Convención: Comisión de Ética aprueba sancionar conductas “negacionistas” en torno al 18-O y genera fuerte controversia

Convencional del PS coincidió con planteamientos de Chile Vamos en torno a que “restringir la libertad de expresión requiere un estándar mayor, basado en una verdad histórica construida en un proceso general de la comunidad y la verdad histórica ocurrida en el estallido aún está en construcción, sin negar que hubo violaciones a los DDHH”. El tema generó un duro debate en la comisión de Ética.

Qué observar: El debate se dio en la comisión de Ética, instancia que aprobó sancionar las posturas que nieguen las violaciones a los DD.HH y definió lo que se entenderá como “negacionismo”.

• “Se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión, que justifique, niegue o minimice, así como apruebe, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Así también, se entenderá como negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile”, dice el texto aprobado.
• La definición generó incomodidad en un sector de la derecha por las fechas en que se circunscribieron  las violaciones a los derechos humanos, pero, sobre todo, por la inclusión del estallido social, lo que, a su juicio, puede generar una censura a las posiciones que denuncien por ejemplo los actos de saqueos que ocurrieron en ese contexto.

Estallido social: El interior de la comisión no hubo acuerdo con haber incluido el estallido social en el debate en torno al “negacionismo”.

• El convencional del PS, Maximiliano Hurtado propuso una definición que solo restringía estos hechos a los ocurridos en la dictadura, argumentando “que restringir la libertad de expresión requiere un estándar mayor, basado en una verdad histórica construida en un proceso general de la comunidad. La verdad histórica ocurrida en el estallido aún está en construcción, sin negar que hubo violaciones a los DD.HH.”
• El convencional de RN, Luciano Silva explicó que con la inclusión del estallido “se corre el riesgo de cancelar la discusión respecto a un tema que está en pleno estudio. El estallido social de octubre es un tema que está en estudio y no hay acuerdo completo. Si bien hay violaciones a los DD.HH. también hubo espacio para vandalismo y saqueos. Entonces censurar a una organización que venga a exponer esto, antes de que puedan hablar me parece que es un error. Esto va encaminado a sancionar el derecho que tiene las personas a emitir su opinión.”
• El martes se había producido una duerte controversia en la comisión de DDHH cuando La Federación Nacional de Abogados, invitada por Acción Republicana, expuso en la instancia señalando que el estallido social “propició el auge de delincuentes, narcotraficantes y anarquistas que tomaron control de las zonas urbanas”.
• La abogada Magdalena Mondaca, no alcanzó a terminar su intervención, cuando la presidenta de la comisión, Manuela Royo, la interrumpió a través de una “moción de orden”. “El día de ayer hablamos respecto a los respetos a los derechos humanos. Usted se está refiriendo a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que están ejerciendo su derecho a manifestarse, como delincuentes, por lo tanto le voy a pedir un punto en la sala y que se mesure en sus palabras”, sostuvo Royo.
• Desde Acción Republicana acusaron “censura” por parte de la presidenta de la instancia.
• “Yo no estoy a favor de sancionar el negacionismo, por los riesgos que implica para la libertad de expresión. La redacción de esta definición y la negativa a ampliar los períodos de tiempo establecidos son una muestra más del ánimo que tiene cierto sector por cancelar al que piensa distinto y de pasar por encima de la libertad de expresión, que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”, sostuvo, Katerine Montealegre.
• La definición aprobada es de Marcos Barraza, el articulador del PC en la Convención. Como todas las normas de las comisiones todavía tiene que aprobarse en el pleno.

Caso Arancibia: Esta semana, sectores de izquierda pusieron freno a una arremetida para evitar la participación de algunas organizaciones (como la Fundación Jaime Guzmán) y de Jorge Arancibia en audiencias de la comisión de Derechos Humanos. Los críticos argumentaban que Arancibia había formado parte del régimen militar, pese a que llegó a la constituyente electo de manera democrática.

• La presión de los convencionales, la posibilidad de judicializar el conflicto y el riesgo de profundizar el daño a la imagen de la Convención influyeron en poner freno de mano a la decisión.
• Al interior de la Convención hay preocupación de que este tipo de debates hagan caer la valoración ciudadana respecto al trabajo que se está realizando.