¿Por qué la invariabilidad tributaria puede ser parte de una política social? Por Jorge Schaulsohn

La idea matriz del proyecto apunta en la dirección correcta; recuperar la inversión nacional y extranjera, algo que no será fácil en un mundo cada vez más hostil, con aranceles que anuncian una nueva era de proteccionismo. Si ese objetivo se cumple, algo que aún está por verse, los beneficiarios no serán solamente quienes inviertan su capital, sino todos los chilenos.

Invariabilidad tributaria. Tras una tortuosa tramitación y un debate apasionado, repleto de descalificaciones personales, cuestionamientos éticos, imputaciones de conflictos de interés y de enriquecimiento personal, se aprobó la  mega-reforma económica del gobierno.

• Para la oposición, se trata de una política destinada a traspasar recursos del Estado al sector privado, lo que constituiría un atentado contra los derechos sociales. Sus disposiciones más controvertidas son las que establecen la invariabilidad tributaria por períodos que llegan hasta los veinticinco años: algo que consideran inconstitucional.
• Olvidan que la invariabilidad tributaria no es un invento de Kast, ni menos una excentricidad neoliberal. Chile la utiliza desde 1977; fue ampliada para inversiones superiores a cincuenta millones de dólares y se mantuvo vigente durante la democracia.
• Aylwin llegó al poder con el DL 600 y no lo derogó; tampoco lo hicieron Frei, Lagos ni Bachelet. Por el contrario, se aprobó la Ley 19.207, de 1993, que modificó el régimen de invariabilidad vigente para permitir que quienes tenían contratos anteriores pudieran acogerse a una nueva invariabilidad con una carga tributaria del 42%.
• Ese mismo año se dictó el DFL 523, que refundió todo el Estatuto de la Inversión Extranjera. La historia institucional de Chile demuestra que la invariabilidad tributaria ha sido una política de Estado y no una bandera de la derecha reaccionaria.

Un instrumento legítimo. En consecuencia, resulta difícil sostener que un instrumento considerado legítimo durante casi cuarenta años se transforme, súbitamente, en una “amenaza para la democracia”. Podemos debatir si es oportuno, si se justifica o si resulta indispensable reponerlo dadas las condiciones del Chile actual. Lo que no parece razonable es cuestionar su constitucionalidad.

• El sistema terminó en 2015 mediante la Ley 20.848, dictada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que puso fin al DL 600 para nuevos contratos. Lo que demuestra que un gobierno siempre podrá modificar o sustituir un régimen de invariabilidad tributaria.
• Se cae, en consecuencia, por su propio peso el argumento esgrimido ante el Tribunal Constitucional en el sentido de que se estaría cercenando por décadas la potestad legislativa. Y menos aún tratándose de parlamentarios, quienes, por disposición expresa de la Constitución, carecen de iniciativa legislativa en materia tributaria.
• De modo que, el Poder Ejecutivo conserva intacta su capacidad para modificar los impuestos aplicables al resto de las empresas y de los contribuyentes. No existe, por tanto, el supuesto “candado tributario” que denuncian sus detractores como un atentado contra el principio de alternancia en el poder.

Derechos sociales y discursos. También se cuestiona el proyecto por “clasista”, pues favorecería al uno por ciento más rico y pondría en riesgo los derechos sociales. Es un enfoque que marca un cambio radical respecto de la visión que encarnó la Concertación, cuya gran obra fue precisamente construir un Estado de bienestar que antes no existía y que fue posible gracias al crecimiento sostenido de la economía, que, hasta 2015, convivió perfectamente con la invariabilidad tributaria.

• Entonces, la invariabilidad tributaria se entendía no solo como un instrumento de política económica, sino también de política social. No porque distribuyera directamente ingresos o financiara prestaciones públicas, sino porque creaba las condiciones para que existieran los recursos que hacían posible sostenerlas.
• La expansión de las pensiones solidarias, el fortalecimiento del sistema público de salud, la gratuidad universitaria, el Seguro de Cesantía, Chile Crece Contigo, los subsidios habitacionales y una larga lista de programas sociales fueron posibles porque el país multiplicó su riqueza y, con ello, sus ingresos fiscales.
• Los derechos sociales no se financian con discursos. Tampoco con buenas intenciones, sino con una economía que crece, empresas que invierten, trabajadores que encuentran empleo y un Estado que recauda más porque existe más actividad económica.
• Tras años de estancamiento, cuyas causas son en parte estructurales, la caja fiscal simplemente no está en condiciones de garantizar la sostenibilidad de los derechos sociales. De modo que el verdadero peligro no es la reforma, sino seguir haciendo más de lo mismo.
• Cuando el país crecía, el gasto social podía expandirse sin poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. El aumento de la recaudación provenía, en buena medida, del propio dinamismo de la economía. Había más inversión, más productividad, mejores salarios y mayor consumo.

La idea matriz del proyecto. El problema comenzó cuando el crecimiento dejó de ser una prioridad. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se impulsó una reforma tributaria en sentido inverso: se optó por aumentar significativamente los impuestos bajo la convicción de que esa era una política progresista de redistribución del ingreso. Las metas de recaudación no se cumplieron y el crecimiento terminó estancándose.

• No hay que olvidar que, al inicio del gobierno de Gabriel Boric, incluso se habló de la necesidad de un período de “decrecimiento” como condición para lograr una mejor distribución del ingreso. Que hubo fuga de capitales, a raíz de la incertidumbre generada por el estallido social y la convención constitucional. Que la confianza en Chile se vio afectada.
• Por supuesto, es legítimo tener una visión crítica de la reforma, pensar que la invariabilidad tributaria es una pésima idea y desconfiar, por razones ideológicas, del compromiso del actual gobierno con el fortalecimiento del Estado de bienestar.
• Sin embargo, la idea matriz del proyecto apunta en la dirección correcta; recuperar la inversión nacional y extranjera, algo que no será fácil en un mundo cada vez más hostil, con aranceles que anuncian una nueva era de proteccionismo. Si ese objetivo se cumple, algo que aún está por verse, los beneficiarios no serán solamente quienes inviertan su capital, sino todos los chilenos.

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