Democracia Viva: el fin del caso contra Jackson, Crispi y Martínez (y el juicio que espera a Catalina Pérez)

El 7 de abril de 2025, la Corte Suprema confirmó el desafuero de la hoy exdiputada Catalina Pérez, que espera ir a juicio. Por otra parte, el anuncio de no perseverar contra Jackson, Martínez y Crispi, marcó el virtual fin de la parte que quedaba pendiente de la investigación.

Lo nuevo. La decisión de la Fiscalía Regional de Antofagasta de no perseverar en la investigación en el caso Democracia Viva en contra del exministro Giorgio Jackson, de la exdirectora de presupuestos Javiera Martínez y del ex subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) y ex jefe de asesores del segundo piso Miguel Crispi, anticipó el fin de la parte pendiente de la arista madre del caso Convenios.

• En un escrito presentado el 7 de julio ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar informó que “se ha cerrado esta investigación y (vengo) en solicitar se fije audiencia en fecha próxima, a objeto de comunicar la decisión de no perseverar, por no haber reunido antecedentes suficientes para formalizar la investigación respecto de los imputados Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago”.
• En esa audiencia, fijada para el 21 de agosto, se anticipa terminará la indagación faltante por los tres convenios suscritos en 2022 entre la secretaría regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática (RD) —hoy incorporado en el FA—, para realizar proyectos para campamentos, por un total de $426 millones.
• La investigación ya estaba cerrada, y esperando a ir a juicio, respecto de los implicados directos.
• Estos eran el exseremi Carlos Contreras y el expresidente de la fundación Democracia Viva Daniel Andrade, que respectivamente fueron jefe de gabinete y pareja de la entonces diputada Catalina Pérez. Todos, además, fueron militantes de RD.
• Para Pérez (cuyo desafuero fue confirmado por la Corte Suprema el 7 de abril de 2025 y también espera el juicio) la fiscalía pidió 10 años de cárcel, al igual que para Andrade. Entre ambos había chats directos sobre el encubrimiento del escándalo que iba a estallar en junio de 2023, al conocerse el convenio firmado con una fundación sin experiencia en campamentos y sin licitación de por medio.
• En el caso del exseremi, la fiscalía pidió 35 años, por participar además de otros convenios.
• Sobre los tres imputados contra los cuales la fiscalía resolvió no perseverar, Jackson declaró en 2024, oportunidad en que aseguró no haber participado del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG), que es el organismo encargado del control de la gestión de los recursos públicos y afirmó sólo haberse enterado del caso Democracia Viva luego de que estalló en 2023.
• En el caso de Crispi, negó haber dado instrucciones para realizar los traspasos a la fundación cuando era Subdere y en el de Martínez, sólo reconoció haber sido pareja de Daniel Andrade, entre 2019 y 2020.
• El caso Democracia Viva es conocido como la madre del Caso Convenios porque a éste siguieron otras indagaciones a fundaciones como ProCultura, Kimün y otras más.

Crispi. A diferencia de contra Pérez, conocedores de la causa plantearon que contra Jackson, Crispi y Martínez no había chats comprometedores que dieran pie a una formalización.

• Crispi, en un comunicado difundido este martes, dijo que hubo “una operación política. Se originó en una ampliación de querella presentada por dos diputados del Partido Republicano, destinada a vincularnos con procesos de investigación sobre eventuales hechos de corrupción”.