Pensé por un momento que el gobierno tenía buenas perspectivas de recuperar el control de la agenda después del ajuste de gabinete con mejoras considerables de despliegue y claridad en la vocería y en seguridad, una cuenta pública razonablemente bien acogida, tanto por el tono mesurado y distendido del presidente como por el apoyo popular que concita la gran mayoría de las medidas anunciadas en ella.
Todo parecía ajustado para intentar producir una inflexión que marcaba una nueva etapa para el gobierno, con la presentación inmediatamente posterior por parte del ministro Arrau del plan de seguridad concreto que lloró por su ausencia durante los 69 días de la gestión de la ministra Steinert.
Inexplicablemente, pocas horas después de terminado el discurso presidencial, cuando recién se iniciaba el despliegue del gobierno para reforzar su impacto, el ministro de Hacienda anuncia que enviarán al Congreso un proyecto de ley solicitando autorización para aumentar el endeudamiento del país hasta en US$ 6.200 millones. Se entiende, por supuesto, que si el déficit fiscal efectivo de 2026 es mayor del previsto en la Ley de Presupuesto, el gobierno está obligado a endeudarse para poder cumplir con los compromisos financieros del Estado.
Lo que no se entiende, en cambio, es que este anuncio no haya sido hecho semanas antes de la cuenta pública o en su defecto se hubiera incluido en ella. Es como hacer estallar una bomba a la salida de un importante evento, al final pocos recuerdan lo que ocurrió en el interior del teatro donde se realizaba porque sólo se hablará de las esquirlas explotadas afuera.
Por supuesto la conversación principal pasa a ser el déficit fiscal y el riesgo de que sea justamente durante este gobierno que Chile sobrepase el bullado límite de endeudamiento público del 45% del PIB. Es cierto que esto tiende a darle mayor sustento al recorte fiscal empujado por Hacienda pero también debilita el fundamento de la ley de reconstrucción que incluye una reducción significativa de ingresos fiscales sin compensaciones.
Más inexplicable aun es que el partido fundado por el presidente de la República promueva una acusación constitucional al ministro de Hacienda del gobierno pasado en las mismas semanas en que el Senado tramita el proyecto de ley más importante que se tramitará durante todo el gobierno de Kast.
Como si no fuera evidente el daño que le hacen a su gobierno instalando otro foco de atención cuando el esfuerzo gubernamental está orientado a que la recuperación de la inversión, crecimiento y empleo estén en el centro de la agenda pública. Como si no se percataran de que una acusación constitucional polariza haciendo más difícil la construcción de mayorías que requiere un proyecto de esta envergadura y centralidad para el programa gubernamental.
Todo ello después de dos legislaturas que abusaron de la acusación constitucional, usándola para destruir adversarios políticos o simplemente para afirmar una crítica a la gestión presidencial o ministerial, sin respetar su carácter de última ratio, de instrumento para sancionar transgresiones a la Constitución y las leyes.
Si apenas transcurrieron horas de la publicación del Informe de Finanzas Públicas para que las bancadas del Partido Nacional Libertario y de Republicanos anunciaran la presentación de una acusación contra el ministro Grau.
Para Johannes Kaiser y los nacional libertarios, se trata de recorrer el mismo camino que hizo José Antonio Kast respecto de Sebastián Piñera y Chile Vamos, razón por la que decidieron no participar en el gobierno y lo presionarán desde la identidad más conservadora y políticamente radical, disputándole a Republicanos la representación de la barra brava, negándose a cualquier flexibilización y acuerdos con otros sectores.
Nacional libertarios aspira a hacerle a Republicanos lo que estos le hicieron a Chile Vamos, es decir, castigando cualquier ajuste de sus propuestas a la realidad de la correlación de fuerzas política y cultural, caracterizando toda concesión como cobardía y la salida de las trincheras pinochetistas como traición. Habría que recordarles, en todo caso, que la historia, cuando se repite, tiende a hacerlo como farsa.
Es muchísimo más difícil entender que la bancada más grande de la Cámara de Diputados y principal partido de gobierno, se siga comportando como si estuviera en la oposición.
Quizás movido por el temor a que Nacionallibertarios pueda hacerles lo que ellos le hicieron a Chile Vamos y ser la “derechita cobarde” de la que abominaron hasta hace tan poco, votando en contra de la idea de legislar buena parte de las leyes propuestas en el gobierno pasado y apuntando contra la supuesta capitulación de Chile Vamos al concurrir a aprobar una reforma de pensiones que terminó de consolidar el sistema de capitalización individual tan rechazado por la izquierda.
De hecho, ese discurso asomó su nariz nuevamente a propósito de la resistencia de Chile Vamos a embarcarse en la aventura de la acusación constitucional.
El tema aquí no es la excesiva fragmentación a la que suele culparse de todos los males, ni siquiera el individualismo excesivo que impera en el comportamiento parlamentario de hoy. Se trata de la bancada del partido más grande de la política chilena, el más disciplinado, el que ganó la elección presidencial y parlamentaria, el que por su tamaño y centralidad en el gobierno está llamado a ser el articulador de las mayorías parlamentarias requeridas para el avance del programa, es justamente la bancada de ese partido la que decide institucionalmente boicotear el trámite legislativo y el control de la agenda que intentan llevar adelante el presidente Kast y sus ministros.
Lo descrito habla de dos problemas diferentes que se potencian mutuamente. Uno es que le cuesta a este gobierno caminar coordinado, aparecen con frecuencia las orientaciones diferentes de ministros que dan señales contradictorias y el propio presidente que desmiente a su ministro de Justicia señalando que fue él quien dio la instrucción de sacar a los presos comunes de Punta Peuco. Este problema es de ejercicio activo del liderazgo presidencial, una cierta flacidez del mando y control, un exagerado laissez-faire que se traduce en la proyección de desorden interno. Este problema tiene espacio y tiempo para resolverse, pero no deja de ser un problema.
El segundo problema es que para gobernar se necesita una coalición de gobierno, partidos que actúan juntos, que se reúnen para tomar las decisiones relevantes, que se coordinan permanentemente no sólo en el gobierno, sino también en el Congreso y en las municipios. El punto es que ni siquiera tienen acuerdo en la necesidad de avanzar en la conformación de una coalición. Pareciera que Republicanos aún no cambia el switch, no asume todavía que obtuvo un categórico triunfo político y electoral, que ya no es un partido en lucha por la hegemonía en la derecha, sino la fuerza principal llamada a articular un bloque de mayoría.
El hecho es que los partidos que participan en el gobierno no han resuelto siquiera si van a enfrentar las próximas elecciones municipales y regionales de octubre de 2028 y presidenciales de 2029 compitiendo como lo hicieron en las precedentes o unidos contra los adversarios comunes. Gobernar así se hace sin duda muy difícil.
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