La advertencia de Contraloría al Ministerio de RR.EE. por compra de terrenos de argentinos en la frontera

Un dictamen de Dorothy Pérez detectó que el abogado de un matrimonio argentino mintió en una declaración jurada al señalar que los compradores de un terreno de 448 hectáreas en Futaleufú no eran de países limítrofes, asunto prohibido en la ley. Aunque se concluyó que tienen un porcentaje minoritario del terreno, Contraloría remitió los antecedentes a Fiscalía y advirtió a la Dirección de Fronteras y Límites la necesidad de controlar la compraventa de propiedades en zonas limítrofes.

Denuncia en Futaleufú. En abril un grupo de vecinos de Futaleufú, en la región de Los Lagos, denunció que ciudadanos argentinos adquirieron un terreno de 448 hectáreas en el sector del lago Lonconao, justo en la frontera. Esto pese a que, según una Ley de 1977, existen restricciones para que ciudadanos de países limítrofes puedan adquirir terrenos en zonas fronterizas, a menos que cuenten con una autorización presidencial.

• Una sociedad llamada Inversiones Rumbo Sur SpA compró el predio en 2018 el predio omitiendo la nacionalidad argentina de los dueños. Según un reportaje de T13 el matrimonio argentino, compuesto por Jorge Becerra y María Teresa Taschetti, mantenían 40% de participación en la sociedad y la hija del matrimonio, Sofía Becerra, de nacionalidad española, figuraba con el porcentaje mayoritario de la misma, 60%. La gestión habría sido realizada por otro ciudadano argentino: Francisco Bedeschi, con doble nacionalidad ítalo-argentina.
• Ante esto, el diputado Sebastián Videla (Ind.) realizó las consultas a Contraloría.

Investigación de Contraloría. La contralora Dorothy Pérez señaló que se consultó al Conservador de Bienes Raíces de Futaleufú, constatando que Inversiones Rumbo Sur SpA adquirió el terreno por compraventa efectuada a varios particulares. Posee el 50% de la propiedad y el otro 50% es de Inversiones Talavera Limitada.

• En la escritura pública el abogado Gustavo Ortiz Ramírez declaró bajo juramento, en representación de Inversiones Rumbo Sur SpA, que dicha sociedad tenía su sede principal en la ciudad de Santiago y que su capital y su control efectivo no pertenecían ni estaban en manos de nacionales de países limítrofes con Chile.
• Asimismo, declaró que su representada no se encontraba afecta a las normas sobre prohibiciones en zonas fronterizas en el país.
• Contraloría señala que en la constitución de Inversiones Rumbo Sur SpA, no se consigna las nacionalidades de los integrantes de la sociedad, por lo que hicieron las consultas al Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el Servicio Nacional de Migraciones, para determinar tanto la nacionalidad como la cuota de participación de sus accionistas.
• Así, se determinó que dicha sociedad se encuentra constituida por don Jorge Luis Becerra (argentino), con un 16% de participación en la sociedad;  María del Carmen Taschetti Mayol (argentina/española) con un 16%; Sofía Becerra Taschetti, (española) 22,7%; María Becerra Taschetti, (española), 22,6% y Ana Becerra Taschetti (española norteamericana) 22,7%.
• Sobre la base de esto, la participación de los ciudadanos argentinos es de un 32%, es decir un porcentaje menor al 40% que permite la ley para ciudadanos de países limítrofes. En ese sentido, por la composición de la sociedad, la propiedad estaría en regla.

Antecedentes a Fiscalía. Contraloría determinó que el abogado Gustavo Ortiz Ramírez, declaró bajo juramento que la sociedad no estaba en manos de argentinos, lo que resulta falso.

• “Por lo anterior, considerando que dicha declaración puede eventualmente revestir carácter de delito, esta Contraloría General remitirá los antecedentes al Ministerio Público”, señala el dictamen.
• Asimismo, se remitieron los antecedentes de las escrituras notariales a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y a la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Eventual riesgo”. El dictamen señala que “sin perjuicio de lo ya concluido para el caso denunciado, y ante el eventual riesgo de que ciudadanos de países extranjeros limítrofes, con más de una nacionalidad, omitan informar aquella que configure la prohibición descrita, se remite copia de este oficio a los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Bienes Nacionales, y a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, a efectos de que, dentro sus respectivas atribuciones, dispongan los controles necesarios para el cabal cumplimiento de las normas en estas materias”.

• En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado recibió el 27 de abril, un oficio enviado por acuerdo adoptado por la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, a solicitud de su presidente, senador Enrique Lee Flores, para que se indague la adquisición de terrenos fronterizos cercanos a la localidad de Futaleufú.

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