Hizo bien la Cámara de Diputados al resolver, en abril de este año, constituir una comisión investigadora de “los actos de gobierno y las medidas de prevención, contención y control de hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 11 de marzo de 2026”. La comisión empezó a funcionar en mayo presidida por el diputado Hans Marowski, del PNL, ex oficial de Ejercito. El mandato fue, básicamente, indagar lo hecho por los ministerios de Interior, Defensa y Justicia frente a la violencia perpetrada por diversos grupos en el período indicado. Sus sesiones han recogido diversos testimonios sobre lo ocurrido.
Fui invitado, junto al empresario Carlos Siri y el abogado Jorge Martínez, a la sesión del martes 7 de julio, en la que cada uno tuvo la oportunidad de exponer su punto de vista. En mi caso, se trató de una interpretación del origen de lo ocurrido, que sostengo que no fue social, sino político, y que Ex-Ante publicó in extenso el mismo martes.
La comisión funcionará hasta la primera quincena de agosto y puede contribuir a crear una mayor conciencia respecto de la necesidad de esclarecer el carácter de una experiencia traumática sobre la cual no es posible echar tierra. De una u otra manera, la verdad terminará por abrirse paso.
Es inevitable preguntar, por supuesto, por qué el Congreso no promovió antes una investigación, y la respuesta deja mal parados a los partidos políticos que tenían mayoría en el Senado y en la Cámara hace 7 años. Ya vimos cómo actuaron en aquellos días, dispuestos incluso a crear una especie de segundo Parlamento (la desdichada Convención) para esquivar su responsabilidad de sostener el orden democrático.
Como sea, ha llegado el momento de que el Estado y el conjunto de la sociedad civil se hagan cargo de un asunto sobre el que algunos quisieran dar vuelta la página. Hoy empieza a visualizarse el hilo de la madeja, y conduce más allá de nuestras fronteras.
Sostuve en la comisión investigadora que el golpe principal contra Chile vino desde Venezuela, y que la motivación de los cabecillas de la narcodictadura chavista fue tomarse revancha de la actitud del Presidente Piñera de acudir, en febrero de 2019, a la frontera de Colombia y Venezuela a expresar su solidaridad con el pueblo venezolano, que experimentaba entonces graves necesidades. Esa vez, pidió junto al presidente colombiano de entonces, Iván Duque, que se abriera la frontera para entregar alimentos y medicamentos reunidos por varios países, lo que no ocurrió.
El régimen encabezado por Maduro decidió castigar aquel desafío, y en los meses siguientes preparó el desquite. Ello incluyó soltar a muchos delincuentes de las cárceles venezolanas para que vinieran a Chile, y todos tenemos constancia de cuán notoria ha sido su presencia entre nosotros. Hoy se sabe que el Tren de Aragua, la organización criminal surgida en Venezuela, está operando en nuestro país desde hace mucho tiempo, y que uno de los encargos cumplidos fue el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024. Dicho crimen fue ordenado y pagado por Diosdado Cabello, que hoy ejerce el cargo de “ministro de Interior, Justicia y Paz”, y por cuya captura EE.UU. ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por su participación en operaciones de narcotráfico.
La investigación de la muerte de Ojeda ha empezado a destapar la siniestra ligazón que ha existido entre los jefes del chavismo y los delincuentes venezolanos que actúan en Chile. Haber llegado a usar uniformes falsos de la PDI para cometer aquel asesinato muestra la confianza con que operaban. Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, que investiga el crimen de Ojeda, informó el 3 de julio de sus gestiones para interrogar a Nicolás Maduro en Nueva York, donde se encuentra preso.
Va llegando el momento de que los poderes del Estado se dispongan a encarar una investigación a fondo sobre el origen del 18/O. El relato de que entonces estallaron espontáneamente los deseos de igualdad ya no se sostiene, entre otras cosas, porque los más interesados en la “explicación social” han sido los mayores aliados del chavismo en Chile, aquellos que, cuando empezaron a conocerse los primeros indicios de la responsabilidad del régimen de Caracas en el crimen de Ojeda, rechazaron indignados tal sospecha y rindieron homenajes al embajador venezolano cada vez que pudieron.
¿Podremos llegar a conocer la génesis del 2019? Nadie puede asegurarlo, por supuesto, pero sería indigno que renunciáramos a buscarla. Lo que está en juego es la posibilidad de que Chile saque las lecciones correspondientes de una agresión que contó con colaboradores nacionales, hizo tambalear nuestras instituciones, socavó la seguridad nacional y dejó un balance de devastación y miedo.
La comisión investigadora de la Cámara puede abrir la puerta hacia las verdades que necesitamos conocer. Pero, lo que se requiere ahora es un esfuerzo mayor, una investigación de Estado, en la que necesariamente deberían tener una alta responsabilidad los organismos de inteligencia de las FFAA. No se trata únicamente de individualizar a los responsables directos del asalto al Metro, la quema de iglesias u otros delitos, sino de desentrañar la trama golpista del que fueron parte.
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