Retraso en pago de gratuidad universitaria: el nuevo misil que enfrenta Nicolás Grau

Universidades privadas denunciaron incumplimientos del Estado y dificultades financieras tras el retraso en el pago de recursos de gratuidad a fines de 2025. Aunque el episodio no integra la acusación constitucional contra Nicolás Grau, el oficialismo busca transformarlo en un nuevo flanco político contra el ex titular de Hacienda.

Desorden financiero. A fines de diciembre de 2025, mientras el gobierno Boric preparaba el traspaso de mando, varias universidades privadas chilenas enfrentaban una crisis silenciosa: el Estado no les había pagado los fondos de gratuidad correspondientes al año que terminaba.

• El plazo legal vencía el 30 de diciembre -último día hábil bancario antes del cierre contable- y los recursos simplemente no llegaron. El impacto fue inmediato, la Universidad Mayor informó a su comunidad que debía parcelar el pago de sueldos de diciembre y luego debió realizar una reasignación de montos internos para priorizar el pago a sus trabajadores. La Universidad Finis Terrae, la Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad Alberto Hurtado enfrentaron dificultades similares.
• El Consejo de Rectores criticó lo sucedido. “Los recursos devengados en un ejercicio, deberían percibirse dentro de ese mismo ejercicio. Si esto no ocurre, entonces la desviación requiere un análisis y una justificación, puesto que se introducen distorsiones financieras”, cuestionó en la oportunidad el vicepresidente ejecutivo del Cruch, Emilio Rodríguez.
• Hernán Solís, vicerrector económico de la U. Finis Terrae señala a Ex-Ante que “el retraso en el traspaso de los recursos correspondientes a la gratuidad significó un incumplimiento inédito y grave por parte del Estado, lo que generó para cualquier institución de educación superior tensiones financieras que en su minuto pudieron afectar obligaciones contraídas, originando costos económicos adicionales”. Agrega que el plantel debió implementar medidas extraordinarias para enfrentar la situación.

Acusación a Grau. Aunque la situación se regularizó a inicios de 2026, la controversia volvió a levantarse esta semana como un nuevo frente de presión para el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau (FA), en medio de la acusación constitucional que presentó el oficialismo en su contra.

• El episodio no forma parte de un capítulo de la acusación constitucional, pero diputados del Partido Republicano pretenden utilizarlo como uno de los ejemplos más concretos de los efectos que, a su juicio, tuvo el manejo fiscal del gobierno anterior.
• El libelo acusatorio incorpora parte de los hallazgos del informe de auditoría interna de la Secretaría General de la Presidencia, entre los que se menciona la existencia de pagos postergados desde el ejercicio presupuestario 2025 al ejercicio 2026 por aproximadamente US$3.200 millones. Según dicho informe, entre las áreas afectadas figuraban prestaciones vinculadas a salud, alimentación escolar y gratuidad universitaria, esta última por un monto de alrededor de US$400 millones.
• Parte de los fundamentos de la acusación es que existieron compromisos de gasto que no habrían sido reflejados adecuadamente en la situación fiscal informada al cierre del gobierno de Gabriel Boric.
• El retraso que afectó a las universidades no puede incluirse formalmente como un nuevo antecedente del texto acusatorio, pero en la oposición sostienen que podría reforzar las infracciones denunciadas.
• “De comprobarse la negligencia en el retraso de pago de los recursos de la gratuidad, esto queda subsumido en los artículos que referimos en la acusación constitucional respecto al Decreto Ley 1.263 de Administración Financiera del Estado. Acá es la defensa la que tiene que explicar por qué este retraso en los pagos que ya está documentado no sería responsabilidad directa o indirecta del exministro Nicolás Grau”, señala el jefe de bancada de los diputados republicanos Benjamín Moreno.

Mineduc apunta a Dipres. Aunque en enero se apuntó las responsabilidades por el retraso de los pagos a la subsecretaría de Educación Superior, que lideraba Víctor Orellana (FA), fuentes del Ministerio de Educación sostienen que la Subsecretaría de Educación Superior cumplió con los procedimientos que le correspondían.

• “El tercer decreto de asignación de beneficios salió en los plazos habituales. Todos los años son apretados los plazos y el año pasado en particular la situación quedó en manos de la Dirección de Presupuestos “.
• La afirmación apunta a la Dipres que dirigía Javiera Martínez (FA) y que depende del Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Grau.
• Desde la Universidad Finis Terrae evitaron atribuir responsabilidades específicas. “Más allá de las responsabilidades de uno u otro ministerio, lo importante es que el Ejecutivo tenga una coordinación interna tal que no afecte a otras organizaciones, como sí se ocasionó a las instituciones de educación superior”, señaló Solís.

Responsabilidades técnicas. Fuentes del oficialismo sostienen que el retraso en el pago de los recursos de gratuidad sería responsabilidad de Grau, debido a que esos fondos no provienen directamente del presupuesto del Ministerio de Educación, sino del Tesoro Público administrado por Hacienda.

• Según esta interpretación, la legislación vigente establece que el financiamiento de gratuidad corresponde a un monto anual que debe ser transferido dentro del mismo ejercicio presupuestario. Además, argumentan que Hacienda participa en la definición de los mecanismos de cálculo del beneficio y que la ejecución de estos recursos depende de organismos subordinados a esa cartera, como la Dipres.
• Bajo esta tesis, la postergación de pagos desde 2025 a 2026 habría implicado incumplir el principio de anualidad presupuestaria establecido en la legislación financiera del Estado, trasladando gastos devengados a un ejercicio posterior y contribuyendo a mejorar artificialmente el resultado fiscal informado al cierre del gobierno.

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