El gobierno de José Antonio Kast ha sufrido, en sus primeros meses, una caída significativa en su respaldo ciudadano. Las razones son conocidas: una aguja de seguridad que no se ha movido pese a las promesas de campaña, y un golpe de inflación provocado por una política de shock tributario que pudo haberse implementado de manera más gradual. A eso se suma una arquitectura de decisiones en la que el peso excesivo del segundo piso presidencial y de un ministro de Hacienda que opera casi como primer ministro ha generado tensiones visibles con el equipo político del gobierno. El resultado es un presidente que llegó a su primer mensaje presidencial más débil de lo que estaba cuando asumió.
Acá me quiero detener. En la economía: el gobierno ha propuesto una megareforma. Hay una diferencia fundamental entre proponer una política económica y hacer una apuesta. Una política descansa en evidencia, en proyecciones verificables, en salvaguardas que acotan el riesgo. Una apuesta es solo la esperanza de que las cosas salgan bien. Rebajar la tasa corporativa sin compensación fiscal es, en el sentido más estricto del término, una apuesta. Y las apuestas con el presupuesto del Estado no las paga el apostador: las paga el país.
Lo primero que hay que decir es que la economía chilena es sólida en sus fundamentos.Tenemos instituciones fuertes, un banco central autónomo respetado, décadas de política fiscal responsable y una capacidad exportadora que, con todos sus problemas, sigue siendo uno de nuestros activos más valiosos. Chile no estaba en quiebra cuando este gobierno asumió. No estaba al borde del abismo.
Y, sin embargo, hay un diagnóstico que sí es correcto y que merece reconocerse en medio de la retórica: la economía chilena está estancada. Su crecimiento potencial se ubica en torno al 1,9 o 2%, un número que ninguna administración reciente ha logrado revertir. Eso no comenzó con el gobierno de Gabriel Boric ni con Sebastián Piñera. Viene de antes, se consolidó, y hoy representa el problema estructural más serio que enfrenta el país.
La tesis del gobierno —que la rebaja se compensará sola, ya sea por el crecimiento que genere o por el recorte del gasto— carece de sustento en la experiencia comparada. Desde las reformas de Ronald Reagan en adelante, la evidencia es consistente: el crecimiento puede compensar la pérdida de recaudación, pero lo hace en un plazo más largo que el del ciclo presupuestario. En el intertanto, el Estado enfrenta menos ingresos, más estrés en la caja fiscal, menos margen para bajar tasas de interés. Esto no lo dice la oposición. Lo dice el FMI. Lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Lo dicen las agencias de riesgo que monitorean la deuda soberana chilena. Son organismos que no tienen color político, que no tienen interés en favorecer ni al gobierno ni a la oposición. Ignorar esas señales no es valentía ni convicción: es imprudencia.
Hay además una contradicción que el gobierno debería mirar con atención. Llegó al poder denunciando el desorden fiscal del período anterior, exigiendo rigurosidad en las cuentas públicas, comprometiendo equilibrio y seriedad en el manejo del presupuesto. Aprobar una rebaja de impuestos sin compensación agudizaría precisamente la situación que él mismo denunció. Un gobierno que parte exigiendo responsabilidad fiscal no puede terminar siendo el que arriesga la estabilidad de las cuentas del Estado. El efecto lo comienza a sentir el ciudadano común en la UF, en las tasas de sus créditos y en el costo de la vida.
La salida existe, y no requiere que nadie se rinda. El exministro Mario Marcel propuso, bajo el gobierno de Gabriel Boric, una rebaja de la tasa corporativa en niveles similares a los que plantea hoy el gobierno de José Antonio Kast. La diferencia era una sola, pero decisiva: era compensada. Es decir, acompañada de medidas que aseguraban que el Estado no perdería recaudación neta en el corto plazo, protegiendo la estabilidad fiscal mientras la inversión y el crecimiento hacían su trabajo. Ese proyecto no prosperó por razones políticas, pero el principio que lo sustentaba sigue siendo válido.
Un acuerdo sobre esa base no sería una victoria de la oposición ni una derrota del gobierno. Sería una política estable, sustentada y respaldada por los organismos técnicos, con base suficiente para sobrevivir el cambio de administración. Las reformas que duran son las que se construyen así. Las que se aprueban por un voto son las que generan la incertidumbre que todos dicen querer combatir.
Negociar no es una debilidad. Es la forma más exigente de hacer política. Lo que diferencia a los países que se desarrollan de manera sólida no es la pureza de sus convicciones. Es la naturaleza de sus acuerdos.
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