Qué observar. Se trata del proyecto que busca dar un giro tecnológico a la extracción de litio que lleva adelante la empresa estadounidense Albermarle en el Salar de Atacama.
Exigencias a anfibios. Mediante un documento ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones) de 234 páginas, el SEA presentó este martes las exigencias de los organismos públicos hacia el megaproyecto. En total, los cuestionamientos presentados por las instituciones fueron 573.
Caracol. Los organismos públicos pidieron a la compañía hacer un estudio para identificar con precisión a una especie de pequeños caracoles de agua (heleobia), los cuales fueron encontrados en el área del proyecto.
Reflejo de la luna. En su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la firma estadounidense sostuvo que el proyecto no afectará las tradiciones ni las actividades culturales de los grupos indígenas cercanos a las obras.
Muestreo de todas las plantas. Las instituciones también solicitaron un catastro completo de las plantas presentes en la zona, el cual debe contar con la ubicación de las especies a través de coordenadas geoespaciales, la cantidad exacta de individuos y su condición de vitalidad.
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.