En Chile están protegidas las libertades de expresión, asociación y reunión, lo cual es, por supuesto, una gran conquista cívica. Pero ello reconocer los límites legales de su ejercicio. Por lo tanto, es crucial sostener los principios, instituciones y procedimientos que hacen posible la vida en libertad, y que se sintetizan en los fundamentos de la democracia liberal. La primera exigencia es, obviamente, la exclusión de la violencia como método político.
Por desgracia, lo ocurrido en 2019 contaminó profundamente nuestra convivencia. La violencia política hizo escuela, sobre todo en los centros de enseñanza. Quienes la promueven, así como sus cómplices, simplemente no creen en la democracia. La usan para sus propios fines. A los pocos días de asumir el nuevo gobierno, fue agredida la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la universidad Austral de Valdivia. Ello no fue accidental. Marcó el inicio de las hostilidades contra “el gobierno enemigo del pueblo”. Recientemente, el ministro de Cultura, Francisco Undurraga, fue víctima de una encerrona preparada por actores “progresistas”. La diputada Javiera Rodríguez, del Partido Republicano, fue maltratada físicamente en la facultad de Derecho de la U. de Chile. Hay allí una línea de acción, que se conecta con la violencia en las calles.
Hemos vuelto a constatar cuánto terreno ganó en estos años la subcultura Molotov. El esquema de combate es suficientemente conocido: grupos creados según el modelo de la Primera Línea octubrista se esconden entre quienes se manifiestan pacíficamente hasta que encuentran un momento propicio para atacar a Carabineros con bombas incendiarias, palos y piedras. El objetivo es provocar una reacción policial contra el conjunto de manifestantes, lo que luego permite denunciar la represión gubernamental.
En torno al paro convocado por la Confech, se volvió a demostrar que hay parlamentarios que han construido sus gratificantes carreras sobre la base de echar leña al fuego de cualquier protesta cuando sus partidos están en la oposición. El diputado Luis Cuello, del PC, por ejemplo, se sumó al desfile en Valparaíso como si fuera un estudiante más. Se trata de revolucionarios con alto sueldo del Estado, que encarnan la peor forma de degradación de la política, que es la complicidad con la violencia.
Es indispensable eliminar los focos de vandalismo que han causado estragos en numerosos centros educacionales. Al respecto, fue un gran paso adelante la aprobación por el Congreso del proyecto de ley de Escuelas Protegidas, que busca dotar a los establecimientos de herramientas para prevenir y enfrentar hechos de violencia grave. Sin embargo, el proyecto fue votado en contra por las bancadas del PS, el PPD, el PC y el Frente Amplio, que han anunciado la presentación de reservas de constitucionalidad ante el TC.
El diputado César Valenzuela, del PS, dijo a TV13: “El proyecto de escuelas protegidas es un mal proyecto, en primer término, porque no resuelve los problemas de violencia que hay en el interior de los establecimientos educacionales (!). En segundo término, porque delega en las comunidades educativas la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad” (!!). Brillante, sin duda.
Las funas y el vandalismo se orientan hoy a crear una atmósfera de odiosidad contra el gobierno de Kast que valide las formas extremas de agitación y violencia. Está fuera de duda la existencia de una izquierda que no tiene compromiso alguno con el Estado de Derecho, y que ya decidió hacer cuánto pueda para generar un clima parecido al de 2019. El gobierno no debe dejarse intimidar. Su deber es sostener la legalidad con todos los medios a su alcance.
¿Qué esperar del “registro de vándalos e incivilidades” propuesto por el gobierno? No mucho, en realidad. El apoyo en las encuestas no puede ser la medida del valor de los instrumentos que se usen. Lo importante es la eficacia. Y eso aconseja no perder el tiempo en larguísimas discusiones parlamentarias para aprobar una nueva ley, y aplicar en cambio las leyes que ya existen contra las conductas antisociales. Son razonables las advertencias expresadas por los abogados Correa Sutil, Burgos y Schaulsohn respecto de la constitucionalidad o legalidad de aplicar ciertos castigos, lo que podría abrir una discusión inconducente para el objetivo de erradicar el vandalismo y otras expresiones de incivilidad, que es lo que realmente importa.
Lo deseable es que el ministerio de Seguridad avance respecto de identificar y desarticular a los grupos más activos en los desmanes callejeros. Se supone que, a estas alturas, la inteligencia policial está en condiciones de llevar adelante operaciones que permitan desbaratarlos. Se necesita una “fuerza de tarea” que pueda lograr ciertos objetivos concretos a corto plazo. ¿Cuánto se sabe de los overoles blancos y otros grupos de encapuchados? ¿Quiénes los financian? ¿Quiénes les proporcionan combustible para las bombas incendiarias? Si antes faltaba voluntad política para combatirlos, se supone que ahora existe.
Corresponde tomar muy en serio a todos los que amenazan nuestra convivencia. Ya hemos acumulado suficientes pruebas respecto de lo que son capaces de hacer. Cualquiera que sea su origen, cualesquiera que sean las banderas que levanten, no puede haber indulgencia con el desafuero y la irracionalidad. La democracia tiene derecho a defenderse.
Para más columnas en Ex-Ante, clic aquí.
Ver esta publicación en Instagram
Publicaciones relacionadas
Incluso si un nuevo test al ex subsecretario confirmara que consumió estupefacientes, su despido inmediato seguiría siendo indefendible: nada justifica saltarse procedimientos indispensables para tomar una decisión. Está bien extender al Congreso los exámenes, pero si eso no incluye cambios para equiparar nuestros estándares a los del Primer Mundo, esas decisiones seguirán siendo exclusivamente políticas. […]
La iniciativa determina la pérdida del cargo si se comprueba el consumo de drogas. El proyecto lo presentó Kast este lunes, a 4 días de la salida del subsecretario de Hacienda por ese motivo. El texto no menciona que la divulgación de los resultados debe ocurrir solo tras una contramuestra (solo así se puede probar […]
Una especie de centro urbano, con gimnasio, restaurantes y sectores comerciales en tres pisos, dejando los otros dos pisos para un club social moderno. Esa es la propuesta que se está negociando. La idea es potenciar el casco histórico junto a la nueva Bolsa de Comercio y otros proyectos como un gigante sector de Bandera […]
Las declaraciones del ministro de Defensa cuestionando el arancel de 12,5% adicional a parte importante de las exportaciones chilenas sorprendieron a La Moneda, en medio de las negociaciones de la Cancillería para amortiguar el golpe y evitar un conflicto con la administración Trump.
El guerrero cultural piensa, implícitamente, que el ciudadano es menos inteligente que él. Esa presunción lo lleva a convencerse de que posee la capacidad para transformar el pensamiento de los demás. A los ojos de estos sujetos, la ciudadanía sería una especie de rebaño influenciable, presa fácil de quienes buscan persuadirlos sobre cómo hay que […]
