disculpó por las agresiones verbales contra la tripulación del vuelo. Afirmó que cree en todos los seres humanos y los ama sin distinción.
- “Me quedé impactado por mis palabras en el vídeo. Eso no refleja lo que creo. Hace un tiempo perdí a mi hermano y bebí demasiado. Estaba en tratamiento psiquiátrico. Me gustaría poder decir esto a todas las personas que aparecen en el vídeo: la persona que vieron no soy yo, es una persona que estaba fuera de sí”, dijo Naranjo Maldini, añadiendo que pide “sinceras disculpas”.
- En la carta, el ejecutivo también se dirigió a uno de los auxiliares de vuelo ofendidos. “Bruno, probablemente estés demasiado enfadado para perdonarme, pero espero tener la oportunidad de pedirte perdón en persona. De nuevo: ese no era yo. Mi mente estaba alterada. Me gustaría tener la oportunidad y el permiso para escribir esta carta de mi puño y letra, pero, por ahora, he tenido que pedirle a mi abogado que lo hiciera”.
Cómo fue el incidente. Los insultos proferidos por Naranjo tuvieron lugar el pasado 10 de mayo, en un vuelo que partió de Santiago, hizo escala en Sao Paulo y tenía como destino final Frankfurt (Alemania). Naranjo Maldini, sin embargo, no fue detenido hasta el día 15, cuando regresó desde Europa a Brasil.
- El incidente comenzó después de que el ejecutivo intentara abrir la puerta del avión. Al ser retenido por los auxiliares de vuelo, empezó a insultar a la tripulación con palabras racistas, homófobas y xenófobas.
- Fue en este contexto cuando el ejecutivo, que trabajaba como gerente de la empresa Landes -desde donde fue despedido-, dedicada a la alimentación y la biotecnología marina, llamó a un empleado “negro” e imitó a un mono. Además, dijo que el tripulante “olía a negro brasileño” y que ser gay era “un problema” para él.
Qué dice la ley brasileña. La Ley n.º 14.532, del 11 de enero de 2023, equipara el delito de racismo al de injuria racial, que consiste en ofender el honor de alguien basándose en elementos relacionados con la raza, el color, la etnia, la religión o el origen.
- La nueva ley también prevé que las penas puedan aumentarse entre un tercio y la mitad cuando el delito se comete en un contexto o con la intención de distensión, diversión o recreación.
- Mariana Tranchesi Ortiz, de Pimo Advogados, estudio con sede en Sao Paulo, señala que casos como éste demuestran que el sistema judicial es más riguroso con las ofensas de carácter racial. “Este rigor se observa tanto en la ley penal, que equiparó la injuria racial al propio racismo, aumentando la pena y haciéndola imprescriptible e ineludible, como en las consecuencias procesales, como la imposición de prisiones preventivas u otras medidas cautelares que, aunque no sirven para castigar anticipadamente, deben ser proporcionales al delito investigado y necesarias para garantizar que el sospechoso responda por él”.
El caso de la abogada argentina. El caso del ejecutivo chileno se produce poco después del reciente desenlace de otro episodio de gran repercusión que involucraba a extranjeros y delitos de prejuicio en Brasil. La abogada argentina Agostina Páez fue imputada por injurias raciales tras proferir insultos e imitar gestos de mono contra los empleados de un bar en Ipanema, Río de Janeiro.
- Páez pasó más de dos meses retenida en el país bajo vigilancia con una tobillera electrónica. El desenlace se produjo a finales de marzo, cuando el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro concedió un hábeas corpus que le permitió regresar a Argentina previo pago de una fianza de 97. 000 reales -(unos US$ 20.000,00) importe estipulado como indemnización económica a las víctimas-, además del compromiso de realizar servicios comunitarios en su provincia natal, mientras el proceso principal sigue tramitándose en la justicia brasileña.
Legislación chilena. En el caso de Chile no existe un tipo penal autónomo que sancione las ofensas racistas. Aunque ha habido varias iniciativas legislativas en este sentido, ninguna se ha convertido en ley, señala José Ignacio King Leiva, abogado y socio fundador del bufete Viñamariño SPA Legal.
- A pesar de ello, es posible procesar penalmente este tipo de acto a través del tipo penal de injurias, que el legislador define en el artículo 416 del Código Penal como “toda expresión proferida o acción realizada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”.
- “La pena atribuida al delito de injurias es relativamente baja. Incluso cuando se trata de la variante más grave -es decir, la injuria grave por escrito y con publicidad-, la pena varía entre 61 y 540 días de privación de libertad, además de una multa de aproximadamente entre 850 y 1.500 dólares, pero con la posibilidad de cumplirla en libertad”, afirmó Leiva.
- En Chile, señala el abogado, las injurias son un delito de acción privada. Esto significa que la Fiscalía no investiga ni procesa penalmente a los autores del delito, sino que es la propia víctima quien debe hacerlo. “Por esta razón, la prisión preventiva (medida cautelar dictada durante la tramitación de un proceso penal por existir un riesgo evidente de fuga o peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima) no se aplica, ya que se trata de una medida cautelar que, en el ordenamiento jurídico chileno, solo es aplicable a los delitos de acción penal pública”.
- En materia civil, existe una normativa expresa a través de la acción de no discriminación regulada en la Ley n.º 20.609, también conocida como Ley Zamudio. Además, existe la posibilidad de interponer una acción ordinaria de indemnización por daños y perjuicios, o incluso un recurso de protección ante los tribunales (Tribunal de Apelaciones), por perturbación o amenaza de violación de un derecho fundamental.
- Leiva añade que, en virtud del principio de territorialidad, consagrado en los artículos 5.º y 6.º del Código Penal chileno, el hecho de proferir insultos racistas en otro país no tiene consecuencias penales en Chile, “dado que aquí en el país no es delito”.
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