Registro de Vándalos e Incivilidades: Cómo Kast complicó a la centroizquierda y la discusión legal que se viene

El gobierno se encuentra afinando el proyecto, mientras un 87% -según Cadem- apoya la idea de quitarle beneficios sociales a quienes cometan hechos de vandalismo. Si la centroizquierda se vio en la compleja situación de salir a cuestionar la iniciativa, sin que parezca una defensa a quienes realizan actos delictivos, en el oficialismo han advertido que el registro debe ser muy bien planificado para no generar problemas de constitucionalidad.

El proyecto de ley. El lunes, pocas horas después de la Cuenta Pública, durante una ceremonia en el palacio de Cerro Castillo, el presidente José Antonio Kast, tal como lo había anunciado, firmó el proyecto que crea un Registro Único de Vándalos e Incivilidades.

• Hasta la tarde de este miércoles, la iniciativa legal no había sido ingresada a tramitación al Congreso.
• Según fuentes de gobierno, se encuentran aún afinando los detalles de la iniciativa legal y compaginando al menos 3 versiones distintas con el articulado legal que tienen en carpeta. La idea es ajustar en profundidad los alcances del proyecto.

La oposición. La iniciativa consiguió amplio respaldo ciudadano -según Cadem 87% está de acuerdo en quitar beneficios sociales a quienes cometan ciertos delitos o incivilidades- y enredó a la oposición.

• Aunque en la cuenta pública se observó a algunos parlamentarios de izquierda aplaudiendo el anuncio, pronto comenzaron las críticas por los riesgos en materia de constitucionalidad y falta de igualdad ante la ley que, a su juicio, podría generar una regulación de este tipo.
• La centroizquierda se vio en la compleja situación en salir a cuestionar el proyecto, sin que parezca una defensa a quienes realizan actos delictivos.
• “No voy a ser yo la que defienda a los vándalos. Sin embargo, creo que los beneficios sociales no son herramientas para aplicar sanciones”, dijo la exministra Carolina Tohá.
• El Frente Amplio y el PS han señalado que este registro afecta a los sectores más vulnerables, ya que son los que reciben beneficios del Estado.

Qué se sabe del Registro. Según lo que dijo Kast en su discurso y lo que luego difundió el sitio del gobierno, el Registro Único de Vándalos e Incivilidades busca proteger a las personas de las conductas que afectan los barrios, alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública.

• Permitirá que quienes hayan cometido este tipo de delitos respondan por sus hechos a través de la pérdida de beneficios sociales como la gratuidad en educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Subsidio de Arriendo o becas de posgrado.
• Entre los delitos que se considerarán para este registro, se encuentran, entre otros: Atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud, retención del transporte público, tráfico de estupefacientes, daño a monumentos nacionales.
• Serán calificadas como incivilidades venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, rayados sin autorización a la propiedad pública y privada y destrucción de equipamiento comunitario.
• Luego, en entrevistas, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, agregó que quienes estén en el registro podrían quedar impedidos de ciertos trámites como obtener o renovar licencia de conducir, obtener o renovar pasaporte, e inscribir y transferir vehículos y propiedades.
• La permanencia en el registro es de cinco años para los casos de vandalismo y de uno a tres años para casos de incivilidades, según reincidencia. Kast señaló que las sanciones serán menores en casos de incivilidades, aunque aún no se ha aclarado cuáles serán todos los delitos y faltas incluidas en la nómina  y sus respectivas sanciones.

La constitucionalidad. Los principales reparos al proyecto apuntan a una eventual inconstitucionalidad de retirar beneficios sociales, lo que fue advertido -entre otros- por el exministro Luis Cordero. En particular por establecer castigos vinculados a derechos previsionales.

• Abogados han señalado que la medida de prohibir inscribir vehículos o propiedades, podría afectar el derecho a propiedad y la libertad para adquirir bienes. Y que un castigo civil adicional al castigo penal puede generar una doble sanción.
• El fiscal nacional, Ángel Valencia, aunque valoró la idea de la iniciativa, sostuvo que el registro debería incorporar, por ejemplo, casos de colusión.

Alertas oficialistas. El debate ha sido recogido en parte del oficialismo, donde elevaron una alerta sobre la redacción del proyecto.

• El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), llamó a revisar la iniciativa “con mucho cuidado para que no sea el remedio peor que la enfermedad”, ya que se debe establecerse una graduación clara: “No es lo mismo rayar tu colegio que rociar con bencina al director y prenderle fuego” dijo en radio Duna.
• El parlamentario afirmó que se debe evitar atrapar a los infractores en un contexto de violencia. “Si privas a un joven vándalo de la educación superior, no vaya a ser que lo estás dejando en un loop de violencia del que nunca logres sacar, y sea, al final, un círculo muy negativo para ese joven”.
• El senador Cristián Vial (ind, cercano al Partido Republicano), si bien apoyó el registro, consideró que “una incivilidad no puede desembocar en una sanción perpetua” por lo que el proyecto deberá perfeccionarse en el Congreso para establecer límites claros.

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