Raúl Méndez (cercano al FA), Roberto Carrasco y Mauricio Díaz (ligados al PC) representarán este martes a diputados y senadores de oposición en los alegatos ante el TC por Escuelas Protegidas, uno de los proyectos clave del gobierno de Kast. Díaz, que junto a Carrasco es asesor de la senadora Pascual (PC), tiene publicaciones en sus redes sociales donde replica el llamado de Jadue a acusar constitucionalmente a Piñera en el 18-O. Méndez aparece elogiando el trabajo de la falida Convención Constitucional.
Lo nuevo. Para este martes a las 09:00 horas están fijados los alegatos ante el Tribunal Constitucional tras los requerimientos presentados por un grupo de diputados y senadores de la oposición en contra de artículos del proyecto Escuelas Protegidas, que la administración Kast logró aprobar el 2 de junio en el Congreso.
- La iniciativa —que a juicio de los parlamentarios vulnera derechos fundamentales de los alumnos— contempla medidas preventivas para los establecimientos educacionales como la prohibición del uso de capuchas, vestimentas o accesorios que hagan apología de la violencia o las drogas y la revisión de mochilas, además de sanciones para estudiantes que participen en tomas o actos de violencia en contexto escolar.
- También suma un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria: “No haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.
- Para defenderse ante el tribunal, La Moneda reclutó como abogado al exministro de la Segpres, Juan José Ossa (RN). En paralelo, los diputados ficharon al abogado Raúl Méndez (cercano al FA) y los senadores a Roberto Carrasco y Mauricio Díaz, vinculados al PC.
- Entre los recurrentes se encuentran los diputados FA Jaime Bassa, Jorge Brito, Lorena Fríes, Emilia Schneider, Constanza Schönhaut , Gonzalo Winter y Gael Yeomans; los PC Marcos Barraza, Boris Barrera, Luis Cuello, Irací Hassler, Lorena Pizarro y Marisela Santibáñez; y los PS Emilia Nuyado y César Valenzuela.
- También recurrieron al TC los senadores del FA Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez; los DC Francisco Huenchumilla, Iván Flores y Yasna Provoste; los PC Karol Cariola, Daniel Núñez y Claudia Pascual; y los PS Fidel Espinoza y Alfonso de Urresti.
Posteos octubristas. La senadora Claudia Pascual (PC) fichó a dos de sus asesores legislativos: Roberto Carrasco (33) y Mauricio Díaz (26). Ambos son egresados de la U. de Chile.
- Carrasco, quien presentó la tesis “La multa administrativa” al egresar en 2022, tiene contrato indefinido con el Senado, donde recibe un sueldo de $2.566.878. El abogado no aparece en redes sociales.
- Díaz, por su parte, hizo su práctica hasta 2025 en el Servicio Nacional de Migraciones y, según su perfil de LinkedIn, tiene experiencia en asesorías jurídicas a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
- En sus redes sociales aparecen polémicos posteos donde se refiere a Carabineros, al 18-O y a la nueva Constitución. En 2018, publicó un video en X de una presunta agresión de un funcionario policial con el mensaje “Cuando la violencia de ese calibre es institucionalizada y aplicada de forma vehemente, el derecho legítimo de rebelión toma más fuerza que nunca”.
- El 17 de octubre de 2019, en la víspera del estallido social, Díaz compartió en su cuenta de Facebook una declaración de la JJ.CC. que señalaba lo siguiente: “Hacemos un llamado a todo el pueblo de Chile a solidarizar y plegarse, de la manera más amplia posible, a las manifestaciones contra el alza de la tarifa del transporte público (…). Rechazamos que el gobierno no sepa sino responder solo con más represión y criminalización”.
- También compartió un post de Hugo Gutiérrez en enero de 2020: “La derecha cavernaria insiste en amedrentarme para que no siga acompañando la movilización social en su demanda de justicia y dignidad (…)”.
- 10 días después, compartió un video donde Daniel Jadue sostenía que “la acusación constitucional contra Sebastián Piñera es absolutamente posible y necesaria (…). Cuando se toman decisiones con resultado de muertes, heridos graves, violaciones y torturas, no podemos permitir que la impunidad de quienes dieron la orden de hacerlo, se convierta en normalidad”. Díaz añadió: “Simple y claro”.
- También, se manifestó contrario al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución y defendió la idea de “transitar irrenunciablemente hacia una Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria”.
El asesor del FA. La diputada Emilia Schneider (FA) nominó a Raúl Méndez (33) para defender el requerimiento. El abogado egresó de la Universidad de Chile en 2017 con distinción máxima. En 2023 publicó su tesis, que comparaba la experiencia de la Convención Constitucional con los cambios constitucionales de Ecuador y Bolivia.
- En octubre de 2021 Raúl Méndez escribió en X: “Que orgullo para nuestros pueblos la CC y su presidenta @ElisaLoncon y el vice @Jaime_Bassa 👏!!!”
- El 5 de agosto de 2022 compartió un video en X y posteó: “El 5 de septiembre hay que levantarse a trabajar igual, pero nos levantaremos a trabajar en un Chile con una Constitución que cuida a su gente y no la deja entregada a la tiranía del sálvese quien pueda. El 4 de septiembre se vota #Apruebo por un país mejor”
- Entre 2016 y 2018 fue procurador en la Unidad Anti Carteles de la Fiscalía Nacional Económica, y en 2020 hizo su práctica profesional en la Oficina de DD.HH. de la Corporación de Asistencia Judicial.
- Desde 2022 ha cumplido funciones en la Cámara de Diputados, primero como asesor de la bancada del FA y luego como coordinador legislativo del mismo comité. También, ha sido investigador del think tank Nodo XXI, ligado al mismo partido.
- Es uno de los autores del documento “Retrocesos en el texto propuesto por el Consejo Constitucional (2023): fundamentos de la posición En Contra”, de Nodo XXI, donde se planteaba que el borrador “desconfía de la democracia y consagra un particular programa de gobierno de la más extrema de las derechas de nuestro país, introduciendo elementos que incluso la Constitución de 1980 decidió no constitucionalizar”.
- “La propuesta es maximalista en sus definiciones de políticas públicas y contiene una particular opción moral conservadora que promueve la discriminación”, dice el texto.
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